Perú

Tras fracaso de asilo, exgobernante puede ser detenido en Perú

Perdida su credibilidad nacional e internacional por el fracaso del intento de asilo en Uruguay como escape a la justicia, el expresidente Alan García enfrenta hoy la posibilidad de ser detenido por un obvio riesgo de fuga.
Tal posibilidad destaca en análisis y pedidos de analistas y juristas que consideran que, al buscar asilo en Uruguay, lo que ayer rechazó ese país, García incurrió en una modalidad de intento de fuga y de obstrucción judicial.

Pese a ello, en una carta pública alegó que al entrar a la casa del embajador de Uruguay y pedir asilo, ejerció un derecho constitucional -aunque el asilo no aplica a quienes tienen que responder por delitos comunes-, y ahora sí se somete a la justicia.

Lo mismo repitieron unos pocos parlamentarios, insistiendo en el argumento, desvirtuado explícitamente por el presidente uruguayo, Tabaré Vásquez, de que lo persigue un sector del ministerio público en supuesta colusión con el Gobierno, esencia de lo que alegó para buscar en vano el asilo.

Al ponerse a disposición de la fiscalía, García lo hizo ayer con la misma solemnidad usada el 17 de noviembre, cuando dijo que aceptaba la orden judicial de no salir del país durante 18 meses, para horas después entrar a la residencia del embajador uruguayo.

De ahí que nadie confía en que cumpla su palabra y, por el contrario, la congresista Gloria Montenegro llamó a no ser incautos y seguir alerta contra lo que pueda intentar, mientras la prensa habla de reforzamiento del control de las fronteras por precaución.

El exprocurador anticorrupción Julio Arbizu coincidió con el abogado privado Luis Lamas en señalar que la actitud del exgobernante investigado por lavado de activos y corrupción configura un gran riesgo para el proceso de investigación.

Arbizu señaló que, ante tal riesgo, el fiscal del caso, José Pérez, podría pedir la detención preliminar de García, y posteriormente, cuando las pesquisas encuentren indicios mayores, vendrá la prisión preliminar, que puede extenderse por tres años, la misma dictada contra su aliada, la neoliberal Keiko Fujimori.

Para el exprocurador, nadie garantiza que García haya pasado a la clandestinidad, por lo que debería comprobarse si, como afirma su secretario Julio Pinedo, permanece en su casa y ha desistido de pedir asilo en otra embajada, lo que habría intentado antes en vano.

Para el diario La República, el fiscal Pérez medita el dilema entre ‘acción inmediata o paciencia estratégica’, o sea, pedir la detención del político neoliberal, para lo cual las condiciones están dadas, o acumular más evidencias que den mayor solidez al apresamiento, ya que las pesquisas están en una fase preliminar.

En la agenda de Pérez hay un nuevo interrogatorio a García sobre un pago encubierto de 100 mil dólares que recibió de la empresa brasileña Odebrecht, y un aporte electoral a su partido por esa compañía, de 200 mil dólares, y la toma de nuevas declaraciones a ejecutivos corporativos.

El parlamentario progresita Marco Arana también se inclina por una medida más severa que la simple prohibición de salir del país y advierte que García quiere ganar tiempo para recuperar posiciones perdidas en el sistema de justicia por la expulsión de integrantes de una red de corrupción judicial.

Tal expectativa apunta a situaciones como la elección, a fin de año, de un nuevo presidente del poder judicial, en cuya instancia siempre ha tenido aparente influencia para librarse de graves acusaciones de corrupción, tras sus dos gobiernos (1985-90 y 2006-11).

Parte de ese complejo contexto es un nuevo problema del magistrado Pérez, a quien el control interno del ministerio público le abrió una investigación por supuesta filtración a la prensa, del interrogatorio, hace unos días, al polémico fiscal de la nación, Pedro Chávarry.

Chávarry es cuestionado por sus contactos con la red de corrupción judicial desbaratada, por lo que amplios sectores exigen su retiro del cargo, lo que impide la mayoría parlamentaria neoliberal, integrada por los partidos conservadores Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, y Aprista, de García.

Prensa Latina