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Maurizio Macrì y las mafias de Calabria al Plata

Norma E. Ferreyra :: 09.10.18

La declaración de Macrì contra las mafias y el rol en la mafia calabresa de Antonio Macrì, jefe de la ’Ndrangheta en Siderno, donde el abuelo del presidente hizo fortuna como constructor y concesionario del Correo antes de dedicarse a la política y emigrar.

En el acto del 1º de abril de 2017 prometió luchar contra los “comportamientos mafiosos, que están en los sindicatos, las empresas, la política, la Justicia. No podemos aceptar que nadie se crea el dueño de este país y le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos agregó. Al día siguiente reunió a sus ministros y dijo: “O los mafiosos van presos o nos voltean”.

“Andragathos”, fue el título, de una nota periodística, que en esos días, pasó desapercibida, que explicaba que esa palabra proviene del grecoitaliano usado en Calabria y está constituida por andrós –hombre– y agathòs. Esos términos están ausentes de la lengua y del léxico político argentino. Pero para Rocco Carbone, su autor profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento, ’Ndrangheta es poder. O sea, alguien que concentra prestigio, control del territorio y dinero. Esa organización mafiosa calabresa descansa sobre una estructura familiar. La familia natural (’ndrina) se amplía hacia la familia mafiosa (’ndrangheta), que controla territorios muy definidos, sobre los que actúa como contrapoder de las instituciones democráticas. La ’ndrina es el secreto del éxito de la ’ndrangheta en el plano criminal, como forma de infiltrar la política y las instituciones, prefiere las bambalinas a las luces del escenario. Desprendida de sus orígenes rurales en el siglo XIX, la ’ndrangheta se especializó en la obra pública, edilicia y de infraestructura con intereses, lícitos e ilícitos alrededor de arquitectos, ingenieros y políticos. Ahora integran la ’ndrangheta modernos empresarios con doctorados de universidades privadas, capaces de expresarse y hacer negocios en varias lenguas. Costumbres ancestrales y economía globalizada. Armas y drogas, como otras mafias italianas, pero también licitaciones y financiamientos públicos, inversiones inmobiliarias, operaciones financieras. Nació en Calabria y se proyecta hacia el resto del mundo. Sus miembros ocupan cargos políticos en aquellos países en los que la ’ndrangheta opera. Debido a la estructura familiar, los apellidos permanecen. Piromalli de Gioia Tauro, Tripodo de Sambatello, De Stefano de Reggio Calabria, Nitra de San Luca, ’Ntoni Macrì de Siderno, enumera Carbone. Macrì con acento grave en la ì, como lo escribo desde que conocí la historia familiar del actual presidente argentino.

(O sea, Antonio Macrì, un nombre y apellido conocidos en la política argentina, agrego yo. Otro Antonio Macrì, Tonino para quienes lo conocieron en las actividades culturales y de beneficencia que lo ocupaban, era el hermano de Franco. Antonia Macrì es la hija del presidente).

Siderno queda a 30 kilómetros de Polistena, en los llanos de Gioia Tauro, donde hizo su fortuna con una empresa constructora Giorgio Macrì, el padre de Franco, Pía y Tonino, abuelo de Maurizio y Jorge y también de Angelo Calcaterra, parte de la ‘ndrina y asociado en los negocios familiares. Según Rocco Carbone, el puerto de Gioia Tauro, el mayor de Calabria, fue construido y sigue bajo el control de familias de la ’ndrangheta.

