La inocencia de Remedios García

Criminalizan a quienes buscan la paz en Colombia

Tras una intensa campaña de criminalización por parte de los principales medios de comunicación españoles y colombianos, ha quedado acreditada la inocencia de Remedios García Albert, técnico en cooperación de 57 años, que fue detenida el pasado sábado, acusada por el Gobierno colombiano de ser “representante de las FARC-EP en Europa”, en base a supuestas “evidencias” obtenidas en los computadores supuestamente incautadas al comandante guerrillero Raúl Reyes, tras su asesinato por fuerzas militares colombianas en una incursión contra territorio ecuatoriano el pasado marzo.

A pesar de que a Remedios García se le acusó de graves delitos y se le aplicó la ley antiterrorista, el juez decretó su puesta en libertad al día siguiente, y todos los cargos han quedado reducidos a uno, el de posible “colaboración con banda armada”.

Enrique Santiago, abogado defensor de Remedios García, presentó ante la Audiencia Nacional de Madrid el recurso de apelación contra su internamiento en prisión, dictado por el juez Baltasar Garzón el pasado 27 de julio, bajo fianza de 12 mil euros. En su escrito, de más de 30 páginas, el abogado demuestra la falta de justificación de la orden de prisión bajo fianza para Remedios García, cuya acusación de “posible colaboración con banda armada” ha quedado completamente desmontada.

El recurso de apelación de más de 30 folios entra de lleno en los motivos de fondo del caso, y constituye un revelador documento sobre la realidad del terrorismo en Colombia y la naturaleza del conflicto armado que desangra a este país desde hace más de un siglo.

Derechos humanos y terrorismo en Colombia

Al establecer el contexto del caso, el abogado Enrique Santiago constata cinco elementos que son centrales para entender el conflicto colombiano, y que son permanentemente tergiversados por el ejecutivo colombiano y los grandes medios de comunicación, en su estrategia de criminalización de quienes buscan una salida dialogada a la guerra en Colombia:

1. La existencia de un conflicto armado encardinable en los parámetros establecidos por las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 1977.

2. Las FARC-EP inician actividades armadas de manera ininterrumpida desde el 27 de mayo de 1964, y se expanden después por toda Colombia, en más de 60 frentes. Cumplen por tanto las condiciones del Protocolo II de 1977 para la aplicación al conflicto colombiano de las Convenciones de Ginebra de 1949, y su consideración como fuerza beligerante.

3. La probada connivencia del Estado colombiano con organizaciones incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea (como las AUC y las AUCC), como lo indica el hecho de que 45 congresistas del Partido del presidente Uribe se encuentran suspendidos y sometidos a investigación por la Corte Suprema de Justicia Colombiana.

4. Todas las fuerzas beligerantes en el conflicto colombiano - incluyendo a las FARC- han incurrido en numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario contenido en las 4 Convenciones de Ginebra, provocando numerosas víctimas civiles.

La distribución de las responsabilidades por las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario ocurridas en Colombia en 2007 es como sigue, atendiendo a cifras del CINEP (prestigiosa organización de derechos humanos, dependiente de la Compañía de Jesús):

De 1670 violaciones de derechos humanos reportadas en 2007:
-858 (51,3%) se imputan al Estado colombiano (fuerzas armadas y policiales).
-580 (34,7%) se imputan a grupos paramilitares.
-176 (10,5%) se imputan a las FARC.
-8 (0,4%) se imputan al ELN
-5 (0,2%) se imputan a agentes extranjeros
-4 (0,2%) se imputan a “guerrilla”, sin especificar.

Se refuta así la afirmación del Auto que decreta la prisión provisional para Remedios García, en el que el Juez Garzón afirma que “las FARC-EP constituyen la mayor y más sangrienta organización terrorista en la actualidad en Colombia”.

Según queda demostrado a la vista de los datos objetivos, la defensa de Remedios García demuestra que “con mucho, el mayor violador del Derecho Internacional Humanitario en Colombia es el propio Estado, seguido por organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN”.

5. “Todos los actores del conflicto colombiano - empezando por el propio Estado- vienen utilizando métodos terroristas”. Para sustentar esta afirmación, el abogado aporta al tribunal varios documentos de incontestable peso:

-Informe Anual de Amnistía Internacional 2008, donde se constata que los grupos paramilitares tradicionales siguen operando en Colombia con nombres nuevos y hay informes que señalan la connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad.
- Informe del Departamento de Estado de EE.UU. del 11 de marzo de 2008, que señala las conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de altos grados de impunidad en el país.
- Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 28 de febrero de 2008, que constata que la Corte Suprema de Justicia inició investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 congresistas, 4 exgobernadores y 18 exalcaldes; la Procuraduría destituyó e inhabilitó al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupción. De todo ello, el informe de la Alta Comisionada concluye que “se ha revelado el alto grado de infiltración paramilitar en el Estado”.
- 8º Informe Trimestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de Estados Americanos, publicado en febrero de 2008, que identificó 22 nuevas estructuras paramilitares, con aproximadamente 3.000 integrantes, que entre junio de 2006 y junio de 2007 perpetraron al menos 230 homicidios de civiles, por su cuenta o con la connivencia de la fuerza pública.

