Perú

Democracia directa

Casi 21 años después de que apareciera el ‘nuevo sol’, la Comisión de Economía del Congreso aprobó un proyecto de ley para cambiar el nombre de la moneda peruana por el de ‘sol’. La iniciativa, aprobada por unanimidad, suprime el adjetivo ‘nuevo’ de la actual denominación, creada por Fujimori en 1991 para reemplazar al ‘inti’, y será enviada al pleno del Congreso para debatirse y aprobarse en los próximos días. Todo a la velocidad del rayo.

No les va igual, sin embargo, a otras iniciativas que probablemente interesan más a la gente. Por ejemplo, la derogación de los regímenes especiales que hacen que, de un modo flagrantemente discriminatorio, millones de peruanos sean tratados como trabajadores de cuarta categoría. Es decir, con menos derechos y beneficios que el resto. Porque así viven desde hace 35 años los trabajadores sujetos a los contratos regulados por el Decreto Ley 22342 (“Ley de Promoción de las Exportaciones No Tradicionales”), que los priva de estabilidad en sus empleos e impide en la práctica –por temor a la renovación de sus contratos– que ejerzan la libertad de negociación colectiva que los libraría de la condena de percibir perennemente salarios muy por debajo que el resto. Y así viven también, desde hace 13 años, las y los trabajadores de la agroindustria gracias a la Ley 27360 “Ley del Régimen de Promoción del Sector Agrario”, promulgada por Fujimori en el 2000 con la firma de su ministro de Agricultura, un empresario ligado al sector agroindustrial. O las trabajadoras de la industria conservera sujetas a la Ley 27979, que hace 10 años las incluyó en el régimen laboral común de la actividad privada, con todos los derechos y beneficios de este, pero que no pueden ejercerlos porque, a pesar de que debía reglamentarse en 45 días, ello nunca ocurrió. Ni hablar ya de las trabajadoras del hogar (Ley 27986), los de las micro y pequeñas empresas sujetos a la “Ley Mype” (Decreto Supremo 007-2008-TR), las y los trabajadores matriculados en services (Ley 29245); o , en el sector público, las y los trabajadores enrolados vía los Contratos Administrativos de Servicios (Decreto Legislativo 1057). Todos percibiendo menos derechos y beneficios que los demás.

Los trabajadores sujetos a la carrera administrativa reciben en julio y diciembre “aguinaldos” de S/. 300, pero sus colegas sujetos al régimen del Decreto Legislativo 728, que hacen lo mismo en el sector público, cobran un sueldo completo cada vez. Pero al Congreso eso no solo no le importa, sino que –probablemente para no imponer diferencias odiosas– les prohibió a todos recibir aumentos este año vía la Ley de Presupuesto del Sector Público del 2013. Y los ejemplos podían seguir.

El Congreso se pone pilas para cambiar el nombre de la moneda –lo que a la gente le interesa un pepino– pero no para revocar (es decir, dejar sin efecto o hacer retroceder) las situaciones de discriminación laboral que prevalecen sin que nadie haga nada concreto para erradicarla. Y por eso prenden iniciativas como la planteada para revocar a los congresistas.
La población está cansada de una democracia representativa que no revoca lo que a ella le interesa; y, por eso, hace uso de la democracia directa. Para hacerse oír y para que sea el pueblo directamente, a través de sus iniciativas o del referéndum, y no quienes han traicionado su mandato, quien decida qué es lo que tiene que hacerse en el país.

Javier Diez Canseco nos invitó, antes de morir, a hacer uso de ella para erradicar el cáncer de la discriminación en el trabajo. Durante la dictadura de Fujimori, los activistas del Foro Democrático, del que él también formo parte, sumaron más de un millón de firmas para confrontar desde la organización y movilización social la prolongación de la dictadura. Y más recientemente, los fonavistas no solo reunieron más de un millón de firmas para obligar al gobierno a convocar el referéndum que abrió el camino para la restitución de sus derechos, sino que, al calor de esa movilización, inscribieron un partido político que les dio voz propia en la escena nacional. La democracia directa constituye una vía potente para conectar las nuevas formas de representación política que el país demanda con las aspiraciones de quienes ya están hartos de la presente situación.