Dos realidades conviven desde la activación paralela de la independencia y el artículo 155

Tensión y desconcierto sobre el futuro catalán

Flor Ragucci    29.Oct.2017    Europa

El Gobierno de Cataluña escribió la fecha del 27 de octubre del 2017 en los libros de Historia con su declaración unilateral de independencia, pero el Ejecutivo del Partido Popular (PP) se apresuró a borrarla con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobada por el Senado una hora más tarde. Según establecen las medidas para hacer efectiva la norma –propuestas por el grupo de Rajoy y el apoyo de los socialistas (PSOE) y Ciudadanos– el presidente del Govern, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y sus consellers (los “ministros” de la Generalitat) son destituidos, a la vez que se disuelve el Parlamento catalán y se convoca a elecciones regionales para el 21 de diciembre.

Carles Puigdemont no reconoce la suspensión de su gobierno ordenada por Mariano Rajoy, mientras las primeras destituciones se producen y los altos mandos de la Generalitat pasan a estar en Madrid. ¿Qué hará el Ejecutivo catalán?

La Historia nunca cesa y, aunque se podría pensar que este viernes en Cataluña se culminó el arduo proceso que empezó en ¿1714? ¿2010? ¿2015? ¿el pasado 6 de septiembre? ¿dos siglos antes de Cristo?, es nada más –ni nada menos– que un nuevo tramo del recorrido el que a partir de la declaración de independencia de Carles Puigdemont y la inminente intervención de su gobierno por Mariano Rajoy emprenden la sociedad española y catalana. Un nuevo episodio en el largo, eterno, conflicto entre un Estado conservador y las diversas naciones que aglutinó para construirse.

El Gobierno de Cataluña escribió la fecha del 27 de octubre del 2017 en los libros de Historia con su declaración unilateral de independencia, pero el Ejecutivo del Partido Popular (PP) se apresuró a borrarla con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobada por el Senado una hora más tarde. Según establecen las medidas para hacer efectiva la norma –propuestas por el grupo de Rajoy y el apoyo de los socialistas (PSOE) y Ciudadanos– el presidente del Govern, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y sus consellers (los “ministros” de la Generalitat) son destituidos, a la vez que se disuelve el Parlamento catalán y se convoca a elecciones regionales para el 21 de diciembre.

La Historia no cesa y, dentro de la Gran Historia, la “micro historia” que protagonizan el Gobierno central y el de Puigdemont desde que el 6 y 7 de septiembre se aprobaran en la Cámara catalana la ley que impulsó el referéndum del 1 de octubre y la de transitoriedad que pautaba el nuevo marco legal para la república que se iniciaría supuestamente tras las votaciones, continúa su guión de amenazas, desacatos y portazos. Este sábado, en su primera comparecencia luego del Consejo de ministros que dictaminó la suspensión de todo su Govern, Carles Puigdemont anunció que no reconoce la aplicación del 155 “porque las medidas de Mariano Rajoy son contrarias a la voluntad expresada por los catalanes en las urnas” y advirtió que “solo los parlamentos ponen y cesan gobiernos”.

“La mejor manera de reaccionar es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155. Hemos de hacerlo perserverando en la represión y las amenazas, con una conducta cívica y pacífica. Nosotros no queremos la razón de la fuerza”, aseveró el ya depuesto president, haciendo hincapié en el civismo que siempre realza como virtud de los catalanes. Su equipo lo secunda en la desobediencia pero, de momento, de manera más cauta, preparando los próximos pasos a seguir. La cúpula del Gobierno regional se niega a ceder sus cargos al Ejecutivo de Rajoy y anima a sus trabajadores a acudir a sus puestos con aparente normalidad pero, lo cierto, es que ya las primeras destituciones se están produciendo y el jefe de la policía catalana, Josep Luís Trapero, fue cesado este sábado para ser reemplazado por el comisario Ferran López, tras la decisión tomada desde Madrid por el ministerio del Interior.

