Latinoamérica

Bolivia. La condena de cárcel contra Áñez es sólo el inicio para restaurar la verdad y la justicia

Diez años de prisión efectiva dictaminó el Tribunal Primero de Sentencia por voto unánime contra los golpistas de noviembre de 2019, Jeanine Áñez, Williams Kaliman y Vladimir Yuri Calderón. Los dos últimos condenados aún se encuentran prófugos de la justicia.

Por primera vez en la historia reciente de América Latina es llevada a la cárcel una de las máximas figuras responsables de los llamados “golpes de Estado blandos”, como los instigados por las fuerzas del autoritarismo conservador y oligárquico y los intereses corporativos de Washington a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012), y Dilma Rousseff en Brasil (2016).

Se ha empleado la expresión “golpe de Estado blando” para diferenciar la caída de presidentes y gobiernos democráticamente elegidos con métodos “menos violentos” que los golpes de Estado militares que asolaron América Latina entre los 50 y 80 del siglo XX.

La plataforma mediática de debate crítico En La Pirqa, surgida durante la resistencia boliviana contra el régimen golpista y en la actualidad ampliada a temáticas latinoamericanistas, para analizar la reciente condena contra los conspiradores entrevistó al abogado constitucionalista Gustavo Medina y al militante de la Coordinadora Memoria, Verdad y Justicia, Fernando Méndez, ambos luchadores sociales del país andino.

Gustavo Medina explicó que Jeanine Áñez “tiene ocho acusaciones en su contra. La primera es por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición. Esa querella criminal, a diferencia de la condena apenas ocurrida, se llama “caso Golpe de Estado I”. Luego viene otra demanda por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Ese proceso penal es el nombrado como “caso Golpe de Estado II”, y por él ha sido penalizada con diez años de cárcel”, y agregó que, “También, Áñez tiene otra querella penal por detención arbitraria, privación de la libertad y tortura, porque cuando ya fungía como presidenta de facto junto con su gabinete, detuvieron a varias personas a quienes sometieron a torturas, lo que se encuentra documentado por la Comisión de Derechos Humanos que visitó Bolivia y otras entidades internacionales. Estos tres casos están ventilándose en la jurisdicción ordinaria”.

-¿Y los otros cinco procesos en curso?

Se enmarcan en juicios de responsabilidades o juicio político, que deben realizarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ocurre que antes de que Jeanine Áñez se autoproclamara presidenta del país, emitió ciertas resoluciones que quebrantaron el reglamento de la Cámara de Senadores. De acuerdo a la norma, la presidencia de la Cámara Alta debe sostenerla la bancada que goza de mayoría, mientras que la vicepresidencia recae en la segunda en votaciones democráticas, y la segunda vicepresidencia le corresponde a la bancada de minoría. Áñez, como segunda vicepresidenta, en ningún caso podía asumir la presidencia senatorial. De hecho, ante la renuncia coaccionada del presidente y el vicepresidente del Senado, a ella le correspondía convocar a una sesión de esa cámara para recomponer su directiva. Y aquí hay un dato muy curioso. Entonces, un senador de oposición del departamento de Potosí tenía el consenso para ser nombrado jefe del Senado. Sin embargo, pasó que la señora Áñez se autoproclamó presidenta de la Cámara de Senadores, quebrando el reglamento y desde su nueva auto-condición llamó a una sesión del Congreso Nacional, que careció que quorum porque no se permitió participar a senadores y diputados del Movimiento al Socialismo, MAS. En la reunión irregular, y mediante otra resolución, Áñez se autoproclamó presidenta del Estado. Ha sido tan clara la violación de la Constitución, que por ello logró avanzar rápidamente esta acusación condenatoria. Al respecto, los artículos 169 y 170 de la Constitución del Estado son meridianamente claros respecto de la forma en que debe efectuarse la sucesión del presidente y vicepresidente del país.”

-¿Cómo pudo tomar semejante atajo?

Lo de Áñez fue un “golpe de Estado blando”, esos que se intentan envolver con algún viso de legalidad. En la realidad, allí concurren las tradicionales fuerzas cómplices golpistas, como los jefes de las Fuerzas Armadas, de las policías, grupos conservadores asociados a la derecha rancia, los cuales jamás han dejado de acechar los procesos democráticos con el objetivo de asaltar el poder estatal y hacerse de sus recursos para sus fines particulares.

-¿Y cuáles fueron sus pasos inmediatamente luego de su auproclamación presidencial?

Sacó a los militares a la calle y emitió un decreto supremo tremendamente cuestionado por los organismos internacionales de Derechos Humanos, donde se dotó de licencia para matar a las Fuerzas Armadas contra la ciudadanía inerme del país. Por esos decretos contamos más de dos docenas de muertos. Áñez por la fuerza se impuso y por la fuerza comenzó a beneficiar con los bienes comunes a los grupos de poder que la llevaron a su presidencia de facto. Por ejemplo, retiró dos mil millones de dólares del erario público para costear las deudas de grandes corporaciones privadas.

Recomponer la memoria y sacar lecciones

Por su parte, Fernando Méndez hace parte de la Casa del Alba de donde emergió la Coordinadora Memoria, Verdad y Justicia. La agrupación ha realizado 41 vigilias los días viernes.

