Se despedaza el neoliberalismo en AL, pero hay muchos retos por delante


Vamos hacia un año bien movido, con una administración Trump muy preocupada por su futuro de cara a las próximas elecciones del martes 3 noviembre de 2020, ante una opinión pública cada vez más desfavorable y ante el avance de un proceso de impeachment que parece indetenible y que, aunque no logre desalojar a Donald Trump de la Casa Blanca (para eso tendría que darle la espalda la mayoría de los senadores republicanos) sí lo podría dañar gravemente en términos electorales.

Mientras tanto, en América Latina, se sigue despedazando la ola de derecha aunque no haya razones para el optimismo fácil. Vayamos por partes.

Ecuador: El problema de fondo sigue sin resolver

¿Hubo una victoria popular en Ecuador? No lo parece. El Gobierno de Lenín Moreno tuvo que ceder ante la presión popular derogando el nefasto decreto 833, también conocido como “paquetazo”, pero con eso no ha hecho más que aplazar la inevitable crisis política. Moreno no va a cambiar su política económica hecha a la medida del FMI y del gran capital, más bien busca implementarla por medios que sean menos inaceptables para el pueblo sublevado. Si la dirigencia indígena una vez más se convierte en cómplice de la derecha, perderá su capacidad de liderazgo ante sus propias bases y ante muchos de los sectores que participaron en las protestas.

Será muy difícil, por no decir imposible, que se logre conciliar la visión expresada en los discursos de los dirigentes indígenas con la de los ministros morenistas en la comisión creada tras las negociaciones del domingo con el objeto de redactar un decreto alternativo al derogado, un “paquetazo” que buscaba elevar draconianamente el precio de la gasolina y afectar los salarios en el sector público, entre otras cosas.

En estos momentos, mientras sesiona la comisión encargada de redactar un decreto alternativo al defenestrado “paquetazo” se denuncia que ya comenzó el proceso de privatización del Banco del Pacífico para venderlo al mejor postor. Ese banco tiene más de 3.900 millones de dólares entregados en créditos a los sectores populares y maneja unos 4.600 millones en fondos de los ahorristas. Las licitaciones para vender el banco fueron abiertas a inicios de la semana pasada, aprovechando la conmoción de las protestas populares contra el “paquetazo”.

En realidad, toda la política de Lenín Moreno tiende a desmontar cada uno de los logros de la Revolución Ciudadana. En el actual presupuesto de Lenín Moreno se cuenta con privatizaciones de empresas estatales y una “flexibilización” de los derechos laborales alcanzados por las y los trabajadores durante los Gobiernos de Correa. Los impuestos no pagados al Estado por la oligarquía y las exenciones de impuestos a industrias como la del camarón cubrirían con creces los 4.500 millones de dólares del oneroso préstamo que el Gobierno negoció con el FMI, según los economistas.

A todo esto hay que agregar que el Gobierno se niega a aceptar la realidad de que Rafael Correa es una fuerza sin la que es imposible resolver la actual crisis en el Ecuador. Más bien, Moreno ha desatado una ofensiva criminalizadora, no solo contra el propio Correa, sino también contra los dirigentes del movimiento de la Revolución Ciudadana, obligando a muchos de ellos a solicitar asilo en el extranjero y apresando a otros, a pesar de que fueron electos democráticamente para diversos cargos de elección popular.

Asimismo, y a pesar de las negociaciones con la dirigencia indígena, se mantienen los juicios por terrorismo contra varias decenas de los participantes en las protestas. A pesar de que a instancias del movimiento indígena Moreno accedió a remover a los jefes del Ejército y del Comando Conjunto de las FFAA, por su responsabilidad en la represión estatal, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, aún permanecen en sus puestos.

Si a alguien le quedaba algunas dudas sobre el verdadero carácter del régimen de Lenin Moreno, a estas alturas deberían estar totalmente despejadas. Una cosa es cierta: la calma tras los recientes acuerdos entre la dirigencia indígena y el Gobierno durará poco. La dirigencia de la Conaie se engaña a sí misma si cree que puede erigirse en articuladora de un proyecto nacional en un país en el que, a diferencia de países como Bolivia y Guatemala, las poblaciones originarias no son mayoría social. Si en Bolivia el MAS ha debido articular un proyecto para toda la nación y no solo para los indígenas, en Ecuador esto es aún más necesario.

