Perú

Un suicidio, muchas muertes. ¿La muerte de Alan García es también la de la élite política peruana?

El caso Odebrecht sacudió los cimientos de la política peruana. Y sucedió un hecho inesperado: el suicidio de Alan García. Sin embargo, la muerte puede no ser solo la del ex-mandatario, sino también la de la vieja elite política que ha gobernado Perú.

Como un terremoto que no cesa, los efectos de las investigaciones judiciales siguen sacudiendo esa precaria construcción llamada «política peruana». Si el descubrimiento de los múltiples pagos de la constructora Odebrecht, ya sea como sobornos o aportes de campaña, hizo vulnerable al elenco principal de la política nacional, la puesta en evidencia y la posterior desactivación de una serie de mafias dentro del Poder Judicial parece haberle proporcionado las condiciones mínimas para que se desarrollen procesos judiciales con relativos niveles de independencia que garanticen la obtención de algo cercano a la «justicia».

Desde un punto de vista práctico la mayor dificultad no estriba en hallar indicios razonables de culpabilidad, sino en lograr las condiciones de independencia mínimas que garanticen el juzgamiento de un personaje perteneciente a las elites nacionales.

En el Perú de los últimos dos años, ambas condiciones parecen haberse producido simultáneamente y permitieron que se conozca de manera directa cómo se han venido financiando las campañas electorales de los principales líderes políticos desde el inicio de este siglo, cómo algunos de nuestros ex presidentes obtuvieron millones de dólares durante su paso por el poder y cómo funcionaron los carteles de empresas privadas que se repartieron los grandes y medianos proyectos de infraestructura desarrollados por el Estado.

Todos los ex presidentes del último ciclo democrático se encuentran hoy investigados básicamente por dos temas: financiamiento ilegal de campañas políticas y recepción de pagos ilegales por parte de Odebrecht y otras grandes constructoras. Frente a este panorama, los caminos de los políticos han sido diversos. El suicidio de Alan García es ciertamente el episodio más dramático de toda esta saga pero no es ni remotamente el único. El ex presidente Alejandro Toledo se fugó a Estados Unidos -donde hoy se tramita un pedido de extradición- frente a las pruebas cada vez más contundentes que lo involucrarían en la recepción de sobornos. Por otra parte, el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia pasaron casi diez meses en prisión preventiva. Hace unos días el fiscal a cargo del caso ha solicitado para ellos 20 y 26 años de prisión respectivamente. Por último, Pedro Pablo Kuczynski, no solo vio allanado su casa tan sólo 24 horas después de haber dejado de ser una de las personas más poderosas de Perú, sino que ha debido enfrentar una prisión preliminar primero y luego una domiciliaria que se extenderá por los próximos 36 meses.

Además del elenco principal, un buen número de políticos de segunda línea se encuentran en situaciones parecidas. Antiguos y actuales gobernadores regionales, así como alcaldes y parlamentarios, se encuentran detenidos o en calidad de prófugos de la justicia. Al igual que en los casos de los ex presidentes, en estos concurren tanto indicios de corrupción con la parcial desactivación de las redes que vinculaban al poder político y judicial. Es decir, las potenciales evidencias con la posibilidad efectiva de juzgamiento.

Pero lo particular, en el caso de Alan García, no es la acusación y la posibilidad de juzgamiento, sino la salida elegida por él para evitar la acción de la justicia.

Si bien García había dejado hace varios años de ser el político más popular del país, seguía siendo uno de los más poderosos. No solo por sus dotes políticas, sino por sus estrechos lazos con actores claves del Estado, del sector empresarial y de los medios de comunicación. El ex líder aprista fue un doble protagonista de la política peruana. Primero del ciclo democrático abierto en 1980 y finalizado en 1992. Luego, del período que se inició con la fuga de Alberto Fujimori a Japón en septiembre de 2000 y que continua hasta la actualidad.

