Chile

Las cenizas del olvido: la impunidad para los Pinochet y sus cómplices

Los gobiernos de la Concertación y su apéndice piñerista tenían un solo objetivo durante el período de la llamada transición a la democracia: no tocar, ni con el pétalo de una rosa al tirano, Augusto Pinochet y a su familia; esta es la razón por la cual siempre consideraré a la Concertación como cómplices del dictador y traidores al legado del Presidente Salvador Allende.

En un comienzo, durante el gobierno de Patricio Aylwin, esta complacencia con el general en jefe del Ejército se explicaba por el temor a un nuevo golpe de Estado y a la debilidad de la democracia naciente, luego de un oscuro largo período. “La justicia en la medida de lo posible” – según Aylwin – sólo podía llegar a actores secundarios del genocidio, y el mismo Pinochet amenazaba  que si se tocaba a uno de sus hombres, vendría un nuevo golpe de Estado.

En el mejor de los casos, la justicia   sólo podía tocar al ex jefe de la  DINA – brutal organismo de represión – Manuel Contreras, y ¡vaya que costó enviarlo a su hotel de lujo como cárcel! La cárcel Punta Peuco fue construida contra la voluntad del entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos Escobar, y bajo presión de la bota militar. En definitiva, los sucesivos gobiernos de la Concertación cumplieron el objetivo de jamás tocar a Augusto Pinochet.

Cuando su hijo mayor, Augusto Pinochet Hiriart, estuvo implicado en los “pinocheques”, el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle pidió al Concejo de Defensa del Estado desistir de la querella “por razones de Estado”, es decir, no tocar a ningún miembro de la familia del dictador.

En la querella presentada por algunos diputados del bloque de gobierno, el Presidente de la República, Frei Ruiz-Tagle, y sus ministros, hicieron lo imposible para que no fuera acogida por el Parlamento, lo que, en realidad, sucedió. Si no se le hubiera ocurrido a Pinochet viajar a Londres y al juez Baltazar Garzón  actuar ante la justicia británica,  Pinochet hubiera seguido impune, bajo la figura de senador vitalicio, y no hubiera estado detenido en Inglaterra durante dos años.

Tanto el Presidente como también el ministro José Miguel Insulza realizaron todo tipo de presiones, nacionales e internacionales, alegando la falacia de que Pinochet sería juzgado en Chile. O el tirano era un gran actor y desempeñó muy bien papel de demente senil, o el ministro del Interior británico, Jack Straw, era muy descuidado, o bien las presiones de la Concertación eran demasiado convincentes. El caso es que Augusto Pinochet regresó a Chile en gloría y majestad, no como un demente moribundo, sino lleno de vida y burlándose de las autoridades de gobierno.

La “ley patriótica”, firmada por el Presidente George W. Bush, que tenía como propósito el dificultar las malas maniobras económicas, perpetradas por narco-terroristas, sirvió para descubrir las 250 cuentes corrientes que tenía Pinochet, bajo diferentes nombres, en el Banco Riggs, por un abultado monto de millones de dólares. Nuevamente, en el caso del Banco Riggs, una acción del extranjero vino a derrumbar la impunidad de la cual gozaba Pinochet, su familia y sus secuaces.

En resumen, que el dictador matara a comunistas estaba bien, y era vencido por Dios, como salvador de la patria, pero que robara sin escrúpulos era ya demasiado: le perdonaban ser asesino, pero no ladrón.

Jueces probos y valientes, como Carlos Cerda y Juan Guzmán Tapia, el primero a cargo del caso Riggs y, el segundo, de crímenes de lesa humanidad, especialmente el de “la caravana de la muerte”. Cerda se atrevió a procesar a varios miembros de la familia Pinochet y a estrechos colaboradores de la casa militar. Guzmán interrogó a Pinochet en su casa. Carlos Cerda la pagó caro, pues sus colegas intentaron destituirlo, pero en todo caso, otro juez tomó la causa y dictó sentencia contra seis militares, dejando fuera a la familia Pinochet.

La justicia antigua era lenta y, con buenos abogados y mucho dinero de por medio, podía aspirar a prolongar la causa hasta que llegara la prescripción. En el caso de los delitos económicos, cinco años desde que se cometió el delito. Sobre la base de recursos sucesivos lograron que la causa se alargara hasta la muerte de Pinochet, quedando sobreseído a los días de su deceso – si existe Satanás, se encargaría de él -.

Los seis millones de dólares que la justicia logró rescatar estaban bajo la custodia del Estado. Si bien, la familia podía hacer uso de esos bienes – como acaba de ocurrir con el auto de Augusto Pinochet Jr. – pero no venderlos.

Recientemente, la Corte de Apelaciones en fallo unánime declaró la prescripción  de la  causa, lo que no significa que los delitos no hayan existido, como lo expresa claramente el fallo, sin embargo, de fracasar las gestiones de la abogada Carmen Hertz  ante la Corte Suprema, los familiares de Pinochet y sus amigos podrán disponer libremente de estos cuantiosos bienes que pertenecen al Estado, es decir, hacer uso y abuso de ellos.

Otra de las aristas judiciales que conciernen a la familia Pinochet, como el caso CEMA-Chile, merece una columna independiente.

Rafael Luis Gumucio Rivas, El Viejo (Chile)