Brasil

Lula, requerido como candidato en 2018

Desde la victoria de Rousseff, el ex presidente sostuvo encuentros con movimientos sociales y sindicatos a los que les propuso conformar un frente en defensa de las conquistas sociales, la democratización de los medios y de Petrobras.

Volverá en 2018. Luiz Inácio Lula da Silva, dos veces presidente entre 2003 y 2010, será candidato a un nuevo mandato, apostó Aloízio Mercadante, ministro del gabinete presentado el jueves pasado por Dilma Rousseff, durante la ceremonia de investidura de su segundo mandato en Brasilia. Lula “es mi candidato, siempre lo fue, no hay discusión en el PT. Lula es quien está en el corazón de la militancia; yo no tengo pretensiones (de ser presidente), es algo que no está en mi horizonte”, planteó el jefe de la Casa Civil.

Mercadante no habló a bocajarro. El alto funcionario manifestó su posición sobre las próximas elecciones en diálogo con el diario Folha de São Paulo, que en su edición del domingo tituló “El candidato en 2018 es Lula, dice Mercadante”. Considerado como el “primer ministro” (así lo llamó Folha de São Paulo) de Dilma, Mercadante es el encargado de ubicar las piezas en el arenero donde se trazan las estrategias de corto y largo plazo de un gobierno que no conoció las mieles de la calma en el inicio de la gestión, dado que vive expuesto a cotidianos bombardeos políticos y económicos.

Nada de nuevo en el virtual lanzamiento de Lula para una tercera presidencia dentro de cuatro años: el líder del PT ya había recibido el respaldo de la propia Dilma en octubre, días antes de ser reelecta en el ballottage y poco después de que lo hiciera Rui Falcao, titular de la agrupación que venció cuatro elecciones presidenciales consecutivamente.

“Sé que tengo el respaldo del mayor líder popular de nuestra historia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, aseveró Dilma ante el Congreso el jueves, durante el discurso de asunción.

Al postular prematuramente a Lula, el ministro Mercadante refuerza la armadura de un gobierno hostilizado por denuncias sobre el escándalo de corrupción promovido por constructoras privadas con la complicidad de ejecutivos importantes de Petrobras.

El lugar de Lula, cinco veces candidato presidencial y ex dirigente de los metalúrgicos del Gran San Pablo, no sería, en principio, dentro del Planalto sino junto a las bases que votaron a Dilma e históricamente han respaldado al PT.

Desde la victoria de Rousseff, Lula ha optado por permanecer en su bunker de San Pablo, donde sostuvo encuentros con movimientos sociales y sindicatos (estos últimos bastante disgustados por el ajuste económico en curso), a los que propuso conformar un frente del cual también fueron invitadas agrupaciones de izquierda. Esa coalición tendría como premisa defender las conquistas sociales acumuladas en 12 años de gobiernos petistas, dar impulso a la democratización de los medios y poner un dique de contención a quienes abogan por desnacionalizar la explotación de hidrocarburos.

Ya durante la campaña, Lula había encabezado un acto en defensa de Petrobras junto a la Federación Unica de Petroleros y los campesinos sin tierra.

Ni Dilma ni Lula ni Mercadante niegan las irregularidades ocurridas en Petrobras, pero se oponen a que el escándalo derive en la vampirización de la firma, deseada por compañías extranjeras y supuestamente por agencias de inteligencia extranjeras como la norteamericana NSA, que la espió durante años.

Ningún dato indica, de momento, que la petrolera estatal que emplea a 86 mil asalariados haya sido tomada por un “mar de corrupción” (expresión repetida por la prensa y la oposición), sino que parte de su antigua dirección recibió millones de dólares en sobornos para sobrefacturar contratos o consentir la formación de carteles de las constructoras.

Petrobras es “una vergüenza nacional”, escribió la semana pasada el diario británico Financial Times, sin aportar informaciones propias y consistentes en respaldo de esa apreciación casi panfletaria.

Buitres locales y extranjeros cargan las tintas sobre la compañía, exigiendo a Dilma retomar el proceso de desnacionalización, abierto en la década del ’90 durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso, referente del Partido de la Socialdemocracia Brasileña vencida en octubre.

La presidenta exhibió convicción en la defensa del modelo de explotación de hidrocarburos con Petrobras a la cabeza y ratificó en su cargo a Maria das Graças Foster, máxima autoridad de la empresa.

Pero esa capacidad de resistencia será puesta a prueba en febrero, cuando el Supremo Tribunal Federal reciba la causa por corrupción en la que figuran decenas de congresistas de partidos integrantes de la alianza oficialista.

Tal vez sea en febrero cuando Lula y su aún no formada coalición con sindicatos y movimientos sociales deban mostrar su capacidad de movilización para salvaguardar a la mayor compañía sudamericana.

Febrero también será el mes de reanudación de la actividad parlamentaria, cuando la oposición redoblará su rechazo al proyecto de regulación de los oligopolios de prensa, un asunto “fundamental”, según lo han manifestado Lula, el PT y el nuevo ministro de Comunicaciones, Ricardo Berzoini.

En tanto, Dilma permanecía ayer en una playa del estado de Bahía mientras la Cancillería ajustaba aspectos de sus primeros compromisos internacionales. La agenda externa del segundo mandato comenzará el 21 de enero en Bolivia, donde asistirá a la investidura de Evo Morales, uno de los jefes de gobierno presentes la semana pasada en la ceremonia de Brasilia. El periplo internacional continuará el 28 de este mes en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe en Costa Rica, adonde llegará procedente de Davos, según informó ayer la agencia Estado. Está previsto, aunque no confirmado, que Dilma viaje este año a EE.UU. en una visita de Estado suspendida en septiembre de 2013 a raíz de las pinchaduras de la NSA, según comentó informalmente Mercadante.

Darío Pignotti/Página/12 En Brasil

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