Bolivia ¿En la antesala del golpe?

Flagelan a “indios masistas” en las calles, bloquean caminos y toman instituciones del Estado en “defensa de la democracia”; la Justicia no actúa. El Conalde masifica el bloqueo de caminos y amenaza con boicotear las exportaciones de gas.

Se impusieron los radicales sobre los partidarios del diálogo en una discusión a ratos encrespada que comenzó la noche del martes y que se prolongó hasta la madrugada del miércoles. El Consejo Nacional Democrático (Conalde) decidió masificar el bloqueo de carreteras a partir de la fecha en cinco departamentos y amenazó con interrumpir las exportaciones de gas. La Policía y el Ejército resguardan instituciones del Estado en las regiones opositoras, especialmente las instalaciones petroleras.

Los prefectos Rubén Costas de Santa Cruz, Mario Cossío de Tarija, Leopoldo Fernández de Pando, Ernesto Suárez de Beni y la prefecta de Chuquisaca Savina Cuellar, junto con dirigentes cívicos y empresariales de los cinco departamentos, emitieron un pronunciamiento de cinco puntos que más parece una declaratoria de guerra, todo por “la recuperación del IDH y la defensa de las regalías que constituyen los derechos históricos de nuestros pueblos y la base material para implementar las autonomías departamentales”.

Resolvieron masificar bloqueos en sus regiones en adhesión a las medidas de presión que ya se ejecutan en el chaco. Alertan que en caso de persistir la “política confiscatoria del Gobierno central, no nos responsabilizamos de cualquier acción que impida el suministro de hidrocarburos al exterior del país”.

En segundo lugar, decidieron “no permitir la realización de ningún referendo constitucional en nuestros departamentos” para aprobar un texto de reforma constitucional impuesto por el gobierno “que carece de legalidad y legitimidad y que fue escrito con sangre de hermanos bolivianos en cuarteles y fuera de la sede legal de la Asamblea Constituyente, Sucre”.

A la vez, acordaron profundizar la implementación de los estatutos autonómicos aprobados en sus regiones, y apoyar la determinación de Chuquisaca de convocar al referendo por la autonomía departamental.

El movimiento cívico empresarial del Conalde denunció que autoridades departamentales y dirigentes regionales son perseguidos con juicios sin basamento legal alguno. Convocó a ciudadanos, organizaciones e instituciones democráticas del país “sin distinción de razas, posición política o religiosa, a conformar un frente amplio para la defensa de la democracia”.

Cuando redactaban las conclusiones, los prefectos demócratas sacaron de la sala a sus representantes legales en el Congreso, los parlamentarios de Poder Democrático Social (Podemos). Cuando terminó la reunión este miércoles a las 4 de la madrugada, los jefes del autonomismo de derecha se fueron a descansar en vagonetas blindadas y rodeados de guardaespaldas. Nadie se acordó de la prefecta de pollera Savina Cuellar, que a esas horas tuvo que caminar sola media cuadra para coger un taxi.

En la antesala del golpe
El ministro de Gobierno Alfredo Rada declaró que el antidemocrático Conalde es una “megacoalición renacida sin propuestas democráticas para el país” que ingresa en el terreno de la ilegalidad, de la violencia regionalista y del racismo.

El senador del MAS Félix Rojas denunció que la ultraderecha prepara un “golpe de estado” para derrocar al gobierno de Evo Morales. Su estrategia comprende una serie de actividades terroristas como el bloqueo de carreteras, la toma de diferentes instituciones públicas en Santa Cruz y Beni y la colocación de bombas en diferentes puntos e instituciones del país, delitos que ponen en riesgo la seguridad interna del Estado.

Ayer, activistas de la Unión Juvenil Beniana intentaron tomar las oficinas de Impuestos Nacionales y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Trinidad, “actitudes simplemente de rebelión y de sedición contra el Estado de Derecho”, denunció el diputado Jorge Silva (MAS).

Son cómplices de las acciones de cívicos y prefectos que comandan la sedición regional el Fiscal General de la Nación y los fiscales de distrito, que simplemente están viendo de palco cómo se violan las leyes a diario. “Es preocupante e intolerable”, protestó Silva. Si la Justicia no se pronuncia, que los Ministerios de Gobierno y de Justicia y el Congreso inicien acciones legales para poner fin a la violencia en contra del Estado y de la población civil.