Angela Nocioni escribió en el bisemanario Perfil que Giorgio Macrì era hijo de una familia de terratenientes y además recibió del Estado la concesión del Correo en la región de Roma. En las postrimerías de la segunda guerra mundial fue uno de los fundadores del Partido del Hombre Común, l’uomo qualunque, que expresaba los temores y la insatisfacción de las clases medias con la democracia que sucedería al fascismo. La ideología qualunquista era antipolítica, con desconfianza de lo público, rechazo al pago de impuestos y exaltación del individualismo. Ese partido obtuvo un buen caudal de votos en la primera elección de posguerra, hasta que el Vaticano intercedió ante los Estados Unidos victoriosos, cuyas tropas aún ocupaban Italia, para que la fuerza escogida como contención del comunismo no fuera el qualunquismo sino la democracia cristiana. Giorgio se dirigió a la Argentina en 1946 y tres años después lo siguieron sus hijos. Franco se casó con la rica heredera Alicia Blanco Villegas, que apenas era una adolescente, y en 1959 dieron a luz al primogénito que hoy preside la Argentina. Tonino tuvo a Jorge, el primo inteligente de Maurizio, y Pia a Angelo Calcaterra, el propietario nominal de las empresas familiares hasta el último acto de prestidigitación por el cual quedaron anotadas a nombre de Marcelo Mindlin, quien desde esta semana sucede a Claudio Avruj como presidente del Museo de la Shoah. Con 26.381 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, el Grupo Agropecuario Blanco Villegas integra la cúpula de los mayores terratenientes del país. Los nombres Jorge y Antonio/a, los latifundios agrarios, las empresas constructoras, la concesión del correo, la incursión en política con un partido individualista y antipolítico. Los corsi y ricorsi de Vico, en una misma familia, a caballo de tres siglos y dos continentes.

Transcribo en forma textual el remate del artículo de Rocco Carbone: “Los apellidos de estas familias se ampliaron regionalmente, a través de matrimonios. A nivel nacional e internacional, a través de los múltiples fenómenos migratorios de Calabria hacia el mundo. Una región pródiga para con la ‘inmigración colonizadora’ fue, por ejemplo, el Río de la Plata. Basta volver a los apellidos que soportan los personajes de la literatura social de Boedo. Pero también se encuentran en el mundo de la política local actual. Apellidos y lógicas: maneras de hacer. La designación en el Gobierno de empresarios en áreas especializadas del Estado revela un reclutamiento de funcionarios entre amigos y familiares, vínculos ultracercanos. Estas elecciones están vinculadas a una lógica ‘familiar’. Porque la familia es un bien que hay que cuidar, en Calabria y en la Argentina. ¿Explicará esta lógica la condonación de la deuda (70.000 millones de pesos) del Correo Argentino, administrado por una empresa del grupo Macrì, para con el Estado nacional? ¿Será casualidad que hace unos días en el puerto de Gioia Tauro, construido y controlado por la ‘ndrangheta, hayan desembarcado 55 kilos de cocaína procedentes de la Argentina, por un valor estimado de 11 millones de euros?”.

Rocco Carbone se radicó en la Argentina en 2004. Pero nació hace 42 años en Consenza, también en la región de Calabria, a una hora y media de auto de Siderno y Polistena. Es decir que habla con conocimiento de causa. ¿El presidente Macrì también?