El gobierno de Puigdemont grita “desacato”, el Ejecutivo de Rajoy grita más fuerte “cumplimiento de la ley”. A menos de 24 horas de la declaración unilateral de independencia que el Parlamento catalán aprobó gracias a su mayoría independentista –pero sin la participación de 52 diputados de la oposición– en la Moncloa se reparten los altos mandos de la Generalitat. El artículo 155 de la Constitución, por primera vez en la democracia española, se pone en marcha para intervenir el autogobierno de una de sus 17 comunidades autónomas y “restituir la nomalidad, la legalidad y la convivencia”, según repite en cada uno de sus discursos el presidente Mariano Rajoy.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría asumirá todas las competencias de Carles Puigdemont tras su destitución, así como parte de las funciones del cesado vicepresidente Oriol Junqueras, después de que Mariano Rajoy le delegara no solo el rol que le compete como segunda de Gobierno sino todas las funciones que, en teoría, le correspondían al Primer mandatario, “para facilitar el día a día”, tal como lo expresa el dictamen publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes. Conclusión: Sáenz de Santamaría es quien se encargará de ejecutar el gobierno de la Generalitat en lugar de Mariano Rajoy, convirtiéndose en la principal coordinadora de la intervención de la región al amparo del artículo 155 de la Carta Magna.

Como el traspaso de carteras no puede ser exacto, dado que las consejerías de ninguna región son clones de los ministerios del Gobierno central, las competencias de la vicepresidencia económica que ostentaba Oriol Junqueras, se las dividirán Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, y Luis de Guindos, ministro de Economía. El texto del BOE desgrana paso a paso la repartición de los diferentes departamentos que componen la Generalitat –compleja institución de autogobierno creada en 1365– mientras recalca que todos esos encajes se realizan “para garantizar el funcionamiento de la comunidad catalana, con sujeción a los principios de prudencia y proporcionalidad y con pleno respeto a la Autonomía de Cataluña”.

Carles Puigdemont es ya “ex” presidente de la Generalitat, aunque insista en no reconocerlo y su región, en lugar de iniciar el proceso constituyente de la República catalana que se aprobó este viernes en el parlamento local, vaya a unas urnas impuestas por el Gobierno español el próximo 21 de diciembre. ¿Podría haberse evitado este desenlace? No son pocos los que le advertían que sí al líder independentista, que el camino para evitar la suspensión del autogobierno estaba en un anticipo de elecciones dictado por el propio ejecutivo catalán, antes de que “se lo dictaran” desde Madrid. El primer secretario del Partido Socialista Catalán (PSC) fue uno de los principales promotores de esta vía y hasta el último momento presionó a Puigdemont para un llamado a comicios que frenara la aplicación del 155. También Podemos terminó defendiendo como “mal menor” el adelanto de elecciones “porque cualquier cosa que haga Puigdemont que sea distinto a declarar unilateralmente la independencia será mejor que declarar la independencia”, según manifestaba su secretario de Organización, Pablo Echenique, horas antes del pleno que concluyó con la secesión de Cataluña.

Frente al Partido Socialista o el PP, que no consideran legítimo el referéndum del 1 de octubre por no estar contemplada este tipo de consulta dentro de la Constitución española y que, por tanto, no ven ningún mandato popular que avale la independencia; el bloque secesionista gobernante en Cataluña- Junts pel Sí- y el partido anticapitalista CUP defienden a capa y espada que los dos millones de personas que votaron pese a la represión violenta del Estado son más que suficientes para legitimar su declaración unilateral de separación de España.

La Historia no cesa. Tampoco dentro de los tribunales. El obstinado choque de cuernos entre el gobierno central y el catalán que desde principios de septiembre vive su fase más extrema llevó a que todo lo que no pudo resolverse por la vía política, se intentara destrabar por lo penal. Más de medio centenar de procesos judiciales abiertos en Cataluña es el balance hasta el día de hoy. Los más graves: la admisión a trámite del Tribunal Constitucional del recurso presentado por los socialistas catalanes contra la declaración unilateral de independencia (DUI), la querella por rebelión que mañana presentará la Fiscalía contra Puigdemont, su gobierno y la mesa del Parlament y dos instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que también podrían enviarse al Supremo para reforzar la causa por supuesta rebelión, un delito condenado con hasta 30 años de prisión.

La Historia no cesa, por supuesto, en las calles. Los ciudadanos de Cataluña viven desde hace casi dos meses a bordo de una montaña rusa que nadie sabe cuándo ni cómo se detendrá. Ilusionados, unos; atemorizados, otros; furiosos, muchos; descreídos, unos cuantos; hartos, cada vez muchos más. A la espera de un final feliz que los diversos sectores- independentistas, soberanistas pero no separatistas, españolistas- entienden y defienden de modos diferentes, pero con un denominador común: el cansancio.

Desde BarcelonaFlor Ragucci