Golpismo narcofinanciero


El grupo financiero golpista Promerica de Nicaragua ha sido señalado de lavar cuantiosas sumas de los cárteles de narcotráfico en El Salvador.

managuaconamor.blogspot.com

Lo dijimos desde el 19 de abril del año pasado: El mal llamado y hoy derrotado “golpe suave” contra el Gobierno sandinista era un golpe narcofinanciero. Más evidencia apunta en esa dirección.

El 30 de agosto, el Diario1 de El Salvador reveló informaciones que apuntan a que el Grupo Promerica, cuyo dueño es el magnate nicaragüense Ramiro Ortiz Mayorga, que además es propietario del periódico golpista El Nuevo Diario, fue señalado de integrar presuntamente una red de lavado de dinero proveniente de un cartel en El Salvador.

El periódico denunció que el Banco Promerica ayuda presuntamente a lavar $370.3 millones al cártel salvadoreño de Texis, que opera en el occidente del país y es liderado por José Adán Salazar.

Basado en un informe de inteligencia al que tuvo acceso, diario1, señala al Grupo Promerica de Ortiz Mayorga de utilizar el banco TerraBank N.A., ubicado en La Florida, Estados Unidos, para mover enormes sumas de dinero del narcotráfico en El Salvador.

Caracterizamos el fallido “golpe suave” como narcofinanciero basados en los inocultables intereses delictivos y concomitantemente financieros de los estrategas golpistas y sus apoyos dentro y fuera del país: Grandes magnates financieros, élites movidas por el beneficio personal, el uribismo colombiano y la mafia anticubana de Miami.

Es por ello que se puede comprender cómo la derecha golpista de Nicaragua se opone frenéticamente a leyes que en realidad vienen a blindar al país contra el crimen organizado.

Por ejemplo, políticos de derecha en la Asamblea Nacional, así como la prensa golpista se han opuesto a la reciente aprobación de la reforma y adiciones a la Ley 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que establece la obligación de los abogados y notarios públicos de reportar operaciones financieras inusuales al Poder Judicial - una provisión que está contemplada en todas las legislaciones modernas sobre el tema.

La aprobación de la reforma contó con el respaldo de los diputados de la bancada sandinista, con el argumento de que esta garantiza un marco normativo orientado a impedir que los profesionales del derecho sean utilizados cómo piezas claves para la comisión de delitos. Sin embargo, algunos diputados liberales intentaron poner objeciones a la aprobación de la reforma a la ley utilizando argumentos políticos.

“Instrumentos de este tipo son los que nos permiten desnudar las verdaderas intenciones de algunas bancadas cómo la del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) quienes apuntan a afectar al pueblo de Nicaragua a través de su voto razonado, sin embargo, no pudieron ni podrán y es por eso que la bancada sandinista con todos sus votos respalda el dictamen de mayoría”, subrayó el diputado Wálmaro Gutiérrez.