-¿Para qué una organización que reivindica memoria, verdad y justicia?

Entre tantas razones, para intentar hacer frente al poder mediático y las corporaciones que han sido parte del golpe de Estado; exigir la verdad histórica y la justicia, ya no sólo a nivel institucional, sino que en todos los ámbitos de la vida social de nuestros pueblos campesinos, indígenas, originarios, afrodescendientes.

-Desde tu perspectiva, ¿qué elementos hicieron posible la condena de Áñez?

Al respecto, existe un detalle secuestrado por la memoria y por los grupos de interés. Se trata del papel jugado por la exparlamentaria Lidia Patty, quien inició el proceso judicial contra el golpismo.

-¿Y cómo las fuerzas enemigas de los intereses populares fueron creando las condiciones para asestar el golpe?

Antes de Áñez, fueron quemados locales del Movimiento al Socialismo, MAS; a una de las autoridades de la Asamblea Plurinacional le fue secuestrada su familia, lo que lo llevó a renunciar al Congreso para evitar las torturas y daños de sus cercanos. A lo anterior hay que agregar la huelga de más de un mes del gremio médico, cuyo objetivo fue cercar y convulsionar a la población, especialmente urbana. En el marco de las elecciones de octubre de 2019, los poderes elitistas hicieron detonar protestas de sectores pudientes, de la autodenominada “clase media”, tras el falso discurso del supuesto fraude electoral donde triunfó Evo Morales. Otra vez, el relato fue fabricado por la industria mediática internacional, incluidas las redes sociales. Entre las elecciones presidenciales y el golpe de Estado pasaron 21 días. Y lo que en ese lapso ocurrió no debe olvidarse jamás. Fue entonces que apareció en Cochabamba el grupo paramilitar Cochala, que se dedicó a golpear mujeres de pollera, populares, y en un acto nazi-fascista, capturaron a la alcaldesa de Vinto, le cortaron el pelo y le arrojaron pintura en público.

-¿Las expresiones de racismo y aporofobia que colaboraron para la formación de la atmósfera necesaria para justificar un golpe de Estado, surgieron coyunturalmente?

En realidad, estos grupos paramilitares, como la autodesignada ‘Resistencia Juvenil Cochala’, que existen en todos los departamentos del país, fueron inoculados por la oligarquía desde hace muchos años para cometer actos de violencia sistemática contra las autoridades del MAS. Coyunturalmente, Cochabamba se convirtió en la cabeza de playa del desembarco del golpe de Estado. En la ciudad los paramilitares se movilizaban en motos (‘motoqueros’) con el fin de aterrorizar a la población, en lo que corresponde al momento de la guerra psicológica contra el gobierno popular. Tampoco es posible olvidar que el motín policial de esos días se inició en Cochabamba. ¿Si el jefe del Ejército “sugiere” que el presidente Evo Morales renuncie a su cargo, podemos seguir hablando de un golpe ‘blando’? Tal vez la única diferencia con los golpes de los 60 y 80 del siglo XX, fue que los intereses de las oligarquías de extrema derecha y de Estados Unidos, en esta oportunidad tratan de darle una apariencia de legitimidad a la violenta interrupción de la democracia. No obstante, la condena contra Áñez hizo desaparecer cualquier pretensión de legitimidad legal al golpe.

-¿Por qué las fuerzas antipopulares debían dar el golpe y sangrar a la Bolivia históricamente postergada?

Porque en Bolivia se estaba y se está nuevamente desarrollando un proceso inédito de profunda democratización, ejemplo mundial que los mezquinos intereses mencionados deben aplacar. Esas fuerzas reaccionarias trataron de evitar el levantamiento y la autodeterminación de nuestros pueblos, de Nuestramérica y el Caribe.

-¿La Coordinadora Memoria, Verdad y Justicia está satisfecha con la condena de Áñez?

Sólo es el inicio de uno de los procesos contra el golpismo. No tiene nada que ver con los delitos de lesa humanidad cometidos en las masacres de Sacaba y Senkata ni con las ejecuciones extra-sumariales que contiene el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI).
Para nosotros, el juicio a Áñez es una puerta abierta para restaurar la justicia en nuestra población. Y esa justicia no se limita a los actores visibles por arriba, sino que también a los fenómenos que afectan las interacciones del conjunto de la sociedad y sus entidades en todos sus niveles.
El golpe de Estado ha tenido cara racista; se ha torturado y asesinado; se han cometido crímenes de lesa humanidad, pero básicamente misóginos. Ha dañado especialmente a las mujeres con el objetivo de someterlas. Nosotros queremos la despatriarcalización de la sociedad. ¿Cuántos feminicidios se ejecutan en Bolivia respecto de su población? ¿Cuántas agresiones intra-familiares o agresiones de género? El golpe de Estado ha validado la violencia machista, y eso hay que hacerlo retroceder.
El golpe destapó el fascismo racista, discriminador y patriarcal. Incluso, los medios masivos de comunicación han estigmatizado el término “masista” (del MAS), como una condición negativa. Sin embargo, y en su reverso, la Wiphala hoy es un símbolo de rebeldía internacional. Y esa lucha persiste.