Los casos de Chile y España: La Constitución, un cepo neoliberal

1980 Chile. Después de siete años del golpe militar respaldado por EE.UU. en su campaña de guerra anticomunista, con Augusto Pinochet ya afincado en el poder, con la situación política y el enemigo interno más o menos controlados bajo el poder militar represivo y genocida y con el modelo neoliberal recién estrenado e iniciados los procesos de “modernización” del país, se aprueba la Constitución Política de la República de Chile.

Siete años antes, pocos días después del golpe de Estado, la junta militar creó una Comisión Constituyente para elaborar un anteproyecto constitucional, bajo la batuta intelectual, entre otros, de Jaime Guzmán, principal ideólogo del régimen. Tras una parodia de referéndum sin ningún tipo de garantías democráticas y con constatadas irregularidades en el conteo de votos, la Constitución fue aprobada el 11 de septiembre de 1980, aunque hubo amplios sectores de la ciudadanía que no reconocieron su validez. Desde entonces, la Constitución ha sido reformada en 19 ocasiones.

1978. España. A tres años de la muerte del dictador Francisco Franco y después de 39 años del fin de la guerra civil española que supuso el triunfo del fascismo, se aprueba la Constitución. Las elites franquista y económica trazan en secreto un plan de continuidad. Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado y Fraga Iribarne, entre otros, son sus cabezas políticas visibles. Eligen para ello a siete diputados de distintos partidos que les hacen la labor de blanqueo institucional. Con la amenaza del ejército detrás, a la población no le queda otra: o aceptar o volver a los tiempos oscuros. Menos de un mes antes de su entrada en vigor, fue ratificada en un referéndum en el que participó menos del 60% del electorado y bajo condiciones de miedo determinantes para gran parte de una población que había perdido la costumbre democrática. Desde entonces, la Carta Magna se convirtió en el texto intocable al cual rendir pleitesía. Fue reformada en una ocasión, en 1992, por la unanimidad de los grupos parlamentarios, para adaptarse al marco europeo. Desde entonces, los políticos de turno hablan casi de sacrilegio cuando alguien insinúa siquiera la posibilidad de cambiar un punto de la Carta Constitucional.

Exceptuando una pequeña modificación, el texto permanece tal y como fue parido en 1978, con una excepción: en el año 2011, bajo el gobierno del progresista y “socialista” Jose Luis Rodríguez Zapatero, promovido por el ala liberal del PSOE, se llevó a cabo una reforma express del artículo 135 con la aprobación de la mayoría de la Cámara. PSOE y PP de la mano cambian lo que antes era inviolable e intocable, estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y la prioridad absoluta del pago de la deuda pública en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible. En esta ocasión, las imposiciones de la Unión Europea con una marcada distinción centro-periferia son las recetas que nuestros gobiernos administraron como fieles siervos del capital financiero europeo. Esta modificación, en definitiva, da prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Los gastos sociales están supeditados y limitados a lo que quede después de cumplir religiosamente con la deuda pública, generada en su mayor parte por el rescate del sistema financiero y bancario, cuyo mayor monto, más del 70%, corresponde a la deuda privada, frente a menos del 30% que corresponde a la familiar.

¿Parlamento o circo?

Las medidas citadas de sumisión a los dictados mercantiles enlazan claramente con la condición de Estado subsidiario reconocido en la Constitución de la República de Chile. Tanto en el modelo español como en el chileno, el Parlamento, bajo tutela de los poderes financieros, se convierte en un circo que entretiene al público mientras domestica los leones del Congreso con el látigo del gran capital, y cuyas redes funambulescas se tejen en despachos que nada tienen que ver con el bien público y mucho con los intereses privados de una minoría cada vez más borracha de poder. Siguiendo con la analogía circense, el papel de payasos sobra decir quiénes lo ostentan.

Como visitantes y observadores de la realidad chilena, son muchos los paralelismos que encontramos con el caso del Estado español. Si bien la Constitución española no fue creada en tiempos de dictadura, no cabe duda que los actores y protagonistas de la redacción, o bien estaban cooptados por las estructuras franquistas, o bien pertenecían claramente a ellas, o bien actuaron bajo la presión de que era eso o nada. Y la nada para ellos no significaba el abismo democrático sino la nada personal para sus proyectadas carreras políticas.

En Chile, en 1988 se realizó un plebiscito para decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta 1997. Trece organizaciones opositoras se unieron por el No, para lo cual se creó la Concertación de Partidos por la Democracia, una coalición de partidos de centroizquierda. Y con la victoria del No, llegó lo que se conoció como “la alegría”. Desde 1989, y salvo los cuatro años de gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), la Concertación, hoy Nueva Mayoría con la inclusión del Partido Comunista, tiene la tutela del gobierno de Chile.

