Latinoamérica

Derechos humanos y protestas en Colombia

En los días de protestas antigubernamentales transcurridos desde el masivo paro nacional del 21 de noviembre último en Colombia, varias voces coinciden en denunciar lo que hoy consideran violaciones de los derechos humanos.
Con el propósito de informar oficialmente la serie de hechos que presentan en las grandes movilizaciones que tienen lugar, el senador Iván Cepeda envió una comunicación a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a varios relatores de la misma instancia.

La solicitud fue presentada junto con el senador Antonio Sanguino; Soraya Gutiérrez y Jomary Ortegón, presidenta y vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, respectivamente; y Franklin Castan?eda, presidente de la Fundacio?n Comite? de Solidaridad con los Presos Politicos.
La comunicación advierte sobre la grave situación de derechos humanos que se presenta en las movilizaciones del paro nacional que inició este 21 de noviembre y que dejó heridos de especial gravedad un significativo número de personas detenidas arbitrariamente, ‘además de hechos de criminalización y estigmatización’.

Se puso en conocimiento de la CIDH los distintos pasos que dio el Gobierno para intentar impedir las movilizaciones antes del 21 de noviembre; la manera como fueron estigmatizadas las causas y los protagonistas de esta movilización; las medidas excepcionales que se toaron y los allanamientos ilegales realizados, precisó Cepeda.

Una vez que comenzaron estas movilizaciones, los actos violentos y arbitrarios cometidos por la Fuerza Pública, como también la intención eventual del Gobierno de declarar una conmoción interior, aseguró.

Asimismo, le pidieron que conmine al Estado colombiano a garantizar el derecho a la protesta en todo el territorio.

Adicionalmente, Cepeda y el senador Gustavo Bolívar, junto con organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron ante la Fiscalía General de la Nación, una denuncia contra la Policía Nacional para que se investiguen posibles excesos en el uso de la fuerza contra los ciudadanos.

La acción penal señala que los máximos responsables del abuso policial y quienes deben ser investigados son: Oscar Atehortua, director general Policía Nacional; Hoover Alfredo Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá; Jorge Luís Vargas, director de Seguridad Ciudadana y responsable del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Solicitan que se les investigue por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, lesiones personales; abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, tortura, concierto para delinquir; pánico y calumnia por el actuar generalizado de la Fuerza Pública en el marco de las movilizaciones con ocasión del paro nacional.

Se presentaron más de 15 casos que constan el actuar de la Megob y el Esmad en los que no atendieron a los criterios establecidos internacionalmente, y que vulneran el mandato constitucional de proteger el derecho de reunión y asociación, libertad de expresión y a participar en la dirección de asuntos públicos, refiere la información.

Precisamente el accionar del Esmad es uno de los principales puntos de desencuentro durante las reuniones desarrolladas entre el gobierno y el Comité de Paro, pues éste último insiste en pedir el desmonte del Escuadrón.

En el pliego de peticiones que entregó a la Presidencia de la República, el Comité pidió, además, la depuración de la Policía Nacional.