Masacre

De febrero a la masacre de octubre de 2003, el final de Sánchez de Lozada

Habían pasado ocho meses desde que Gonzalo Sánchez de Lozada quiso aplicar el “impuestazo” al salario, que acabó en un choque entre policías y militares, hasta que en octubre de 2003 estalló la crisis y se encendió la mecha de la “guerra del gas”.

Entre 2003 y 2019 han pasado 16 años y Marlene Rojas, la niña de ocho que murió en Warisata, hubiese tenido 24 años. Y Constantino Quispe, que falleció a sus 30 años en Río Seco, quizás habría visto cómo Ronald, el adolescente de 14 que él dejó huérfano, se convirtió en un abogado. Casi un cuarto de vida pasó desde aquellos aciagos septiembre y octubre, cuando la masacre segó la vida de 58 personas y más de 400 heridos desde el 20 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2003, cifra manejada como oficial por la parte civil en el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada.

Y si bien la llamada “guerra del gas” tuvo en octubre el momento más álgido, todo comenzó el 2 de septiembre, cuando los campesinos que pedían un pliego de 72 puntos desde 2001 comenzaron a marchar rumbo a La Paz.

La protesta de las 20 provincias arribó el lunes 8 de septiembre a El Alto y se atrincheró en las instalaciones de radio San Gabriel, en Villa Adela. En el altiplano, cerca de Achacachi, el entonces secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Felipe El Mallku Quispe había ordenado el bloqueo de caminos.

El Alto. Mientras, el alcalde de El Alto, José Luis Paredes, emitía los formularios catastrales que elevaban en más del 500% los impuestos por inmuebles. “Primero fue el ‘impuestazo’ del Goni en febrero (Sánchez de Lozada) y luego el otro ‘impuestazo’ del Pepelucho (Paredes) los que terminaron por prender la mecha de la ‘guerra del gas’”, recuerda, 16 años después, Mauricio Cori, que en ese entonces era presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve).

A la protesta de los alteños, que comenzaron sus movilizaciones el 15 de septiembre, se sumó la consigna de rechazo a la venta de gas a Estados Unidos por un puerto chileno que enarboló en ese momento el Movimiento Al Socialismo (MAS), en La Paz, El Alto y Cochabamba.

Para ese entonces ya estaba en marcha el Plan República por orden del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Roberto Claros, que consistía en una estrategia represora, porque Sánchez de Lozada asumía que en Bolivia se vivía ya una contienda bélica subversiva. Él se había preparado desde marzo, tras retroceder en su intento de cobrar impuestos al salario.

Hasta que llegó el 20 de septiembre, cuando se produjo el “rescate” de turistas desde el valle de Sorata. En aquel operativo intervinieron policías y militares liderados por el ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín. Ese día murió la primera víctima, Primitivo Curaca, de 60 años, cerca de Ilabaya. Posteriormente falleció también la niña Marlene Rojas con un impacto de bala cuando se acercó a la ventana para ver cómo los militares ingresaban a Warisata. Otros tres civiles más cayeron ese sábado 20.

Enterados de lo que sucedió en Warisata y Sorata, los campesinos rompieron el diálogo con los ministros en radio San Gabriel.

Por su lado, el Congreso Nacional nombró la noche del 3 de octubre a Iván Zegada como nuevo Defensor del Pueblo, en una polémica sesión dominada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), que habían negado la reelección de Ana María Romero de Campero.

La tensión y la escasez de alimentos crecieron gradualmente en El Alto y La Paz, mientras los alteños continuaban con el paro indefinido en contra del “impuestazo” del alcalde Paredes.

La Razón (Edición Impresa) / Jorge Quispe / La Paz