Los dirigentes de la Conaie se ufanan de haber logrado un Estado plurinacional sin jamás haber tenido la presidencia, pero se engañan a sí mismos. Menudo Estado plurinacional: Ecuador hoy es un país sin soberanía nacional, con bases militares extranjeras en su territorio y en los hechos intervenido económicamente por el FMI, cosa que no era en los tiempos de la Revolución Ciudadana que dirigió Correa. Pero esa Revolución Ciudadana fue la que juró destruir la Conaie, llegando a participar en el cruento golpe de Estado contra Correa en 2010 y luego aliándose con el banquero guayaquileño Guillermo Lasso en 2017. Hablan por la izquierda pero en cada coyuntura importante actúan por la derecha, fieles al estilo trotskista de destruir procesos de verdadero poder popular donde quiera que logran influencia.

En el fondo, el Gobierno es débil ante los ojos del pueblo y entre más trate de llevar adelante la agenda que le imponen el FMI y el gran capital, más disconformidad atraerá. Por otro lado, si cede “inaceptablemente” ante las demandas populares, será derrocado por los verdaderos titiriteros del poder en el Ecuador de hoy: la Embajada estadounidense y la oligarquía. Por su parte, los sectores de la dirigencia indígena que pretendieran ignorar el mandato de la ciudadanía y buscar una adaptación a la agenda neoliberal serían seriamente castigados y serían señalados como parte del problema y no de la solución. La única salida para estabilizar el Ecuador es la de recomponer el poder político para que lleve adelante una agenda que responda a los intereses de la mayoría de la población, y guste o no a algunos, el dirigente que puede hacer realidad ese programa es Correa o quien quiera que sea su heredera o heredero político. En suma: la lucha en Ecuador va para largo.

En Perú ¿Avanzará la izquierda?

En Perú, la confederación empresarial Confiep (colega del Cosep en Nicaragua) se ha puesto al descubierto con su apoyo al repudiado golpe parlamentario que le quisieron dar al presidente Vizcarra y con ello ha abierto las puertas hacia el despertar político de toda la sociedad sobre los verdaderos intereses en torno a la crisis política crónica que desde hace 30 años arrastra la nación andina.

Hoy como ayer los “respetables empresarios” de la burguesía experta en fugar capitales apoyan un golpe. En 1992 apoyaron el golpe que le dio plenos poderes al cleptómano y criminal Alberto Fujimori con el pretexto de combatir el terrorismo de Sendero Luminoso y hoy, en 2019, apoyan un golpe parlamentario que defiende a ultranza los intereses más corruptos de la política peruana: los del partido de Fujimori cuya líder Keiko, hija del tristemente célebre Alberto, se encuentra en prisión por corrupción. En Perú todos los presidentes y los partidos de Gobierno de los últimos 30 años son vistos como ejemplos de corrupción y autoritarismo por la población. En el país andino se juntaron el hambre con las ganas de comer del neoliberalismo: El desprecio hacia los políticos y la política, claves para llevar adelante la agenda neoliberal en cualquier país, en el Perú se juntaron con el latrocinio y la corrupción más ostentosas y persistentes de las élites. Al cabo de 30 años, la mezcla es explosiva, y tal vez se logre que el pueblo por fin dé con los verdaderos culpables y escoja una alternativa que verdaderamente le devuelva la esperanza.

Como el Cosep de Nicaragua, Confiep es un gremio que solo representa a un grupo cada vez más reducido de grandes empresas, sobre todo de banqueros, mineros y del corrupto sector de la construcción. Al inicio, representó a muchos más gremios y hasta a la pequeña empresa pero, igual que en Nicaragua, hoy solo representa a la cúpula más parasitaria del sector privado. El apoyo de la Confiep al golpe contra Vizcarra (que es visto como honesto por amplios sectores de la ciudadanía) pone en blanco sobre negro a quién sirve la política en el vecino país y cada vez plantea más nítidamente la relación entre la agenda neoliberal y la corrupción.

En las elecciones al Congreso llamadas para el 26 de enero de 2020 no se sabe muy bien quién será el ganador, pero todos conocen los nombres de los perdedores: El partido de Fujimori, “Fuerza Popular”, el APRA, Perú Posible, PNP y todos los partidos que han representado el neoliberalismo corrupto desde hace ya demasiado tiempo. ¿Podrán los partidos de izquierda unirse a tiempo y ampliar sus avances de las pasadas elecciones de 2016, en las que la izquierda pasó de menos del 2% al 18.74% de los votos en las elecciones presidenciales y 13.94% en las parlamentarias? Para lograr un cambio político en el Perú hará falta un salto aún mucho mayor.