Es difícil encontrar mejor ejemplo de conducta mafiosa que el encubrimiento del atentado de 1994 a la sede de la DAIA, el órgano político de las organizaciones sionistas en la Argentina, y la AMIA, la mutual de la colectividad judía en el país. Un fallo del Tribunal Oral Federal 3 anuló en 2004 todo lo actuado por el juez Juan Galeano “en beneficio de políticos inescrupulosos” y ordenó sentarlo a él en el banquillo de los acusados, junto con los fiscales de la causa y con otros responsables de desviar la investigación y encubrir a los autores del atentado. En la instrucción de la nueva causa a cargo del juez Ariel Lijo, también resultaron procesados el ex presidente Carlos Menem, sus ministros Carlos Corach y Hugo Anzorregui, el ex jefe de la División Antiterrorista de la Policía Federal, comisario Fino Palacios, el ex presidente de la DAIA, Ruben Beraja, y el ex agente de la SIDE Patricio Pfinnen que pagó 400.000 dólares al desarmador de autos robados Carlos Telleldín para que acusara a una banda de policías bonaerenses, autores de muchos delitos comunes pero no del atentado. Luego de interminables dilaciones, el juicio por el encubrimiento comenzó en 2015 ante el Tribunal Oral Federal 2 que integran los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perilli. El gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, que reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado por el encubrimiento invirtió millones de dólares en la fiscalía especial creada en 2004 para reencauzar la investigación, a cargo del fiscal Natalio Alberto Nisman. Pero diez años después se confirmaron las denuncias de los familiares de las víctimas del atentado: Nisman usó ese dinero para viajar por el mundo bien acompañado y delegó las tareas de la causa a los aparatos de inteligencia local, israelí y estadounidense, que utilizaron el expediente para avanzar sus intereses en el complejo escenario de Medio Oriente, conformando así un segundo encubrimiento. Las filtraciones de Wikileaks mostraron que antes de presentar sus escritos el fiscal los sometía al escrutinio de la embajada de Estados Unidos, que le señalaba el rumbo a seguir. Cuando ya sobre el final de su mandato la ex presidente CFK quiso poner fin a ese escándalo, Nisman y sus mandantes la involucraron en una fantasiosa denuncia por traición a la patria. Macri impulsó la reapertura de la causa ya fenecida, a la que intenta sumar la investigación por su muerte, sin ningún elemento de prueba como homicidio y que la Corte Suprema de Justicia sin ningún fundamento extrajo de la justicia criminal y la depositó en Federales de Comodoro Py. La querella de la DAIA trata de que no avance el esclarecimiento de las responsabilidades de su ex presidente Beraja, cuyo director ejecutivo en aquellos años fue el actual secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. La semana pasada renunciaron los dos abogados de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Mariana Stilman y Ezequiel Strajman, porque el ministro Germán Garavano decidió sumarse por conveniencia política, a la estrategia de la DAIA, por medio del abogado de la UCR Miguel Inchausti. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley exigido por la DAIA, que habilita el juicio en ausencia, lo cual permitiría cerrar el caso con un fallo sólo en apariencia legal, condenando a quienes los aparatos de inteligencia de Washington y Tel Aviv señalen. Tal como se anticipó el domingo pasado aquí, Macrì firmó ahora el decreto 229/17, que la propaganda oficial presenta como una orden de desclasificar toda la información de inteligencia sobre el atentado para no esclarecer los hechos. El decreto 395/15, de la ex presidente, ya había dispuesto esa desclasificación. La documentación fue entregada hace dos años a la Unidad Fiscal de Investigación del atentado (UFI/AMIA), junto con la llave de las bases de inteligencia donde se guarda, en el edificio Barolo, de Avenida de Mayo al 1300, ya que por su peso y volumen era imposible mudarla a la sede de la UFI/AMIA, frente a la Plaza de Mayo. El decreto de Macrì, Garavano y el jefe de gabinete Marcos Peña Braun entrega esos archivos en forma ilegal para su recuperación, conservación, digitalización, sistematización y análisis a la Unidad especial AMIA del Ministerio de Justicia, creada en 2000 por Fernando De la Rúa y ahora a cargo del radical patagónico Mario Cimadevilla, junto con la partida presupuestaria que se le retaceó al Grupo Especial de Relevamiento Documental de la Procuración General (GERAD).

Con Cimadevilla colaborarán especialistas de la Universidad de San Andrés, una de las canteras de reclutamiento de cuadros para el gobierno de los CEOs. Sólo la Fiscalía puede disponer cualquier tarea sobre la documentación y convocar a la UEI/AMIA del Poder Ejecutivo, a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Prefectura, a la Policía de Seguridad de aeropuertos o quien considere necesario y no a la inversa, desplazar al Ministerio Público por una dependencia del gobierno nacional. La intrusión de este comisario político en una tarea que se venía realizando con seriedad profesional hace pensar que deben haberse encontrado allí materiales explosivos sobre la responsabilidad estatal y de las propias agencias de inteligencia, que antes del atentado tenían la tarea de impedirlo y una vez producido de investigarlo. La escudería Stiuso sabe lo que hay allí, y Marta Orly o Mirna Irigaray, reincorporada por la AFI en octubre pasado, lo sabe mejor que nadie. Ahora corre peligro de desaparición. “Con este decreto retrocedemos más de 20 años”, declaró Laura Ginsberg, integrante de una de las asociaciones de familiares de las víctimas, porque “le quita los archivos a la Unidad Fiscal para entregárselos a…Arribas y Majdalani. Es una infamia”. Esto será dicho a Garavano, junto con la exigencia de “apertura incondicional de los archivos secretos, de fortalecimiento del grupo de trabajo de relevamiento documental de la Fiscalía y de repudio al proyecto del Poder Ejecutivo de ley de juicio de ausencia, reclamando la conformación de una Comisión Investigadora Independiente”.

normaef10@hotmail.com
Fuente: HTTPS://WWW.PAGINA12.COM.AR/30709-DE-CALABRIA-AL-PLATA


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