Chile, política

Vergüenza, se murió el chacal y con su grado de general

¡Se murió el chacal y lo hizo como su jefe Pinochet, se fue con su grado de general y con sus condecoraciones en el pecho!.

Pero su muerte no termina nada, por el contrario, nos deja el sabor amargo de que si bien es cierto Contreras estaba preso en una cárcel especial, mantenía su grado, la jubilación y los privilegios de general. Además del respeto de todos aquellos civiles y militares, torturadores, participantes y encubridores de crímenes de lesa humanidad, que protegidos por el pacto de impunidad y de silencio que encubre la historia presente de Chile, se pasean entre sus víctimas, quienes posiblemente no los reconozcan, con total impunidad.

A lo largo del tiempo irremediablemente se ha ido diluyendo la crueldad de los actos de infamia protagonizados por este y los demás subordinados a su cargo en la DINA, que, sintiéndose privilegiados por integrar esta estructura ideada y financiada por el estado para perseguir y asesinar a los opositores políticos, daban rienda suelta a sus más sádicas fantasías. Son miles los testimonios y las evidencias, de las crueles prácticas llevadas a cabo por los oficiales y civiles agrupados en distintas unidades dependientes de la DINA y de las demás estructuras de la inteligencia militar en la Fach, en la Armada.

Estos y los oficiales, como el ex general de la Fuerza Aérea de Chile Fernando Mathei son quienes dirigieron los centros de tortura y detención en el que la vida de un prisionero valía menos que la de un animal de compañía, y en donde, por muy extraño que parezca, la muerte no era el peor de los destinos. Es en estos recintos, donde acechaban criminales enfundados en uniformes, que gozaban torturando durante semanas -y hasta el último aliento de vida- a los cautivos hasta, incluso, contaban con médicos que se preocupaban de que los torturados se mantuvieran vivos para seguir con las horribles practicas que provocaban dolor y sufrimiento.

Para quienes vivimos todo esto, no es creíble esperar que estos criminales convencidos de lo que hacían, podrían en algún momento de sus vidas, por un acto de profunda constricción cristiana, sacudir su conciencia y contar lo que hicieron para que las victimas de sus atrocidades obtengan justicia. Contreras no lo hizo, otros que ya murieron antes tampoco y la razón es simple, porque en su convencimiento se sienten protegidos por los acuerdos políticos asumidos en el inicio del proceso de transición a la democracia y porque saben que la justicia transicional aplicada no irá mas allá, salvo en algunos casos, manteniendo abiertos la mayoría de los juicios en contra de criminales de lesa humanidad, con un gran déficit en la verdad y reparación de las victimas y sus familiares.

Nos preguntamos que falta para terminar con todo esto y con la política heredada de Patricio Aylwin de “otorgar justicia en la medida de los posible”, implementada como el mismo lo declaró en 1987, para “que las Fuerzas Armadas y de Carabineros abandonaran el poder preservando su dignidad institucional”. Lo que falta hoy es convicción política y valentía, para actuar con convencimiento respecto del valor de los derechos humanos, en un país que hace rato supo la verdad y quiere saber ahora quienes son los torturadores, una verdad que no tiene por qué esperar 50 años para ser conocida.

Las FFAA necesitan rescatar su dignidad y valores institucionales, eso es verdad, pero no como lo han intentado hacer hasta ahora, mintiéndole al país, estas necesitan limpiarse sacando de sus filas a los asesinos y torturadores, los que están jubilados o en servicio activo. Una decisión que está desde hace rato en el lado del gobierno, porque es este quien debe exigir al ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, los nombres de los militares y civiles que fueron señalados como verdugos y que están documentados en los testimonios que casi cuarenta mil chilenos dieron ante la Comisión Valech.

Este es el paso fundamental que se debe dar para terminar con la impunidad, y que permitirá conocer lo que hicieron con los cientos de asesinados y desaparecidos. Los testimonios de quienes fueron torturados serán dados a conocer o no si los afectados así lo desean, pero los culpables y encubridores de los crímenes de lesa humanidad cometidos, deben ser de conocimiento publico, porque sus crímenes fueron en contra de un país entero, estos no pueden seguir viviendo como si nada, ejerciendo como militares, empresarios, funcionarios del estado, profesores universitarios, médicos o taxistas.

Mientras todo esto no se aclare y no se entreguen los nombres de quienes dirigieron los campos de detención y tortura, de quienes fueron destinados a esos lugares por ordenes militares, así como a la DINA y a la CNI, los chilenos seguiremos cargando con la vergüenza de amparar a quienes no solo idearon sino que justificaron la política de exterminio en contra de los opositores a la dictadura cívico militar, en la escala y prolongación que tuvo.

El otro camino el de esperar que por decisión propia hablen los bandidos, es simplemente no hacer nada y alargar las cosas para que los años borren las huellas del delito. En las ultimas entrevistas públicas que dio Contreras a la cadena CNN, quedó claro que esta alternativa es una ilusión, y muestra quienes son estos seres despreciables, torturadores de la peor subespecie humana, que mienten sin ningún acto de arrepentimiento y convencidos de lo que hicieron.

La muerte por vejez del chacal Contreras le señala al gobierno, que ya es hora de asumir la obligación de liberar la verdad de lo ocurrido, que exija a los actuales mandos militares, conocer los nombres de torturadores y cómplices del terrorismo de estado. Que se enseñe derechos humanos, en las universidades, en los colegios y en las FFAA. Que haga valer lo dispuesto en el derecho interno y en el derecho internacional de investigar y sancionar a los culpables de crímenes de lesa humanidad, de reparar a sus victimas, entre ellos a los ex presos políticos.

Hoy es impresentable, conociendo la extensión y la crudeza de la violación de los derechos humanos en Chile, seguir conformándose con el informe de verdad y reconciliación y aceptar el secreto de la información entregada por las victimas.