Curiosamente, el modelo de transición y adaptación a los nuevos tiempos que se importó como referente fue el español de Felipe González. Esto no es baladí. En los años 70 y 80, el PSOE, financiado y dirigido por la socialdemocracia alemana y la CIA, con la victoria en el Congreso de Suresnes del ala dirigida por Felipe González, modificaba sus orientaciones políticas e ideológicas. No en vano fue el partido elegido para domesticar a la Izquierda a imagen y semejanza de las pretensiones mercantiles, adaptándola a un socialismo más “avanzado” y europeo.

Igualmente, el Partido Socialista de Chile, tomando como faro el modelo de transición español, sirvió para acumular el descontento de la Izquierda en una masa electoral que validó las políticas de una socialdemocracia cada vez más cercana a la arena neoliberal y capitalista, alejándola de las tradicionales demandas de justicia social de la Izquierda clásica. Lo mismo sucedió con el Partido Comunista, que al izar la bandera del eurocomunismo renunció a sus históricos principios. También el PC chileno se fue descafeinando con el tiempo. La desideologización, las modas, la droga y el posmodernismo de los nuevos tiempos hicieron el resto, sirviendo como acelerador para ir introduciendo las nuevas reformas. En ambos casos, las elites de la derecha institucional y económica sabían que para continuar manejando el barco, adentrados en las nuevas aguas de la modernidad, debían refundar las izquierdas para que remaran en la misma dirección de sus intereses. Una vez más supieron hacer bien su trabajo.

Herencias de dictaduras

La deseada alegría mutó en decepción en Chile. Los parches en forma de modificaciones al texto original realizados por los sucesivos gobiernos de la Concertación desde 1990 hasta la actualidad, no han significado otra cosa que una ratificación y una profundización en las líneas de Estado subsidiario entregado al modelo mercantil y neoliberal.

Las estructuras económicas, militares, políticas, judiciales y sociales impuestas en dictadura siguen hoy presentes en los casos del Estado español y chileno, salvando las diferencias, pero siendo muchas las lamentables coincidencias. La gran autonomía y el poder actual de las fuerzas armadas, el Banco Central y el Tribunal Constitucional pueden ser un ejemplo de esta situación.

Respecto a los crímenes cometidos por la dictadura en Chile, la ley de amnistía promulgada durante el régimen militar, en 1978, otorgaba inmunidad a cualquier delito político sucedido durante la vigencia del estado de sitio, entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo del 78. Esta ley sigue vigente, pero se dejó de aplicar en 1998. Se calcula que entre 500 y 1.000 personas se vieron favorecidas por ella. Los tribunales mantienen abiertas 350 causas por desapariciones, torturas, encierros ilegales o conspiraciones que datan del periodo dictatorial y que involucran a unos 700 militares y agentes civiles. Un último informe oficial que data de agosto de 2011 elevó a más de 40.000 las víctimas del régimen, entre ellas 3.225 muertos o desaparecidos. Pero sólo 67 personas han sido encarceladas por delitos durante el periodo militar.

La ley de amnistía española de 1977 impide juzgar cualquier delito cometido durante la guerra civil y el régimen franquista. Hoy son miles los muertos desaparecidos enterrados sin un merecido homenaje. Han sido numerosos los intentos de hacer justicia por parte de los familiares y la sociedad civil y muchos los intentos y denuncias internacionales de organismos de derechos humanos que han intentado derogar esta ley. En 2012, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a España la derogación de dicha ley, argumentando que incumplía la normativa internacional sobre derechos humanos. Pero aquí nos topamos de nuevo con el muro de la Constitución del 78 que impide toda posibilidad de derogación.

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Otro aspecto fundamental a contemplar es que Chile no garantiza la diversidad cultural. No existe una autonomía real de los pueblos originarios ni se reconocen sus peculiaridades ni derechos como pueblo. La persecución que estamos encontrando en este aspecto es brutal. Hoy día son muchos los mecanismos que el Estado chileno utiliza para reprimir y asimilar al pueblo mapuche. Represión policial, judicial y política acompañada con intentos de cooptar, comprar o mediar con la población originaria a través de argucias políticas o económicas realizadas por organismos mediadores que trabajan para los intereses del Estado, como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) o directamente por los grandes grupos capitalistas afectados, como latifundistas, forestales, mineras o hidroeléctricas. Salvando las enormes diferencias, podemos encontrar similitudes en este aspecto con el Estado español en el tratamiento de persecución y desinformación política que reciben los pueblos que reclaman una soberanía y una independencia, como son Euskadi y Cataluña.

