La concertación y las muertess de mapuches

Los chilenos y la comunidad de pueblos originarios de América Latina, se encuentran conmovidos ante los últimos acontecimientos en la región de la Araucania (Sur de Chile) y que se han caracterizado por una fuerte represión desatada contra personas de los pueblos mapuches chilenos, en una operación llamada “huracán”, que “refleja el estado policial” existente en esta parte de la geografía del país latinoamericano, todo ocurrido además en el marco de la “ley antiterrorista” heredada de la dictadura y que sigue plenamente vigente, a pesar de los diversos llamados de atención de las Naciones Unidas, de las organizaciones de derechos humanos e internacionales de juristas.

Al momento de escribir esta nota ya son nueve los reclusos mapuches de diferentes penales del sur del país, que han resuelto sumarse a la huelga de hambre de los cuatro comuneros imputados por el denominado caso iglesias, Alfredo Tracal y los hermanos Pablo, Benito y Ariel Trangol, los cuales han permanecido por más de un año y medio en prisión preventiva, sin que los tribunales se hayan hecho cargo de la situación.

Las personas detenidas recientemente en la llamada “operación huracán”, pertenecientes a las comunidades mapuches son: Héctor llaitul, Ernesto Llaitul, Martín Damián Curiche Curiqueo, Fidel Tranamil Nahuel, David Eduardo Cid Aedo y Claudio Leiva Rivera. Todas las detenciones se han producido por orden de la jueza Mónica Arancibia, la cual ha determinado que los detenidos quedan bajo arresto preventivo, al igual que los comuneros mapuches en huelga de hambre y que llevan más de un años y medio sin que se les aplique el debido proceso.
En este sentido cabe destacar que las detenciones producidas con miembros de las comunidades mapuches y que hayan sido puestos a disposición de la “justicia”, aún no han sido procesados y fallados por los respectivos tribunales. En estos momentos hay solo un juicio en curso, que es el llamado caso Luchsinger Mackay, pero en donde los tribunales aún no han tomado una resolución al respecto. Un informe emanado de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), señala “van 64 mapuches investigados, encarcelados y que luego han sido absueltos por la justicia, es decir, son declarados inocentes, de allí que las detenciones arbitrarias con prisión preventiva, no es otra cosa que un largo castigo que se prolonga en el tiempo sin que los tribunales intervengan al respecto, expresa el informe..

La huelga de hambre y las detenciones de comuneros mapuche acaecidas recientemente, mantiene la región con una fuerte tensión, ante las movilizaciones que se están desplegando por diversos grupos de protesta que solidarizan con la causa de los pueblos originarios chilenos, tanto fuera como dentro del país.

En este sentido cabe destacar que la memoria suele ser muy frágil y que bajo los gobierno de la Concertación encabezado por Ricardo Lagos Escobar (PPD-PS), no existió la voluntad política para avanzar en la solución de las demandas ancestrales de los pueblos originarios y que la única respuesta fueron los asesinatos de José Huenante Huenante, Zenón Díaz Necul, Julio Huentecura Llancaleo, Juan Collihuin Catrín, la mujer mapuche Agustina Huenupe, Mauricio Huenupe y Alex Lemún.

Otro tanto sucedió bajo el gobierno de la Concertación presidido por Michelle Bachelet Jeria (PS), en donde fueron asesinados por la policía militarizada chilena, Jorge Suárez Huenupan, Johnny Cariqueo Yañez y Matías Catrileo. Gobiernos sobre los cuales recae una gran responsabilidad en el exterminio de personas procedentes de los pueblos originarios chilenos. Recordándonos además que en Chile hay alrededor de 20 presos políticos, procedentes de las comunidades mapuches.

La gran paradoja en este sentido, es que una vez finalizado el segundo mandato de Michelle Bachelet y en su calidad de ex presidenta, haya sido invitada por la ONU a participar de una “comisión de notable”, para intermediar en la “solución de conflictos”, conflictos que en su propio país la mandataria ha sido incapaz de resolver.

Los incidentes acaecidos con personas del pueblo mapuche, a través de la historia se han producido luego de una serie de acciones reivindicativas promovidas por los pueblos originarios de la región de la Araucania y que está relacionada con sus luchas ancestrales de devolución de las tierras que le fueron arrebatadas por la ocupación de la parasitaria corona española primero, y luego por la naciente oligarquía económica y financiera chilena, los que a través de los siglos han saqueado las tierras del pueblo mapuche.

Los connotados ladrones de tierras, transformados en latifundistas, hacendados o empresarios agrícolas y de camioneros, los cuales en su mayor parte proceden del 10% más rico del país. Cuya militancia política o cercanía se encuentra en las filas del pinochetismo representado por Chile Vamos (UDI-RN-PRI), el sector más pudiente de la Democracia Cristiana y la Iglesia Católica chilena, que también mantiene bajo su poder tierras usurpadas y que antiguamente fueron de propiedad de los pueblos originarios chilenos, son los que suelen estar detrás de la cacería de las comunidades mapuches.
Hasta ahora el Estado chileno, y los cogobierno de la Concertación con el pinochetismo (Chile Vamos), con respecto a las demandas ancestrales de los pueblos originarios chilenos, parecieran tener establecido una política de exterminio, más que la solución real de sus demandas. En este plano, el estado chileno y los gobiernos de la Concertación, junto a los partidos de derecha (UDI-RN-PRI) hicieron tabla rasa de las resoluciones de las Naciones Unidas, con respecto a la situación de los pueblos originarios y sus conculcados derechos históricos y humanos.

Cabe destacar además que el responsable de la implementación de la denominada “Operación Huracán” acaecida en estos días, al más puro estilo pinochetista, es el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, que junto con Gustavo Villalobo (ANI), son los encargado directos de la represión. También participan de estas operaciones el encargado de inteligencia de la policía militarizada chilena (Carabineros), Gonzalo Blu, el que fue incapaz de haber detectado el desfalco económico en 25 mil millones de pesos, al interior de su propia institución, en donde más de cien efectivos de la policía le robaban al Estado chileno impunemente. Ahora el responsable de los operativos policiales, altamente cuestionable en su proceder, es el general Christian Franzoni, que además ha contado con el apoyo de “personal civil” de dudosa procedencia, y que recuerda los operativos de la muerte de la dictadura de Pinochet.

Finalmente algunos opinologos chilenos, han manifestado que los últimos acontecimientos ocurridos en la región de la Araucania, tendría ribetes políticos a propósito de las próximas elecciones presidenciales (noviembre) y con finalidades electorales a favor del candidato del pinochetismo (Chile Vamos), los cuales con el apoyo de su medios de prensa, estarían detrás de la satanización de los comuneros mapuches y las demandas ancestrales de los pueblo originarios chilenos.


Eduardo Andrade Bone
Comunicador Social AIP