Bolivia

Caso Murillo: la UIF y la Fiscalía se aplazan

Luego de las elecciones de octubre pasado, la gran mayoría de los bolivianos tenía la esperanza de que los casos de corrupción sean aclarados, procesados y castigados.

En los últimos días, la opinión pública de nuestro país ha sido sacudida por la detención en Estados Unidos de Arturo Murillo, exministro de Áñez, por el caso de lavado de dinero en la compra de gases lacrimógenos. El proceso judicial que causa su detención no reside en Bolivia, sino en Estados Unidos.

Sorpresa y perplejidad en toda Bolivia porque se demuestra la total ineficiencia del sistema de investigación financiera y el sistema judicial boliviano, dado que las operaciones financieras surgieron en Bolivia; instituciones que ni siquiera han prevenido la fuga de personas y la salida de dinero indebidamente apropiado. Perplejidad también porque este caso ya fue denunciado, incluso documentalmente, por Gigavisión hace un año atrás (1 de junio de 2020)..

En Bolivia, el Ministerio Público, pero más específicamente la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), tienen mandatos legales claros: investigar y castigar la corrupción y el lavado de dinero o legitimación de ganancias ilícitas; sin embargo, un sistema investigativo y judicial extranjero mostró más interés o más eficiencia en este caso.

Adicionalmente, según informes oficiales, las cajas de seguridad de Murillo en el Banco Nacional de Bolivia se vaciaron hace menos de 45 días. Cabe concluir que, hasta hace escasamente un mes, la UIF no había encendido las alarmas y tomado las medidas necesarias para evitar que Murillo sacara dinero y/o bienes o documentos del sistema financiero boliviano. Esto es inaceptable si además se conoce las múltiples denuncias de corrupción hechas contra Murillo por parte de parlamentarios, dirigentes de organizaciones sociales e incluso nuestro actual Ministro de Gobierno.

La UIF tiene competencia y atribución legal para conocer e investigar cualquier movimiento financiero en bancos nacionales y solicitar —a través de la red mundial de UIF— información de cuentas de bolivianos (como Murillo) en bancos extranjeros. Así lo hacen todas las UIF del mundo, que son parte de un sistema interconectado para investigar operaciones financieras que muestren indicios de ser de origen ilícito. La valiosa información así conseguida, debe ser entregada por la UIF a la Fiscalía para que continúe el proceso. La UIF debiera, incluso, realizar “de oficio” esas investigaciones, más aun existiendo los antecedentes ya mencionados.

Por otro lado, es vergonzoso que el Fiscal General recién el 27 de mayo anuncie que “congelarán las cuentas de Murillo en el exterior”, luego de que éste haya vaciado tranquilamente todas sus cajas de seguridad en el BNB el pasado 15 de abril. No tiene calificativo la forma de actuar del fiscal general Juan Lanchipa cuando él mismo informa que Murillo fue imputado en Bolivia el 12 de enero de este año (hace casi cinco meses).

Estas inconductas van más allá de una simple “lentitud” o “ineficiencia”. Estos hechos debían llevar a la renuncia del mismo fiscal general Lanchipa y de muchos otros fiscales y autoridades que no cumplen con su país y con su mandato legal y constitucional.

Lo que ha pasado no solo muestra una clara ineficiencia de funciones, que ya es grave, lo que ha pasado constituye además una traición a todos los principios constitucionales y democráticos que inspiran al actual Gobierno.

Nuestro presidente Luis Arce ha denunciado que el gobierno golpista de Áñez ha dejado en muy mal estado a la economía nacional, es lamentable que sus propias autoridades no estén a la altura de su gestión de gobierno y no hayan investigado debidamente éste y otros casos.

Quienes defendemos el proceso de cambio instalado en el país hace más de 15 años, por lealtad con nuestro pueblo, no podemos callar hoy. Es la crítica constructiva y no el silencio, la que ayuda a avanzar en bien de los objetivos nacionales y plurinacionales del actual Gobierno.

Este tipo de autoridades no están a la altura de lo que necesita y merece un pueblo como el boliviano que, con gran coraje y mediando trágicas muertes de héroes y heroínas, echó del gobierno a Áñez, a Murillo y a todo el golpismo. Las muertes de Senkata, Sacaba, Pedregal, Huayllani y muchas otras deben honrarse defendiendo la justicia y castigando la corrupción, sin cobardía y sin ineficiencia. La cobardía, la ineficiencia y el dolo deberían ser propios de otros gobiernos, no del nuestro; los militantes del cambio en Bolivia debemos exigir ese elemental compromiso a nuestras autoridades y no esperar que su tarea la hagan fuera del país.

Teresa Morales Olivera es exdirectora de la UIF.

La Razón Digital