Chile, una nueva constitución

Aunque nadie debe suponer que una nueva Constitución, por sí sola y por arte de magia, resuelva los problemas de la sociedad toda vez que lo principal sigue siendo la lucha del pueblo y, en definitiva, el control del poder político, lo cierto es que la exigencia de una nueva Constitución para Chile y la convocatoria para lograrlo son asuntos que están planteados a la orden del día en nuestro país.

Tiene pleno sentido si se considera que Chile es el único país de la región en que tras una dictadura que impuso mediante el terror un sistema institucional, político y económico en favor del gran capital, continúe hasta hoy en los estrechos marcos de ese modelo y se mantengan esas mismas normas constitucionales con levísimas reformas.

Consecuentemente, los únicos que no se suman a la exigencia del cambio institucional son los partidarios a ultranza del neoliberalismo. Se sienten a gusto con un texto que es esencialmente antidemocrático, autoritario. Lamentablemente también se ubican en ese campo conservador algunos que en el pasado reciente posaban de izquierdistas. Hoy se autodenominan “emprendedores” y, con exagerada audacia, se sienten “hombres de Estado”.

La Constitución del 80, dijeron sus autores, consolidaría un modelo social y económico exitoso para chilenas y chilenos. No ha sido así. Sólo se trataba de favorecer a los poderosos. Nada la justifica porque hoy los pobres son mucho más pobres y los ricos inmensamente más ricos. La encuesta Casen reveló que casi el 7% de los chilenos vive de allegados en otras viviendas y se mantienen altas cifras de hacinamiento en los hogares del pueblo mientras que 67 mil niños menores de 13 años comparten con otros las camas en que duermen. La realidad echa por tierra los argumentos de los partidarios del statu quo.

Lo concreto es que la inmensa mayoría ciudadana está hace años empeñada en lograr un ordenamiento jurídico superior claramente democrático, sin exclusiones, a la par de construir un modelo económico y social más justo, sin marginados.

Hasta la reciente carta pastoral de la conferencia episcopal de la iglesia católica llama a “escuchar el clamor de nuestro pueblo” y denuncia las profundas desigualdades; condena el lucro desregulado, exige humanizar y compartir con equidad los recursos y se solidariza con estudiantes y trabajadores. Tal como en dictadura exigieron Pierre Dubois, el inolvidable cura de la Victoria, y otros sacerdotes como Jarlan, Aldunate, Puga, en fin tantos que sumaron su voz a la del movimiento sindical y de pobladores.

Hace pocos días un grupo de senadores encabezado por José Antonio Gómez presentó un proyecto de reforma constitucional a objeto que en las elecciones de noviembre del 2013 se agregue una cuarta urna en la que la ciudadanía decida si se convoca o no a una asamblea constituyente. Puede discutirse la viabilidad del proyecto a la luz de la actual normativa y puede discutirse diversos otros aspectos de la iniciativa. Pero eso no es lo central, porque lo importante es que se suma a una exigencia colectiva que se desarrolla hace muchos años. Su mérito es sumar esfuerzos, no arriar banderas. Por eso hay que valorar toda propuesta que contribuya al propósito democrático de una nueva Carta Magna, para lo que lo fundamental sigue siendo la movilización de las masas.

La tarea del cambio institucional es tarea de todos. Conocemos de los esfuerzos de la Izquierda chilena y de diversas organizaciones ciudadanas que hace años trabajan en esta dirección así como de los empeños de diversos dirigentes sociales de todos conocidos. Es también deber de las universidades en tanto ellas son centros de pensamiento. Hay que estudiar las constituyentes de otras latitudes. Conocer y estudiar las experiencias de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, que han llevado a cabo interesantes procesos de cambio institucional.

Hay quienes creemos que lo óptimo sería una constituyente elegida con un sistema electoral democrático, universal, que elabore un proyecto que luego se someta por un largo período al debate público de las organizaciones de trabajadores, estudiantes, pobladores, centros de investigación, institutos culturales, escuelas de Derecho de las universidades etc., en fin que no se excluya a nadie de la difusión y discusión del proyecto y que, sólo luego de ese debate de masas, se someta a plebiscito.

Se requiere una Constitución para las grandes mayorías, no para unos pocos privilegiados. Que establezca la absoluta imposibilidad de que aquellos que fueron parte de una dictadura puedan ser designados funcionarios de gobierno y para que no puedan postular jamás a cargos de representación popular, como se estableció en países en situaciones semejantes. Se requiere un parlamento unicameral y en el que los parlamentarios no tengan privilegios especiales, que vivan del sueldo que tenían a la fecha de ser elegidos. Parlamentarios que estén obligados a rendir cuenta periódicamente de su desempeño a sus electores y que, además, puedan ser removidos de sus cargos por quienes les eligieron.

Que el Estado recupere su papel fundamental en la economía, que regule adecuadamente el funcionamiento de la actividad económica privada, y desarrolle áreas de propiedad mixta. Que garantice efectivamente el derecho de todos a la vivienda, la salud, el trabajo, el salario digno, la educación, al trabajo y la salud.

Que sancione todo tipo de discriminaciones y garantice los derechos del pueblo trabajador a participar en los principales aspectos de la vida nacional. Que recupere las riquezas naturales, nunca más el fraude del litio. Que prohíba la intromisión de militares y policías extranjeros en los temas de seguridad nacional y no sea permitido que preparen a los policías chilenos para reprimir al pueblo como hoy sucede y ha sido reconocido.

Una Constitución opuesta a toda forma de neocolonialismo y que de consiguiente no permita la flagrante intromisión del Comando Sur del ejército norteamericano en las instituciones chilenas con operaciones del tipo “Fuerzas Comando 2013” que ya se prepara en Fuerte Aguayo en Concón.

Una Constitución en fin que permita hacer realidad que el ejército y demás ramas de las Fuerzas Armadas sean efectivamente instituciones al servicio del conjunto del pueblo chileno, independientes y soberanas. Una Constitución que sea producto de un serio y profundo debate de masas, sin excluir a nadie.

El reciente proceso de elecciones presidenciales en Venezuela, la amplísima participación ciudadana que tuvo, el orden y tranquilidad en que se desarrolló, pese a los agoreros de todo pelaje, es una fiel expresión de que el cambio social puede iniciarse y es posible en los marcos de un sistema auténticamente democrático y participativo.

Hay pues que estudiar y buscar en nuestra propia historia constitucional, desde los primeros reglamentos hasta hoy, analizar su contenido de clase, la forma en que se establecieron y sus modificaciones. Ninguna ha sido fruto de un proceso constituyente democrático y participativo y es hora ya que el denominado “soberano” –que se supone que es el pueblo todo– sea quien imponga las reglas del juego.

Una nueva Constitución no nos caerá del cielo ni se establecerá en tiempo breve. Será el producto de muchas nuevas batallas al final de las cuales el pueblo, de nuevo en posiciones de poder, terminará sin duda fijando las reglas de su propio futuro como siempre debió ser y no ha sido hasta ahora.

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