FARC-EP y Raúl Reyes ¿terroristas?

Sobre la consideración jurídica de las FARC-EP como organización terrorista en España, el abogado Enrique Santiago hace notar que la inclusión de las FARC en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, se decidió por resolución del Consejo europeo, al margen de ningún procedimiento judicial.

Santiago destaca el carácter administrativo y político de dicha medida, y afirma que para considerar los tribunales españoles a las FARC como organización terrorista, será necesario que previamente un tribunal español haya establecido en sentencia firme dicho carácter, lo que a fecha de hoy no ha ocurrido. Destaca que éste ha sido el criterio mantenido por otros tribunales penales europeos, como es el caso de Dinamarca, donde simpatizantes de las FARC fueron juzgados y absueltos del delito de colaboración con banda armada, al no quedar acreditado el carácter “terrorista” de dicha organización.

La defensa de Remedios García destaca que la inclusión de las FARC en la lista de organizaciones terroristas de la UE no es suficiente para que un tribunal español las considere terroristas, ya que esta consideración ni siquiera es seguida unánimemente por los países miembros, y hay países como Noruega, que rechazan su aplicación. Las FARC no están incluidas en la lista de organizaciones terroristas del Reino Unido, ni de Naciones Unidas.

De hecho, la Corte Europea de Derechos Humanos ha anulado en varias ocasiones la inclusión de personas y organizaciones en esa lista. El recurso cita los casos del filipino José María Sison, portavoz de la guerrilla comunista filipina en Europa, y el caso de la organización iraní “Muyaidin al Jaq”, donde la Corte Europea ordenó eliminar a ambos de la lista de terroristas.

Afirma Enrique Santiago que “todo lo indicado en este motivo sobre la no consideración de las FARC, desde el punto de vista estrictamente procesal, como organización terrorista en España, deberá ser aplicado a alias Raúl Reyes, respecto al cual no existe ninguna sentencia condenatoria por terrorismo ni en España ni en Colombia”.

Inocencia de Remedios García

Afirma la defensa que Remedios García “viene manteniendo una comunicación esporádica pero constante con los miembros de la denominada “comisión internacional” de las FARC al menos desde el año 2000″.

En junio de 2000 se realizó en la localidad madrileña de Alcalá de Henares un encuentro entre representantes del gobierno colombiano y las FARC, organizado por la ONG OSPAAAL, el Ayuntamiento y la Universidad de Alcalá de Henares. Remedios García fue una de las principales organizadoras del encuentro, desde su responsabilidad como técnico en resolución de conflictos de la ONG OSPAAAL.

Recuerda la defensa que “en esa época, las FARC eran una organización ilegal en Colombia, tildada de terrorista por el Gobierno de ese país, acusada de ser responsable de numerosas infracciones del Derecho Internacional Humanitario, con menores residiendo en sus campamentos y acusada de masacres que constituirían crímenes de lesa humanidad. Los responsables de la FARC, y concretamente (a) Raúl Reyes, fueron recibidas en el Parlamento español por los portavoces de todos los grupos parlamentarios”.

En esa época, “los representantes de las FARC fueron recibidos por los gobiernos de España, Noruega, Suiza, Suecia, El Vaticano e Italia. En nuestro país se reunieron públicamente, además de los encuentros parlamentarios ya mencionados, con representantes de la CEOE, de UGT, de CCOO y con el Presidente el Congreso, Don Federico Trillo Figueroa. Mención especial merece la visita de (a) Raúl Reyes a la Generalitat Valenciana, encabezada en ese momento por el Sr D. Eduardo Zaplana, donde fueron recibidos con todos los honores por el gobierno autonómico en pleno.

Posteriormente, en Colombia en febrero de 2.002 tres candidatos presidenciales (Horacio Serpa, Ingrid Betancourt y Luís Eduardo Garzón) acudieron en medio de la campaña electoral presidencia al campamento de alias Raúl Reyes para mantener reuniones con él. Y hasta el Presidente de la Bolsa de Nueva Cork, Richard Grasso, peregrinó en su día al campamento de alias Raúl Reyes, con el cual mantuvo una calurosa reunión”.

La defensa afirma que Remedios García ha venido manteniendo comunicaciones con los responsables de relaciones internacionales de las FARC en el marco de su trabajo de contribución a la resolución del conflicto colombiano y a los esfuerzos de aplicación del Derecho Internacional Humanitario a dicho contexto. Y resalta que todas las comunicaciones y contactos mantenidos por Remedios García con miembros de las FARC lo han sido con personas integradas en la “comisión internacional”, no habiendo mantenido contacto con dirigentes dedicados a las tareas “militares” de la organización. Al respecto, Remedios García ha desmentido conocer o haberse reunido con alias Juan Santrich, como afirma la acusación.

Las “pruebas” del “ordenador de Raúl Reyes”

Afirma el abogado Enrique Santiago en el recurso que los correos electrónicos remitidos por las autoridades colombianas a las españolas como presunta prueba de las relaciones orgánicas de Remedios García con las FARC, tienen origen en una incursión realizada por el Ejército Colombiano en territorio ecuatoriano el pasado mes de marzo, que por no ser consentida por las autoridades ecuatorianas ha supuesto la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países, por violación de la soberanía de la República de Ecuador.

