Paraguay - Ley APP

¿Conviene entregar el agua a multinacionales?

Países que han frenado tarifas abusivas o rescindido contratos por incumplimiento han recibido y perdido demandas que los obligan a pagar millonarias indemnizaciones a las empresas. Reunión entre el presidente Horacio Cartes, el jefe de Gabinete Civil Juan Carlos López Moreira y el embajador israelí Yair Shamir. Israel ha manifestado su interés de explotar servicios de agua en Paraguay. Foto: ip.gov.py.

En sus giras internacionales, el presidente Horacio Cartes –a fin de atraer a firmas extranjeras para invertir en el marco de la Ley de Alianza Público-Privada (APP)– ofrece a las empresas, entre otros incentivos, múltiples posibilidades de negocios en tratamiento y distribución de agua potable.

¿Pero cuál es la experiencia de otros países que han entregado un bien esencial como el agua a empresas multinacionales? En abril pasado, un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, condenó a la Argentina a pagar 405 millones de dólares a las firmas francesa Suez y española Aguas de Barcelona a raíz de una medida implementada por el gobierno Néstor Kirchner, que congeló las tarifas de los servicios públicos durante el proceso de recuperación económica tras la crisis de la deuda. En 1993 se había firmado un contrato para la concesión de Aguas Argentinas y Aguas Provinciales de Santa Fe para extender los servicios de agua potable y alcantarillado.

En 2006 el contrato, que era de 30 años como en la ley paraguaya, fue rescindido por el gobierno, que alegó que la firma francesa puso en “peligro potencial” a 800.000 personas de la zona del Gran Buenos Aires, donde distribuyó agua contaminada, además de no haber hecho las inversiones necesarias para extender el sistema. Cuando el Estado asumió nuevamente el servicio, existían unas 3 millones de personas sin agua potable y 4,5 millones sin cloacas, de acuerdo a datos difundidos por el periodista Tomás Lukin en un artículo publicado en el diario Página/12.

Todo esto, en cambio, no fue considerando por el tribunal internacional, que antepuso el reclamo de la empresa por disminución de ganancias ante el congelamiento de las tarifas y por la “rescisión unilateral” de contrato de parte del gobierno.

Pérdida de soberanía

Las leyes de protección a inversiones suelen ser consideradas en un orden de prelación superior a las legislaciones nacionales, sin importar que estas busquen mayor protección para sus ciudadanos. En efecto, la Ley de APP de Cartes pone estos contratos por encima de las normas nacionales como las legislaciones ambientales o las que garantizan derechos laborales para los trabajadores.

En el artículo 5, sobre el régimen jurídico de los contratos de APP, se establece que estos se regirán fundamentalmente por los propios términos del contrato y en última instancia por las leyes nacionales “en cuanto fueran aplicables”. Es decir, las normas de la República quedan subordinadas al acuerdo que cierre el gobierno de turno con las empresas para la concesión de los servicios públicos por tres décadas, prorrogable por una década más en caso de que la empresa alegue no haber obtenido aún el margen de retorno suficiente para compensar la inversión.

En cuanto a la solución de controversias, el artículo 41 de la ley señala que ante la falta de acuerdo entre las partes ante eventuales diferendos, estas podrán llevar sus demandas ante un arbitraje, sin hacer mención siquiera a los tribunales nacionales.

De esta manera, si un gobierno posterior decide rescindir contratos por incumplimiento, frenar tarifas abusivas o aplicar nuevas legislaciones en materia ambiental u otros aspectos, el país deberá responder ante tribunales como el Ciadi que, de acuerdo a la jurisprudencia disponible, antepone el lucro de las empresas por sobre la decisión soberana de los Estados de brindar mayor protección y mejores servicios a sus ciudadanos.
Fuente: E,a Py