Colombia

Se ensañan contra Piedad Córdoba

El traslado del proceso de Piedad Córdoba de la Corte Suprema de Justicia a la Unidad Antiterrorismo es un hecho grave contra todo lo que ella representa

En el año 2010 se conocía la decisión de la Procuraduría General de la Nación, bajo el primer mandato de Alejandro Ordóñez, que sancionaba a la senadora liberal Piedad Córdoba quitándole sus derechos políticos por 18 años. Según el Ministerio Público la congresista cometió delitos de lesa humanidad por el intercambio epistolar que hizo con el jefe insurgente Raúl Reyes.

En aquella época la ex congresista, junto a Colombianos y Colombianas por la Paz, buscaba fórmulas para bajar la intensidad del conflicto y encontrar puentes de diálogo entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno nacional, además de contribuir a la liberación de miembros de la Fuerza Pública retenidos por esa guerrilla. Su trabajo fue reconocido a nivel internacional y logró posicionar en el foco internacional la necesidad de poner fin al conflicto colombiano.

La administración de Ordóñez compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que su juez natural investigue a la legisladora por delitos de lesa humanidad:

“Está comprobado que la senadora instó a ese grupo para que fuera hostil contra miembros de partidos políticos y servidores públicos, acordó estrechar relaciones con miras a apoyar un nuevo gobierno con la ayuda de gobiernos de otros países, emitió consejos al grupo subversivo frente al envío de videos de personas retenidas y la entrega de pruebas de vida de los secuestrados a gobiernos extranjeros, dio información a las FARC sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de los secuestrados, concedió declaraciones en diferentes actos públicos, colaboró con la defensa de algunos ex jefes y miembros del grupo guerrillero en procesos judiciales seguidos contra ellos y ejerció actos de promoción para favorecer a las FARC”, argumentó el procurador.

Cuatro años después, y sin que la Corte Suprema de Justicia pudiera encontrar mérito alguno para decidir sobre la situación jurídica de Piedad Córdoba, se conoció que su proceso será trasladado de manera irregular a un despacho de la Unidad Contra el Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación. Un hecho que para muchos es calificado como violatorio de sus derechos en la ya sistemática persecución a que ha sido sometida, precio que ha tenido que pagar por jugársela toda su vida por la paz y la justicia social.

“La Corte cambia la jurisprudencia frente a lo que ha venido presentándose pues los congresistas son aforados y deben ser juzgados por esa instancia. Pero en mi caso se cambió la jurisprudencia de la noche a la mañana, a lo que se suman cuatro años del proceso de lesa humanidad, 12 de otros procesos”.

Lo más grave para la ex congresista es que en este nuevo caso de persecución a la oposición política podría ser detenida de manera preventiva de acuerdo a los delitos que le imputaría la Fiscalía, si es que ésta acoge los argumentos que el procurador Ordóñez esgrimió en su contra. “El patrón de persecución es el mismo en Marcha Patriótica: primero estudiantes universitarios y después un dirigente nacional de relevante altura como Húbert Ballesteros, pero ahora me quieren a mí”, explicó en VOZ Piedad Córdoba.

No es la primera vez que las altas cortes de manera unánime le niegan derechos a Piedad Córdoba. Hace apenas dos semanas se hizo pública la decisión de la Corte Constitucional de negarle una tutela presentada para que por esa vía le fueran restituidos sus derechos. A juicio de la vocera de Marcha Patriótica no se puede entender cómo la Justicia avanza tan rápido cuando se trata de casos de la oposición política. “Una capacidad tan veloz para darme muerte política, pero en la Corte Suprema de Justicia estamos allí por el cartel de testigos”. Piedad Córdoba anunció que serán los tribunales internacionales los que juzguen su destino pues en Colombia no tendrá garantías.

Redacción Política Voz (Colombia)