Colombia: Llamado por la vida

La sociedad colombiana y la comunidad internacional no pueden seguir indiferentes ante la actitud criminal del régimen mafioso, que atropella de frente la legalidad para perpetuarse en el poder prolongando la guerra contra la guerrilla y contra el narcotráfico como su gran justificación.

Tal excusa le sirve de pantalla para cometer toda clase de atropellos y tropelías, incluyendo el envenenamiento de la convivencia regional con la autorización para que los criminales usanos dispongan de siete o más bases colombianas. Ellas les permitirían adelantar su amenaza de agresión a los regímenes populares que, tras batallas centenarias, al fin le están disputando el poder a las aristocracias criollas, protagonistas de las guerras de independencia del s. XIX respecto a las potencias europeas, pero herederas y perpetuadoras de la división social y los criterios discriminatorios y de explotación que alimentan y profundizan las diferencias sociales.

Es evidente que no ha sido por escasez de glifosato y bombas que no se ha ganado la guerra contra el narcotráfico y la subversión, de modo que con siete bases militares más, la victoria tampoco es posible. Es que ambos fenómenos tienen raíces más complejas y de profundo contenido social, lo que hace que los caídos sean reemplazados y hasta multiplicados rápidamente. Cuando asesinaron a “Desquite”, a comienzos de la década de 1960, Gonzalo Arango lo pronosticó al anunciar que el criminal renacería debido a los miles de Desquites que el régimen se empeña en cultivar mediante la perpetuación de la injusticia social.

Mientras tanto, la seguridad, tanto en las ciudades como en el campo, se deteriora aceleradamente por cuenta de la delincuencia común y de los narcotraficantes de derecha, ofendidos y ariscos con el régimen que terminó traicionando a sus jefes. Pero, también agradecidos por la oportunidad de reemplazarlos, lo que explica el florecimiento de las matanzas que la Seguridad Democrática dizque había resuelto.

En consecuencia, es obvio que las bases son una punta de lanza del imperio en su estrategia de guerra mundial. Considera que ésta es la manera de resolver su crisis y recuperar su liderazgo. Inclusive, la anunciada renuncia a establecer el escudo antimisiles de largo alcance en Europa, aunque reduce las tensiones con Rusia, no deja de ser una amenaza de Obama, quien piensa en otras formas más eficaces de disuasión, al tiempo que no rechaza definitivamente el escudo propuesto por el repugnante criminal, mentiroso e impune todavía, caracterizado enemigo de la vida, George W. Bush.

El imperio sigue empeñado en resolver su crisis de cuenta de sus consuetudinarias víctimas, y sueña con recuperar su liderazgo mundial. Tiene derecho a soñar, aunque ello signifique pesadillas para la humanidad, aterrada con los abusos de los cristianos paladines de la libertad y la democracia.

Nosotros también tenemos derecho a defendernos de esos canallas, denunciando sus maniobras e intenciones, para dañarles su juego macabro y letal.

Regresando a Colombia, otro abuso que denota el carácter ilegal y arbitrario del Gobierno lo constituye el saboteo oficial y público a la liberación unilateral de secuestrados por las FARC. Es imperdonable porque niega, de manera evidente, la obligación de proteger la vida de los ciudadanos que le ordena la Constitución Nacional al presidente.

Sin duda, la guerrilla cometió un delito contra los derechos humanos al secuestrar civiles. En el caso de los prisioneros obtenidos en combates contra la fuerza pública, al tratarse de enfrentamientos entre fuerzas armadas beligerantes, entran en juego otras consideraciones. Por eso, el canje tiene sentido. Pero, independientemente de que los enemigos declarados del Estado estén incursos en graves delitos, o de que tengan justificación como actos de guerra, el Estado legítimo tiene que responder por la vida de los ciudadanos, en vez de aumentar los riesgos de que la pierdan.

No hacerlo constituye una traición a su deber constitucional, que no puede ocultar tras los bombardeos, el acoso, la persecución y demás medidas orientadas al rescate de las víctimas de la guerrilla, mientras impide por todos los medios que la sociedad civil negocie con las FARC la liberación de los secuestrados, en las condiciones que definan los subversivos desde su posición privilegiada. Si confía en el exterminio como solución, que deje que los liberen y, después, que bombardee, persiga y ataque a los guerrilleros, ojalá respetando las leyes de la guerra, pues seguimos defendiendo el Estado de Derecho consagrado en la Constitución de 1991.

Esa es la canallada que está cometiendo Álvaro Uribe Vélez ante el mundo entero, quizás porque su bilioso corazón no le perdona al profesor Moncayo que no le hubiese rendido pleitesía pública cuando lo recibió en la plaza de Bolívar, tras su larga travesía a pié desde su pueblo nariñense, pidiendo la liberación de su hijo y de todos los secuestrados.

Dicho clamor, que ha llegado a los guerrilleros, enfurece al presidente y endurece más su corazón. Ha dado la impresión de que de ninguna manera está dispuesto a cumplir su deber constitucional permitiendo que las FARC se hagan publicidad liberando, unilateralmente y sin condiciones insalvables, los secuestrados aún en su poder.

Aunque mantenidos en condiciones denigrantes, no los han dejado morir después de diez años o más de haberlos plagiado. Pero el Gobierno se empeña en que los ejecuten para reforzar su teoría bushiana de que no se trata de fuerzas subversivas sino de terroristas que sólo merecen el exterminio.

Afortunadamente, como que el abuso ya es insostenible porque le está causando mucho daño al desacreditado Gobierno. Éste se vio obligado a autorizar, por fin, el 19 de septiembre, la intermediación de la senadora Piedad Córdoba, solicitada desde abril por la guerrilla. Pero exige que también participen la Iglesia Católica y la Cruz Roja, lo que no parece difícil de aceptar por los subversivos.

No obstante, otras condiciones innecesarias para el objetivo concreto de la liberación de dos secuestrados, eventualmente podrían ser rechazadas por las FARC, lo cual prolongaría la frustración de las víctimas, aunque reduciría la culpa del “generoso” Gobierno -según cree el vanidoso presidente, tan celoso de su imagen.

Es necesario denunciar y repudiar semejante conducta. El Gobierno no tiene derecho a imponer condiciones que parecen razonables pero que sólo constituyen obstáculos ladinos, del tipo de maquiavelismo de José Obdulio. El mundo y la sociedad civil tienen la palabra.