Indicios y elementos: la oligarquía colombiana detrás del plan de magnicidio

No es descabellado pensar que el gobierno de Colombia está involucrado en la operación que tenía por objetivo asesinar al presidente Nicolás Maduro (y el alto mando militar) vía drones y explosivos. Los políticos más decisivos del vecino país han declarado en varias oportunidades que les gustaría ver derrocado al chavismo del poder.

En Colombia, los agentes mercenarios de la oligarquía se han especializado en asesinar a dirigentes políticos y sociales de distintos calibres en los últimos 70 años. Desde Jorge Eliécer Gaitán hasta personas que estuvieron involucradas en la última campaña presidencial de Gustavo Petro, los atentados son una constante según reporta la Defensoría del Pueblo del vecino país: más de 300 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han muerte de la mano del paramilitarismo, el sicariato político y la violencia armada oficial.

Aquella misma estrategia parece tener un carácter de exportación, si tomamos en cuenta a los más representativos del establishment colombiano declarando sobre Venezuela, donde recientemente hubo un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.

El primer mandatario nacional acusó directamente a Juan Manuel Santos, de salida en su papel presidencial pero aún parte de la oligarquía mediática a través de su pudiente familia, del frustrado asesinato, y existe material de consulta abierta que distingue esa posibilidad como cierta.
Motivos para una sospecha

La última declaración de Santos sobre Venezuela esclarece el objetivo principal de la política exterior colombiana: “Veo cerca la caída del ‘régimen’ de Maduro”, e insistió en que “ojalá mañana” mismo terminara el gobierno de Maduro, frente a lo cual “Colombia estaría más que dispuesta y lista a ayudar en todas las formas posibles”. Esto lo dijo el 30 de julio pasado, una semana antes del vuelo de los drones.

El gobierno colombiano se ha implicado de lleno en la desestabilización económica, financiera y hasta social de su vecino, llegando incluso a comprometerse con Estados Unidos para bloquear alimentos y medicinas importadas de antemano por el Gobierno Bolivariano. Asesinar a Nicolás Maduro hubiera sido la guinda del pastel.

Hay que tomar en cuenta que Colombia, mientras Santos estuvo en la Casa de Nariño, no designó embajador alguno a Caracas luego de las turbulencias diplomáticas en 2016 entre ambos países, por lo que ha subido el tono confrontacional en los últimos tiempos.

Otro comprometido con la destrucción de Venezuela es Álvaro Uribe Vélez, quien el mismo día del atentado explicaba a empresarios estadounidenses por qué invadir el país para derrocar al gobierno de Maduro, con el Pentágono de protagonista vital en la operación.

No es reciente su amenaza, pues Uribe ya había llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a deponer al Presidente en enero de este año, así como lo hizo recientemente el domingo, el día después de la fracasada misión de acabar con la vida del jefe de Estado venezolano.

Así, los actores más resaltantes de la política colombiana llaman constantemente a un golpe de Estado bajo distintas vías, y contemplando variados recursos.

El mismo presidente electo Iván Duque, protegido de Uribe Vélez, prometió asimismo hacer los esfuerzos por sacar a Maduro de Miraflores.

Es precisamente el ala más vinculada al establishment estadounidense el que ubica su discurso en el lado beligerante contra Venezuela, y ello no debería ser un factor de sorpresa.
El papel de Estados Unidos

Resalta entonces el mandato por parte de poderes nodales en los Estados Unidos a los actores relevantes de la oligarquía colombiana para promover un conflicto a gran escala con Venezuela. Está documentado y analizado previamente en esta tribuna. Pero lo más importante a resaltar en estos momentos son las declaraciones y descubrimientos que han tenido a Bogotá como protagonista estelar en los planes de intervención contra el país.

Quien hasta hace unos meses era el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Mike Pompeo, ahora secretario de Estado de Donald Trump, había reconocido que trabajaba coordinadamente con las administraciones de México y Colombia para derrocar al Gobierno Bolivariano.

Las diferentes tácticas se mezclan con lo económico-financiero, golpes mediáticos, decisiones militares en la frontera, entre otros movimientos usuales de los manuales de la CIA, ya conocidos de la guerra sucia contra otros países de la región durante el siglo XX.

La ventaja que tiene Estados Unidos en Colombia son la infraestructura militar enquistada territorialmente en nueve bases millitares y la influencia que tiene sobre el sistema económico colombiano. Todos los recursos de guerra contra Venezuela, esta vez específicamente sobre el presidente Maduro, son delegaciones si tienen acento colombiano.

De hecho, el medio radicado en Nueva York, Bloomberg, confirmó que Estados Unidos y Colombia coordinaban una operación militar a lo interno de la FANB para derrocar al presidente Maduro, llamada “Operación Constitución”. Ésta no se dio porque “algo falló”, según el reportaje.

Se expone a Bogotá como el centro de la fracasada conspiración, donde actualmente reside el autodenominado “Tribunal Supremo de Justicia en el exilio” a la espera de enjuiciar a Maduro.

El mismo presidente venezolano denunció a finales de junio que desde Colombia se venía preparando una operación de bandera falsa para incriminar al Gobierno Bolivariano a supuestos crímenes de lesa humanidad: “Se están montando falsos positivos, desde Bogotá, para perturbar la paz de Venezuela y cuentan con un puñado de traidores; políticos traidores, militares retirados traidores, que no representan el gentilicio venezolano”.

Con declaraciones y pruebas recientes de que la Casa de Nariño planifica una conspiración contra la estabilidad de Venezuela, no sólo a corto sino a mediano y largo plazo, no resulta entonces ilógico que el magnicidio en grado de frustración contra el jefe del Estado venezolano tenga huella colombiana.