En el primer caso, gran parte de los políticos protagonistas de la política de los años 80 han ya fallecido o se encuentran alejados del centro de la escena. En el segundo caso, el agotamiento de la elite política no se ha producido por razones estrictamente biológicas, sino más bien por una combinación del desgaste que produce el paso por el poder y los escándalos de corrupción. Si los resultados electorales y los sondeos de opinión vienen retratando el rechazo que el electorado manifiesta frente a esta oferta partidaria, lo sucedido con García no es más que el hito simbólico que todo proceso requiere para adquirir cuerpo de cara a la sociedad.

Lo particular de este proceso de desplazamiento es que no ha sido producto de la acción de contendores que buscan reemplazar al viejo elenco. Se produce, en cambio, por un factor externo. Sin el caso Odebrecht y todas las réplicas que sigue produciendo, la elite política de la que García formó parte al menos estaría hoy luchando por mantener su vigencia.

El escenario peruano hacia 2021 es más bien incierto. Por un lado, los nuevos liderazgos nacionales lo son hoy por el walk over de la vieja guardia. Solo hay que recordar cómo hace casi tres años, dos de los potenciales integrantes de este nuevo elenco fueron retirados de la competencia electoral con razones más bien débiles, sin que pudieran hacer nada para evitarlo. Ni sus relaciones con otros poderes públicos y privados relevantes para enfrentar la competencia política, ni menos las organizaciones que capitanean son hoy lo suficientemente relevantes para ser, por merito propio, los protagonistas de la política peruana.

Un análisis más extenso debería pasar revista a lo que viene sucediendo con los liderazgos regionales, los que hasta ahora pugnan con escaso éxito por dar el salto a la escena nacional. En esta línea, la muerte de García es también la muerte del resto de la elite política peruana vigente hasta no hace mucho tiempo. Perú, un país de por sí acostumbrado a la inestabilidad de sus liderazgos políticos, se enfrenta a un escenario inusualmente abierto, incluso para sus volátiles estándares.

Por último, cabe la pregunta por los efectos que tiene para el país una elite política con tan escaso peso. Perú es visto desde hace varios años como un país donde los políticos son poco relevantes para explicar las orientaciones en el modelo de desarrollo implementado. Yel episodio de Odebrecht no hace más que reflejar esta debilidad. Incapaces de evitar que la información se hiciera pública, los políticos tampoco han podido cancelar los efectos de esta sobre ellos mismos, como ha ocurrido en otros países.

Si bien esta debilidad es percibida negativamente, en tanto cuestiona la relevancia de la democracia como mecanismo que tienen los ciudadanos para decidir efectivamente sobre la cosa pública, ha tenido una consecuencia beneficiosa para el país. En un contexto de instituciones débiles, la ausencia de políticos y partidos fuertes, unido a la continuidad de la democracia electoral (el ciclo más largo en la historia republicana), ha permitido la aparición de espacios de autonomía institucional. Dichos espacios, aunque precarios, pueden funcionar como contrapesos del poder político y evitar que los cambios en el poder de turno afecten las decisiones de estos organismos. Ciertamente, estos grados de libertad obtenidos son todo menos irreversibles. De hecho, un resultado ligeramente diferente en las elecciones de 2016 hubiera hecho que el escenario actual fuese imposible. Un fujimorismo con mayoría legislativa y a cargo de la Presidencia, hubiera recolocado al país en la senda del deterioro institucional.

El propio García -a través de la carta en la que explica su decisión-, los miembros de su partido y otros políticos, han buscado darle a este suicidio una lectura que pone el acento en el carácter arbitrario y distractor que tendría la prisión preventiva a la que iba a someterse al antiguo líder aprista. Siendo consciente que la densidad de este hecho soporta múltiples interpretaciones (aunque queda claro que no la propuesta por el fallecido y su círculo político), debemos poner el foco en el punto fundamental. La muerte del ex presidente es su tácita aceptación de que ya no es capaz de controlar el escenario en el que se desenvolvía. Su suicidio es un certificado de salida del lugar de privilegio que supone el pertenecer a una elite. Sin embargo, ese miércoles quien murió no solo fue él: fue también, al menos simbólicamente, el elenco recurrente de la política peruana reciente.

Nuso