Perú

Un transporte accesible para Lima

Terminado el proceso de revocatoria, mafiosamente planificado y promovido por el alanismo y Castañeda, la alcaldesa Susana Villarán debe enfocarse en fortalecer su relación con la población de Lima, en particular con los sectores en mayor situación de vulnerabilidad.

Ciertamente, la campaña por el No demostró que, contra lo que dicen los medios de la DBA, su gestión sí está preocupada en temas importantes que afectan a los barrios más pobres de nuestra ciudad, como el acceso a la salud, la alimentación, la vivienda digna y la prevención de desastres.

Sin embargo, aún queda mucho camino por andar y existen oportunidades que debieran aprovecharse en ese sentido. La reforma del transporte, por ejemplo, es una oportunidad para contar con un transporte ordenado, accesible e inclusivo, que permita a los limeños y limeñas desplazarse en forma más económica, rápida y segura. La prioridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en este proceso debiera ser que esta reforma beneficie a todos y todas, incluyendo a las personas con discapacidad.

De acuerdo con el INEI (2006), en Lima viven alrededor de un millón de personas con discapacidad (11.7%), de las cuales un porcentaje significativo se moviliza en silla de ruedas o tiene discapacidad física. Como es evidente, uno de los principales obstáculos que enfrentan estas personas es la falta de transporte público accesible, situación que afecta seriamente sus oportunidades.

La accesibilidad del transporte es un componente indispensable para alcanzar una sociedad inclusiva. Sin transporte público accesible, es demasiado costoso para una persona en silla de ruedas trasladarse a la escuela, al centro de trabajo o a los escasos servicios de rehabilitación existentes, lo cual limita su participación y el ejercicio de sus derechos. En realidad, la accesibilidad del transporte mejora la calidad de vida de todos, pues también beneficia a otros grupos como las personas mayores, las madres gestantes o las personas de talla baja. Se trata de una exigencia derivada del respeto a la diversidad.

Es por esto que la Convención ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Perú, y la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 29973, por la que tanto luchamos, reconocen la accesibilidad como un principio rector y establecen la obligación del Estado y sus distintos niveles de gobierno de asegurar la accesibilidad del transporte, introduciendo unidades de transporte público accesibles para las personas con discapacidad.

Por ello, en el marco de la reforma del transporte, es indispensable que se revisen las bases del proceso de licitación de los nuevos Corredores Complementarios para que se establezca la obligación de los nuevos operadores de asegurar condiciones mínimas de accesibilidad para las personas con discapacidad. Esto sería congruente no solo con las medidas de accesibilidad implementadas en otros sistemas de transporte de la ciudad (el Metropolitano y el Tren Eléctrico), sino también con los principios de inclusión y diversidad que han sido las banderas de la presente gestión municipal. Habría que recordar que la MML consiguió el año pasado una importante donación del gobierno de Japón y el Banco Mundial para solucionar los problemas de accesibilidad en el Metropolitano heredados de la gestión anterior.

Es importante resaltar que la MML ha constituido, en enero pasado, un Comité Técnico Ad-hoc de Gestión de Accesibilidad, señalando la importancia y la necesidad de articular las funciones y actividades referentes a accesibilidad que realizan las gerencias e instituciones municipales a fin de optimizar esfuerzos en el tema mencionado con el objetivo de elaborar un Plan Metropolitano de Accesibilidad para las Personas con Discapacidad.

Así, la alcaldesa Susana Villarán tiene en sus manos la oportunidad de darles a Lima Metropolitana y a sus ciudadanos con discapacidad un transporte digno y accesible. Estamos seguros de que no la desaprovechará.