España

La justicia española nos avergüenza

Jaime Richart    14.Nov.2018    Europa

La Justicia ordinaria es una superestructura fundamental para el buen funcionamiento de una socie­dad. Y la justicia social es una derivada de la justicia distributiva de Aristóteles. Ninguna de las dos están en España a la altura que esperábamos para hoy hace cuatro décadas. La distributiva, porque las disparidades socioeconómicas, las desigualdades, no sólo han aminorado, es que son crecientes. Y la ordinaria, porque la Justicia parece haber perdido el norte de la epiqueya. La epi­queya es la acción hermenéutica, interpretativa, que le permite al hombre liberarse de la “letra” de la Ley (de la justicia) en favor del “espíritu” de la misma (la equidad).

Las leyes están redactadas por las clases sociales dominantes que arriman el ascua a su sardina al elaborarlas. El papel de la Justicia ordinaria, al menos lo que esperan de ella los individuos de las clases no dominantes, es compensar en la medida de lo posible con su interpretación la forma desequili­brada de plasmar la norma de las clases dominantes que en teoría afecta a “todos” por igual. La epiqueya es por eso esencial. Pero si la justicia ordinaria, dentro del marco interpretativo previamente diseñado para desempeñar su competencia por los mismos que legislan no corrige al interpretarla la norma que no distingue entre ricos y pobres, entre fuertes y débiles sociales, la justi­cia se convierte en otro aparato más al servicio de la ideología contenida en las leyes de las clases sociales superiores, y por consiguiente es injusta en su raíz. En algo así debió pensar el gran escritor francés Anatole François Thibault, conocido como Anatole France, premio Nobel de Literatura en 1921, cuando dijo que el mismo delito es robar un panecillo para un rico como para un pobre…

Resulta cuanto menos curioso que precisamente en estos últimos tiempos en España la Justicia esté dando la medida de sí misma en ya numerosos casos escandalosos que por ello van pasando al primer plano de la actualidad. Casos en los que, por una parte, multitud de personajes de la política dominada durante estos cuarenta años de dudosa democracia se han revelado como delincuentes contra el Estado, contra los bienes y contra las arcas públicas, y, por otro, gentes más o menos conoci­das o anónimas que han pasado a “manos” de la justicia por conductas más o menos reprensi­bles, convertidas por el arte de birlibirloque en delitos o cuasi delitos por un espíritu juzgador que podría pensarse propio de un sistema opresor. Siendo así que ya no sólo en materia penal sino tam­bién en la civil hay leyes, como la hipotecaria que data de 1870, sacralizadoras de la propiedad indivi­dual, injustas por su base y que no sólo no son modificadas o atemperadas por otras sino que la judicatura la aplica implacablemente por una estricta interpretación.

Que en materia de justicia ordinaria y justicia social España está muy lejos del sentido de las cosas que tiene la Europa Comunitaria lo prueban ya numerosos casos. Cada día nos desayunamos con la noticia del rechazo de tribunales belgas, alemanes o de Estrasburgo al marcado “interés” mostrado por los tribunales españoles en aplicar una modalidad de “ajusticiamiento” a políticos catalanes, y también a algún político vasco, a titiriteros, raperos, cantantes o artistas que, suponiéndose asistidos por su libertad de expresión han hecho ácida crítica de la situación crispada y general que vive este país…

En términos generales es palmario que la mentalidad de los jueces españoles, y especialmente los magistrados que integran un tribunal, incluido el Supremo, está demasiado distante de la mentalidad de los jueces europeos y del Tribunal de Estrasburgo. En estos días leemos: “Bélgica da un nuevo revés a las altas instancias españolas tras el rechazo de las euroórdenes contra los exconsellers”. “La decisión del juez belga vuelve a cuestionar las penas de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, tal y como antes había hecho el tribunal Estrasburgo”. “Un juez de Gante (Bélgica) ha vuelto a reflejar la desproporción de las altas instancias judiciales españolas a la hora de castigar los delitos de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo al rechazar la entrega a España del cantante conocido como Valtònyc”. “El Tribunal de Estrasburgo dictamina que Otegi no tuvo un juicio justo en el caso de la reconstrucción de Batasuna”…

Ahora mismo se celebra un juicio contra un joven que en una cafetería de Barcelona se abalanzó sobre el mostrador para coger un bocadillo, para el que la Fiscalía pide 3 a ños y 4 meses de cárcel, tras saberse la noticia de haber pedido inicialmente 4 y diez meses. El supuesto manejo agresivo de una lata en estado de embriaguez ha dado pie al fiscal para calificar de robo lo que no pasa de hurto, de hurto que en otro tiempo hubiera sido calificado de “hurto famélico” … Hace falta ser mala per­sona, además de incompetente, para desear, que no otra cosa es pedir, un fiscal, cuatro años de cárcel y diez meses o tres años y cuatro meses, da igual, para un hombre que manifiestamente tenía hambre.

En otro orden de cosas, la decisión de la Sala Tercera del TS de obligar al solicitante de un préstamo hipotecario a soportar el impuesto de actos jurídicos documentados “por el impacto so­cial” que supondría cargárselo a la Banca, reformando con ello la sentencia de la semana anterior, es otro de los casos que no basta con calificarlo de injusto. Injusto y además disparatado. Dispara­tado porque el registro de la hipoteca sólo responde al interés del banco, no del prestatario. Y luego ahí están, por un lado, la benevolencia apreciada en los delitos gravísimos económicos cometidos por políticos cuya repercusión en la sociedad ha sido escandalosa vía recortes, y, por otro, la polí­tica penitenciaria permisiva con políticos que a la par son delincuentes económicos.

En suma, la Justicia en general en España, sobre todo la impartida por los Tribunales, es de tan es­casa calidad, tan distorsionada respecto a la idea que tiene de la justicia una persona común, y por consiguiente tan injusta que, si examinamos y valoramos España a su través, España parece estar siendo regresada, en materia de justicia al menos, por unas fuerzas entre invisibles y fatalistas a otras épocas para el olvido…

Jaime Richart, Antropólogo y jurista.