Lucha el progresismo en el Cono Sur y México

En Argentina, Macri y sus aliados (vengan estos del neoliberalismo, del fascismo de los 70s o de las socialdemocracias y peronismos arrepentidos) se hunden con cada día que pasa. Les ha ido mal en todas las elecciones provinciales que ha habido este año, así como en las PASO (elecciones internas) de agosto y nada hace creer que logre revertir la tendencia de cara a la primera ronda del 27 de octubre. En los debates electorales y en la propaganda, Macri no convence. Donde dije “digo” ahora dice “Diego” y nadie le cree. Tampoco le creen a sus ministros, que cuando no desdeñan las críticas a su desastrosa gestión, se acusan entre sí mismos peleando por espacios de poder. Solo un milagro salvaría a Macri el 27 de octubre con una muy improbable segunda vuelta el 24 de noviembre.

En Uruguay, ya el Frente Amplio tiene semanas de estar apareciendo en las encuestas por encima del 40%, bastante fuerte ante los tres partidos de derecha mayoritarios. Según un estudio de la empresa Factum, 46% de los electores cree que ganará Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, mientras que 43% cree que lo hará el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. En el Frente Amplio existe confianza en ganar las elecciones a pesar de que es muy probable que en la casi segura segunda ronda la derecha se una, ya que solo juntando los votos de todos superarían a la izquierda.

La derecha está compuesta por el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, del fascista Manini Ríos. Sin embargo, esta unidad provocaría el rechazo de una parte de los votantes de la derecha que no son afectos al bolsonarismo ni al fascismo. Hasta el momento, lo más importante de la campaña electoral ha girado en torno a las propuestas del Frente Amplio (a favor o en contra). La falta de Ideas de la derecha es total y esto es algo que les puede pasar factura. La primera vuelta de las elecciones, muy importantes para Nuestra América, es el 27 de octubre con segunda vuelta el 24 de noviembre.

En Brasil, la desaprobación de Bolsonaro y su Gobierno se dispararon en los últimos seis meses pasando de 28,2 a 53,7% entre febrero y agosto de este año. Seriamente dañado por los incendios en la Amazonia, Bolsonaro da pruebas de chocar a diario contra la cultura, política y costumbres del pueblo brasileño y es de esperar que este aislamiento se profundice a medida que pase el tiempo. Ya ni siquiera cuenta con el apoyo irrestricto de los militares, el grupo de interés que dice representar, decepcionados ante la caída del 35% en el presupuesto para la Defensa de 2020 respecto al de este año. Ante todo esto, la izquierda sigue luchando, resistiendo y acumulando fuerzas con Lula tras las rejas.

En México, la Cuarta Transformación impulsada por Andrés Manuel López Obrador avanza sobre la base de hechos concretos. Por lo que pueda valer el dato, una encuesta de Transparencia Internacional indica que, entre 2017, todavía con Enrique Peña Nieto, y 2019, ya con López Obrador, el porcentaje de mexicanos que consideran que el Gobierno está haciendo un buen trabajo en la lucha contra la corrupción subió de 24 % a 61 %. A pesar de la inmisericorde guerra mediática y las grandes resistencias de la derecha y de grupos de ultraizquierda, el apoyo popular a AMLO se mantiene sólido.

Evo ganará en Bolivia a pesar de las maniobras

En Bolivia la derecha, ante las dificultades para ganar las elecciones del 20 de octubre (las encuestas le dan a Evo Morales una victoria en primera ronda), busca generar un ambiente de convulsión social que ponga en duda la legalidad y la legitimidad de los comicios para alentar un escenario de desestabilización, similar a otros que se han producido contra Gobiernos revolucionarios en Nuestra América.

Esta derecha impulsa un plan secesionista parecido al que impulsaron hace varios años en la propia Bolivia y también con muchas similitudes al modus operandi de la derecha golpista de Nicaragua el año pasado. Su manera de boicotear la respuesta del Gobierno a la crisis de los incendios en la Amazonía recordó mucho el actuar de los golpistas nicaragüenses durante el incendio en Río San Juan, pocas semanas antes del inicio del fallido golpe en abril de 2018.

