Democracia Militarizada

El gobierno de Fernando Lugo sigue militarizando el Paraguay, durante el año 2010 bajo la excusa del combate al terrorismo se ha declarado estado de excepción en cinco departamentos del país, donde se han aplicado fuertes controles hacia población civil, y como era de esperarse en departamentos con alta concentración de desigualdad social, entre las causas más comunes de detención sobresalieron: Abigeos y delitos contra la propiedad privada.

Otros hechos que marcaron el rumbo militar del año que paso fueron: el exterminio de personas ligadas supuestamente al Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), la aprobación de marcos jurídicos que permiten profundizar la criminalización contra los sectores sociales, como el caso de la Ley antiterrorista y la Ley 4013 que reglamenta la objeción de conciencia.

Bajo el nombre de Operativo Ko´e Pyahu (nuevo amanecer) La policía Nacional, la FOPE (Fuerzas de Operaciones de la Policía Especializada), organismos asesorados muy de cerca por la policía colombiana en los últimos años, han realizado incursiones en conjunto con las Fuerzas Aéreas Paraguayas (FAP) desde inicios del 2011 en los departamentos de San Pedro y Canindeyú, ésta vez “en la lucha contra el narcotráfico”, donde procedieron a incautar marihuana prensada y a la destrucción de cultivos de la misma, entre los meses de enero y febrero se habían quemado aproximadamente unas 277 hectáreas (has.) en el departamento de San Pedro y otras 338 has. en Canindeyú.

Con alta cobertura mediática de los medios masivos de comunicación para estos operativos se ha logrado asociar a: campesinos con narcotráfico. No han faltado, arrestos de personas, ya sea por estar vinculadas al cultivo ilegal de la marihuana así como personas con orden de captura por “abigeos o hechos contra el patrimonio”#. Varios pobladores y vecinos de los lugares intervenidos, incluso autoridades locales denunciaron la violencia utilizada por las “fuerzas del orden”, como fue el caso de Eugenio Rodas, intendente de la localidad de General Resquin, San Pedro, quien manifestaba a los medios: “Ayer recibí llamadas hasta tarde de que están procediendo fuera de lugar. Sí ya hubo quema de rancho, destrucción de algunas viviendas, abrieron a patadas algunas puertas. En las casas se quedaron la mayoría mujeres y niños, porque los padres huyeron del lugar”#.

El sésamo, algodón y mandioca son los producto mayormente cultivados en estas zonas, sin embargo, mujeres asociadas a organizaciones campesinas de estos departamentos con quienes tuvimos la oportunidad de conversar nos manifestaban que: “Ante tanta pobreza, tanto abandono, sin ningún proyecto sustentable que se trabaje desde el gobierno no quedan alternativas y muchos optan por plantar marihuana.

Los precios de los productos son muy bajos, el sésamo a 4.000 gs. El kilo, y la marihuana a 35.000 gs. El kilo, el algodón 3.500, la mandioca 9.000 gs. La bolsa que tiene 70 kilos., en fábrica 350 gs. El kilo”#.
Agregan: “ahora s!. Al patrón no se le conoce, a ellos no se les toca”. “hay comunidades donde hubo represión, desastre les hace a los compañeros campesinos allí, supuestamente buscando marihuana entran y le violentan a los asentamientos nuevos u ocupaciones por grupos de campesinos. Hay un lugar que se llama Paraguay Pyahu (Paraguay Nuevo) donde le llegan por sorpresa y le amedrentan permanentemente”. “Los sojeros están muy cerca de los lugares, si el varón va preso por plantar marihuana, la mujer tendrá que vender su terreno para poder tener dinero y pagar un abogado y tratar de sacarle a su marido de la cárcel”#.
En un informe del diario Ultima Hora, del año 2009, se mencionaba que en el Paraguay podrían existir unas 21.066 has. De plantaciones de marihuana#, si tomamos este dato como parámetro de totalidad del cultivo, podríamos deducir que el operativo Ko´e Pyahu sólo afectó al 3% de las plantaciones existentes en el país. La lucha contra el narcotráfico sería así una cortina de humo, que en realidad busca otras cosas en lugar de acabar con el narcotráfico, esas otras cosas podrían ser: instalar el miedo y el control en ciertos territorios, estigmatizar a los campesinos como peligrosos, legitimar un sistema de seguridad basado en la fuerza y en la violencia hacia los sectores más empobrecidos, dotar de una “función social” a los militares, justificar aumentos presupuestarios para las fuerzas represivas.

De acuerdo al calendario imperialista, los males que acechan a nuestras democracias son el terrorismo y el narcotráfico, así se garantiza no otra cosa que una democracia militarizada, en defensa del modelo económico e improductivo socialmente, sustentado por los gobiernos de turno.
La agresividad del gobierno progresista se dosifica con programas humanitarios por parte de las Fuerzas Armadas bajo la supervisión de la embajada de los Estados Unidos realizados también en estos departamentos y otros puntos del país, con programas sociales de asistencia a la población desde diversos organismos privados y públicos, donde la USAID y el Banco Mundial marcan pautas de las medidas paliativas que se deben tomar en cuanto a la población empobrecida.

Podemos hacer referencia a lo que Freytas define como :”institucionalización de la pobreza” al subordinar los derechos y reinvidicaciones sociales a una “limosna” que le arroja el capitalismo a los pobres, mientras depreda los recursos naturales de sus pueblos y somete sus estructuras económico-productivas con la complicidad de los políticos#. Refiriéndose a las políticas asistencialistas instauradas por el capitalismo en los gobiernos latinoamericanos “más allá de que hablen un lenguaje de izquierda o de derecha”.
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Abel Irala/ Suramericapress

Abril 2011