Manuel Murino estuvo en la presidencia solo cinco días después de reemplazar a Martín Vizcarra.

¿Por qué Perú vive esta crisis política?

Los escombros de la clase política que se instaló en Perú hace 20 años parecen estar pasando factura. La crisis que golpea desde 2016 al país, donde los mandatarios de las dos últimas décadas han resultado investigados por hechos relacionados con corrupción, deja como saldo el nombramiento de tres presidentes en tan solo cuatro años, luego de que el Congreso destituyó por “incapacidad moral” a Martín Vizcarra, a quien lo sucedió el jefe parlamentario Manuel Merino, quien anunció este domingo su renuncia cinco días después de haber asumido el cargo, en medio de masivas protestas en su contra y luego de que el Congreso lo exhortara a dimitir bajo amenaza de destituirlo de todos modos.
Foto tomada de: canalrcn.com

Bajo este panorama, la tensión y confrontación constante entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se levanta como la principal causa de la inestabilidad política que atraviesa Perú y que parece no tener tregua de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de abril de 2021.

En medio del malestar que experimentan los peruanos, las protestas no se hicieron esperar. Esta semana se presentaron marchas en todo el país, las más grandes desde la salida del poder de Alberto Fujimori en el año 2000. Así mismo, organismos de derechos humanos alzaron su voz contra la represión de los manifestantes, mientras que la Organización de los Estados Americanos (OEA) confirmó que enviará una misión de observación electoral para la preparación de los comicios generales del 2021.

Aunque parecería que Perú vive un momento de convulsión política extraordinaria, tras años durante los cuales los presidentes habían permanecido los cinco años de su gestión, en la historia del país, las crisis son mucho más que frecuentes y se remontan hasta la década de los 90, con Fujimori a la cabeza, teniendo su clímax en 2017, cuando el escándalo de la operación Lava Jato explotó y salpicó a todos los presidentes de Perú desde 2001.

En 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski subió al poder, esas turbulencias latentes entre el Ejecutivo y el Legislativo estallaron cuando el Congreso realizó dos mociones de destitución presidencial (vacancia) que llevaron a su renuncia y al ascenso, en marzo de 2018, de Vizcarra, ahora investigado por corrupción por cuenta de un presunto delito de tráfico de influencias cuando era gobernador del departamento de Moquegua, entre 2013 y 2014.

Lejos de amainarse, las tensiones entre el presidente y el Congreso se incrementaron y, con un nulo apoyo de bancadas, Vizcarra decidió hacer uso de sus facultades para disolver el Parlamento, lo cual llevó al país a unas atípicas elecciones legislativas el año pasado, que derivaron en que el nuevo y fragmentado Congreso lo destituyera y que la batuta del país fuera asumida por Merino, quien cuenta con muy poco peso político, de ahí que en parte tuviera que renunciar.

“La vacancia es un elemento muy laxo en la Constitución peruana que hace que, como presidente, no puedas perder el control del Parlamento, porque cuando eso ocurre corres el riesgo de ser destituido. La diferencia de Kuczynski y Vizcarra, respecto a sus antecesores, es que ellos no tuvieron una mínima correlación parlamentaria que les permitiera gobernar”, le dijo a EL TIEMPO José Carlos Requena, analista político y columnista del diario El Comercio de Perú.

“Todos los presidentes, después de 2001, tenían algún nivel de arreglo parlamentario, pero Vizcarra no contaba con ningún congresista a su favor, por lo que a pesar de disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones, paradójicamente sin presentar su propia lista parlamentaria, lo que ocurrió fue que quedó a merced de un grupo de bancadas inexpertas, con agendas subalternas y que terminaron encontrando una justificación para destituirlo”, puntualiza Requena.

Para los analistas, más que obedecer a una acción jurídica, la decisión del Congreso peruano es “una jugada política”. “Pese a que hay razones de peso para evidenciar que sí hubo actos de corrupción que involucran a los expresidentes, las decisiones del Congreso responden a una estrategia política que utiliza, de una manera bastante elástica, las herramientas que están en la Constitución para hacer contrapeso político”, explicó, por su parte, Andrés Calderón, director del departamento de Derecho de la Universidad del Pacífico de Perú.

“Pasamos de ser un país presidencialista a tener un modelo más parlamentarista, en el que la decisión actual de quién es el presidente la toma el Congreso. Lo preocupante es que bajo esa realidad vamos a estar hasta las próximas elecciones”, señaló Calderón.

Para los analistas, más que obedecer a una acción jurídica, l
a decisión del Congreso peruano, sobre la destitución de Vizcarra, es una jugada política

De acuerdo con el informe del Barómetro de las Américas 2019, la Rama Legislativa de Perú cuenta con una desaprobación de 72 por ciento, cifra que se ha mantenido según encuestas locales recientes. “Es válido preguntarse si lo que sentimos es más bien una insatisfacción ante la justicia. Eso ha generado una desconfianza generalizada en donde la gente ni cree en los políticos tradicionales ni en las nuevas fuerzas, también salpicadas por la corrupción”, puntualizó Calderón.

Corrupción

La pandemia de la covid-19 provocó una crisis sanitaria y económica en Perú que ya suma más de 6,5 millones de desempleados, un disparo exacerbado de la pobreza y la tercera peor caída económica a nivel global en 2020 con la reducción de 12 puntos del producto interno bruto, según el Banco Mundial.

Pese a este panorama, la corrupción sigue siendo lo que más preocupa a los ciudadanos. En relación con “la percepción del involucramiento de los políticos en la corrupción”, Perú cuenta con el porcentaje más alto de América Latina y el Caribe, con un 95 por ciento, según cifras del Barómetro de las Américas.
Protestas en Perú 1

“La corrupción ha vuelto a ser un tema importante para los peruanos, a pesar de la pandemia. Que Vizcarra, considerado como el líder que por fin intentaba luchar contra este delito, sea investigado hace que el ingrediente principal de las elecciones del 2021 pase a ser la lucha anticorrupción”, explica Requena.

Sin embargo, con más de 20 posibles candidatos presidenciales, y ninguno fortalecido, la situación parece compleja.

“Si el gobierno no atiende los reclamos populares, eso puede generar, incluso, una mayor inestabilidad que, o bien generará una nueva figura política, o terminará afectando a los mismos partidos políticos que integran el Congreso”, explica Calderón, al recalcar que “las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso no se van a resolver hasta que se cambie estructuralmente el andamiaje jurídico y constitucional del país”.

Por lo pronto, los analistas coinciden en que la popularidad con la que salió del poder Vizcarra (78 por ciento, según Ipsos) se “diluirá” conforme avance su proceso judicial.

De hecho, la justicia peruana le prohibió salir del país por 18 meses. Por eso, lo que hay que ver es quién logrará conectar con el descontento generalizado hacia el Congreso y hacia la desgastada figura presidencial de los últimos 20 años.

STEPHANY ECHAVARRÍA NIÑO
REDACCIÓN INTERNACIONAL