Esos correos electrónicos habrían aparecido en los ordenadores y elementos informáticos supuestamente incautados a alias Raúl Reyes en territorio ecuatoriano.

Afirma el abogado que “el origen ilegal de las pruebas indiciarias que dan origen al procedimiento invalida cualquier posible acusación contra mi representada, así como cualquier posterior prueba obtenida en la investigación. El origen ilegal de las pruebas o indicios que dan origen a las actuaciones vicia todo el procedimiento, incluidas las pruebas incriminatorias obtenidas de forma lícita con posterioridad”.

El origen ilegal de los indicios y pruebas se aprecia claramente por los siguientes hechos:

1.- Entre las circunstancias en las que presuntamente se obtuvieron los elementos informáticos aparecen hechos que necesitan ser investigados: violación del espacio aéreo ecuatoriano, violación territorial, violación a los derechos humanos de los prisioneros y ejecución de heridos y prisioneros de manera extrajudicial. Debe de investigarse, por tanto, las posibles violaciones al derecho internacional y a las Convenciones de Ginebra. El hecho de que puedan existir estos delitos invalida por completo cualquier tipo de acusación basada en unas supuestas evidencias incautadas, ya que, una acción delictiva no puede promover pruebas valederas para la acusación de otro hecho.

2.- El ejército colombiano no puede decomisar fuera de su jurisdicción: según las autoridades colombianas la aprensión de los referidos elementos informáticos se produjo en la referida incursión en territorio ecuatoriano. No sería válido el término decomisar ya que éste sólo es válido cuando la acción es bajo propia jurisdicción.

3.- El “Informe forense de INTERPOL sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia”, supuestamente incautados en la incursión militar del 1 de marzo de 2008, cuestiona la posibilidad de su uso ante los tribunales de justicia.

En el propio informe se asegura, en diversos puntos, y en la conclusión 2b, que entre el 1 y el 3 de marzo hubo irregularidades y no se siguió el protocolo internacional que admitiría un tribunal. Las pruebas fueron obtenidas ilegalmente y sin respetar la debida cadena de custodia y, por tanto, no debería ser válidas ante ningún tribunal.
Conclusiones

La defensa de Remedios García concluye que “de lo que se desprende del Auto -y de las publicaciones que el diario “El País” ha hecho del contenido del Sumario, pese a estar secreto- podemos afirmar que no existe prueba de cargo suficiente para enervar la inocencia de nuestra mandante, y todo ello porque no ha cometido delito alguno. Siendo, por tanto carente de sentido y del todo desproporcionado, incluso desmotivado, dicho siempre en estrictos términos de defensa, la imposición de prisión preventiva eludible bajo fianza de 12.000 Euros”.

En primer lugar, los correos electrónicos que son la base de la acusación contra Remedios García se han obtenido del ordenador de alias Raúl Reyes, todos enviados a o supuestamente remitidos por ella, sin ninguna validez jurídica, y para mayor abundamiento, reconocidos solo en parte por Remedios García. Dichos correos, en ningún caso, contienen elementos que corroboren que ha colaborado con ninguna organización terrorista.
En segundo lugar, Remedios García, ha explicado en qué consistieron sus viajes a los campamentos donde se encontraba la llamada Comisión Internacional, a los que han acudido multitud de personas de diferentes nacionalidades, organizaciones políticas, financieras e incluso cargos públicos, como los ya mencionados candidatos presidenciales colombianos, el presidente de la Bolsa de Nueva York o la delegación de diputados del Parlamento Europeo que recientemente acudió al campamento de alias Raúl Reyes. Remedios García ha aclarado que en ningún caso se trataban de campos de entrenamiento militar, que no se encontraba en territorio colombiano que ella supiera, ya que se trataba de zonas en la selva a las que accedió desde otros países en ambos casos y que jamás ha visto a menores “combatientes”. Que sus viajes a estos campamentos han estado relacionados con su actividad como mediadora para la paz y su trabajo humanitario.
En cuanto al dinero trasladado a Europa en la cantidad de 6.000 dólares, Remedios García explicó que efectivamente le entregaron un dinero en su visita al campamento para que se lo hiciera llegar a una persona en Suiza -refugiado colombiano y no “representante de las FARC en Suiza como ha desmentido convenientemente el gobierno suizo- que se encontraba gravemente enferma, que debía operarse y que al carecer de seguridad social debía hacer frente al pago de la operación. Según afirma su defensa, Remedios García “actuó como hubiera hecho cualquier persona de bien, esto es, hacer llegar a un enfermo la cantidad necesaria de dinero para hacer frente a la operación, esto es, hacer frente a un estado de necesidad, sin imaginar que ese hecho podría desencadenar la detención y la puesta a disposición por un presunto delito de colaboración con banda armada. Tal es así, que desde el primer momento reconoció que había efectuado ese traslado de dinero y que conocía al destinatario del mismo”.
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