Tampoco existe nada parecido a la soberanía, la propiedad o el usufructo de los recursos naturales al servicio del país. Hace tiempo que en ambos Estados los grandes recursos son administrados por corporaciones y empresas de carácter privado, nacionales y multinacionales, después de los procesos privatizadores que han facilitado los sucesivos gobiernos de práctica neoliberal.

Los derechos básicos de vivienda, educación o sanidad son reconocidos en los artículos preliminares del texto pero negados posteriormente en su redacción. En España, se reconocen igualmente estos derechos aunque en la práctica se convierten en papel mojado.

En cuanto a la ley electoral, el sistema binominal de representación aseguraba con tan solo un tercio de los electores aproximadamente la mitad de los escaños parlamentarios en cualquier circunscripción, lo cual es claramente antidemocrático y surge para afianzar a los grandes partidos fieles al mercado en el poder. La ley de partidos es el ejemplo español de la misma situación.

DEMOCRACIA RESTRINGIDA

En palabras del historiador y académico chileno Sergio Grez Toso, nos encontramos en “un sistema político no democrático, o de democracia restringida, tutelada o de baja intensidad”. Los paralelismos en este aspecto son claros. Por no hablar de los niveles de corrupción alcanzados a uno y otro lado del charco, índices que rozan lo demencial, convirtiéndose en una expresión más de un sistema estructuralmente corrupto y genéticamente injusto como es el neoliberalismo.

En definitiva, se puede afirmar que ambas Cartas Constitucionales tienen unas características similares. Tal y como afirma el sociólogo Marcos Roitman Rosenmann, “ambas Constituciones tienen en común los fundamentos de una Constitución neoliberal que, salvo el lenguaje, en el fondo son idénticas”.

Por estos y otros muchos motivos, se viene discutiendo en Chile en múltiples foros, asambleas, jornadas, reuniones y espacios, la creación de una Asamblea Constituyente, un proceso constituyente en el que se pueda dar voz a las demandas del pueblo. “Una Asamblea Constituyente -de nuevo citando a Sergio Grez- es un cuerpo de delegados elegido democráticamente, que representan la soberanía nacional, con un único y exclusivo fin de dotar de una Constitución a un determinado Estado”.

A lo largo y ancho del Estado español igualmente son numerosos los sectores, partidos, o asociaciones que discuten y debaten la necesidad de una Asamblea Constituyente.

Izquierda Unida, Podemos, Ganemos, diversas plataformas estatales o municipales plantean como un hecho fundamental rescatar la democracia secuestrada por este modelo neoliberal en el que los derechos sociales se convierten en productos por los cuales competir en el mercado, de tal forma que los que antes éramos alumnos, pacientes o usuarios, poco a poco nos convertimos en clientes y consumidores de pedacitos de buen vivir comprados con el tiempo de nuestro cada vez más preciado e inestable trabajo.

PROCESO CONSTITUYENTE

La Asamblea Constituyente no puede ser una herramienta instrumentalizada, como hasta ahora, por una elite política y económica al margen de la mayoría social, sino todo lo contrario, debe ser un verdadero instrumento acaparador del poder popular de dicha mayoría social y para el buen vivir de la ciudadanía política. Se trata de rescatar la participación política y ciudadana de las bases sociales para ir dejando a un lado este modelo de representatividad tan apegado a las razones del mercado. No es una tarea fácil ni exenta de riesgos. De hecho, no son pocos los que recelan de las verdaderas posibilidades de un proceso constituyente en un contexto como el actual, con una clara mayoría de la población despolitizada y quizá sin un tejido político bien armado en los sectores populares. De ahí que se señalen sus riesgos e incluso, en muchas ocasiones, su no adscripción al proceso por parte de algunos movimientos.

Lo cierto es que un verdadero proceso constituyente que incluya a la mayoría social, no puede ser ni conducido ni manipulado ni representado por las estructuras o formas tradicionales de hacer política. Esta asunción obliga a una refundación de lo político que podría tener mucho que ver de hecho con la creación de una Asamblea Constituyente democrática que fuera construyendo nuevas formas mientras trabaja en el desarme de las anteriores. Quizás el hecho de que las bases populares puedan poner en marcha un proceso constituyente sea efectivamente un comienzo y un modo de ir ganando espacio, conciencia y participación. Y no cabe duda que esto implica un reto de construcción de una conciencia política durante muchos años cercenada. Construcción de comunidad frente a individuo. Discusión política, participación política, educación política, aprendizaje político y colectivo.