“Tengo grabaciones, algunos supuestos comités cívicos de Cochabamba o de La Paz, con algunos ex o militares en servicio pasivo, con algunos miembros del Comité Cívico de Santa Cruz, se han reunido’, anticipó Evo Morales esta semana, asegurando que enviará esas pruebas a los observadores internacionales de visita en el país para las elecciones. Según el sondeo de la empresa Ipsos, Evo Morales tiene una intención de voto del 40 por ciento con una ventaja de 18 puntos sobre el expresidente Carlos Mesa, lo que le garantizaría una victoria en primera ronda.

De ir a una segunda ronda no está claro qué pueda pasar. Los dos principales candidatos de la derecha han tratado de desmarcarse del neoliberalismo y prometen no realizar privatizaciones ni quitar las conquistas sociales alcanzadas, aunque según las encuestas ni aun en ese caso les alcanzarían los votos para derrotar a Evo.

Por otro lado, en Venezuela, el avance del diálogo con sectores de la oposición y las revelaciones sobre sus contactos con conocidos paramilitares colombianos han debilitado al golpista Juan Guaidó y a sus titiriteros de Washington. Al mismo tiempo, en Cuba, la reciente elección de los principales cargos del nuevo Gobierno, entre ellos el presidente y vicepresidente de la República por parte de la Asamblea Nacional, no hace más que ratificar la solidez del liderazgo revolucionario en la isla para enfrentar una fase de recrudecimiento de la política anticubana de los Estados Unidos promovida por Trump.

Nicaragua sigue avanzando

En Nicaragua, el panorama de consolidación sobre el terreno sigue como siempre, al mismo tiempo que siguen los intentos por impulsar la agenda golpista desde el exterior. En términos económicos, se prevé un crecimiento muy pequeño, pero crecimiento al fin, a fines del próximo año en un contexto internacional signado por la recesión.

La economía se consolida a lo interno gracias a la unidad de todos los sectores comprometidos con el desarrollo nacional, especialmente entre los sectores populares. Esta semana se presentó oficialmente la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad, Aprodesni, una organización que por el momento aglutina a 360 empresarios libres de la tutela del Cosep golpista agrupados en 7 cámaras. Estos empresarios, junto con Conimipyme, que representa a las pequeñas y medianas empresas, son en realidad cerca del 99% de todas las unidades empresariales del país.

También se va consolidando la estabilización a nivel internacional, con la ampliación de las relaciones internacionales y con el reconocimiento de organismos como el BCIE que ha concedido préstamos por casi más de 584 millones de dólares al país, así como por el banco hondureño Atlántida, que ha decidido venir a establecerse en Nicaragua con un programa inicial de varios años, desmintiendo así a la banca golpista y golpeando sus intereses monopólicos.

La derecha golpista parece apostar todas sus cartas al frente exterior, alienándose aún más de la Nicaragua real y se multiplican los pleitos por el dinero euroestadounidense entre sus cabecillas que afanosamente intentan dar signos de vida para justificar su existencia a los ojos de sus financiadores.

Por otro lado, el esfuerzo de estabilización económica del pueblo nicaragüense, que se da en un contexto mundial de recesión y guerra comercial, se debe enfrentar a la falta de visión política y total ceguera ideológica de una Unión Europea obsesionada por pescar en los ríos revueltos de la derecha política. Esta semana, la UE adoptó en principio un “régimen de sanciones” contra Nicaragua al tiempo que su futuro canciller, el español Josep Borrell, viaja a Cuba haciendo ostentosas, intervencionistas y antojadizas predicciones sobre el próximo fin de los Gobiernos de Nicaragua y Venezuela.

Las sanciones europeas, que en un principio estarían dirigidas a ministros y altos funcionarios del Gobierno sandinista, parecen seguir el mismo camino que las decretadas anteriormente por la administración Trump y no pasan de ser un gesto vacío contra funcionarios que ni tienen cuentas bancarias en el exterior ni van de vacaciones al extranjero. Además, es previsible que las mismas deban pasar por el pesado y lento proceso de la burocracia de Bruselas antes de concretarse. Al mismo tiempo, las relaciones bilaterales de Nicaragua con los países miembros de la Unión continúan como siempre, con sus altos y sus bajos.

Una coyuntura decisiva

En resumen, el neoliberalismo pierde legitimidad en todas partes, pero es imprescindible que eso se transforme en avances políticos para la izquierda y los movimientos progresistas. Para las revoluciones de Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua, son tiempos de recrudecimiento de las políticas agresivas de Washington en un contexto de grave crisis política para el imperio. Este recrudecimiento, como otros anteriores, pasará y será superado por nuestros pueblos.