Enemigo Público Número Uno

Después de un largo tiempo de investigaciones, el FBI logró apresar a una persona que se vanagloriaba de su poder y ejercía la violencia con placer, sin empatía y sin escrúpulos.

A pesar de la considerable cantidad de crímenes más serios y de víctimas mortales que podían atribuírsele, terminó preso por un relativamente menor crimen económico. No, no estoy hablando de Arturo Murillo: me refiero el famoso capo de la mafia norteamericana Alfonso Capone. También llamado Caracortada, Al Capone supo huir de Nueva York cuando sus crímenes llamaron la atención de las autoridades. Llegó a Chicago buscando un refugio seguro y una vida nueva, donde disfrutaría de sus dólares mal habidos al amparo de amistades de su calaña y de unas autoridades que se hacían de la vista gorda. Lo consiguió por algún tiempo, consolidando su fama de matón y su imperio de crimen organizado. Pero al final terminó acusado de evasión de impuestos y condenado a prisión en la célebre isla de Alcatraz.

Cualquier parecido con la vida y trayectoria de Arturo Murillo, nuestro Enemigo Público Número Uno, es mera coincidencia. Creo.

Lo que no es casual es el ímpetu, la decisión y la saña con la que las autoridades gringas persiguen el soborno, el lavado de dólares o la evasión de impuestos, delitos contra el fundamental valor y principio de ese país: el derecho al dinero. Ahí fue donde Murillo se equivocó: la Justicia norteamericana no iba a perseguirlo por las masacres de Senkata o de Sacaba, las violaciones de derechos humanos no iban a ser óbice para que se le otorgue asilo y se lo proteja en Estados Unidos. Pero robarse unos (muchos) dólares y tratar de blanquearlos en los bancos gringos, eso es imperdonable y merece cárcel inmediata. Bien lo pueden atestiguar Gonzalo Sánchez de Lozada y en especial Carlos Sánchez Berzaín, quien a pesar de estar acusado de asesinatos extrajudiciales sigue libre y campante en Miami, dándose el lujo de aparecer como invitado en conferencias y programas de televisión, opinando sobre Bolivia y alentando todo tipo de sediciones, insubordinaciones y golpes de Estado. La Justicia de Estados Unidos es implacable con quienes cometen crímenes de lesa economía, pero se hace a la loca frente a genocidas y masacradores.

Arturo Murillo tiene muchas probabilidades de terminar como Al Capone: lo sentenciaron a 11 años de cárcel pero salió en siete, después de pagar las multas e impuestos que debía. La pregunta es qué hará al respecto la Justicia de Bolivia. ¿Se lo perseguirá solamente por los actos de corrupción descarada que cometió en el gobierno de facto? ¿O será que aquí sí se lo juzga por los crímenes de lesa humanidad que cometió mientras robaba?

La prisión de Murillo en Estados Unidos es una forma de justicia. Pero no basta. No puede purgar solamente sus robos, cuando hay familias enlutadas y vidas rotas por su prepotencia y la forma sanguinaria en que ejerció la violencia. La última palabra la tienen Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho: así como ahora desconocen a Murillo y se rasgan las vestiduras ante su corruptela ¿darán vía libre a un juicio de responsabilidades al gobierno de Áñez?

Arturo Murillo no es un mafioso solitario. Sus crímenes se cometieron en el marco de un gabinete, con el respaldo de decretos supremos y avales del Banco Central de Bolivia. En los casos de corrupción, así como en los crímenes de lesa humanidad, las responsabilidades son tanto individuales como solidarias. ¿Tendrán Mesa, Camacho y sus asambleístas la integridad necesaria para participar en la investigación y el juicio que le dará un cierre a este periodo amargo de nuestra historia?

Verónica Córdova es cineasta