Chile

La Convención Constitucional y la crisis del régimen

Todo régimen político, como expresión del eventual status quo de la correlación de fuerza entre las clases, busca y buscará institucionalizar cualquier crisis que tenga, tanto por medio de la consabida opción de “dejar que las instituciones funcionen” como por la de recanalizar eventuales quiebres institucionales, como fue el plebiscito.

Por tanto, los esfuerzos del régimen democrático burgués con fuertes tintes bonapartistas en descomposición, no debe extrañar a nadie, menos a los que se pretenden revolucionarios.

Tras el estallido social de octubre de 2019, el régimen político sufre de una descomposición producto de varios factores; unos que venían desarrollándose hacía bastante tiempo y otros que aceleraron su evolución, pero cada uno de ellos sufrió un cambio cualitativo; el agotamiento del neoliberalismo, la división de la burguesía, la crisis socio-económica de la pequeña burguesía y el retraso de la conciencia política de la clase trabajadora, entre otros, generó un escenario de extensión de la crisis política pre revolucionaria por más tiempo de lo acostumbrado.

La crisis política prerrevolucionaria que sufre el sistema de dominación burgués en sus regímenes políticos se caracteriza por reunir eventualmente los factores necesarios para una revolución social, pero quedan estancadas o se congelan a mitad de camino, debido a que la clase trabajadora carece de la dirección política necesaria para la toma del poder. Lo que se explica tradicionalmente, como “los de arriba no pueden y los de abajo no quieren”.

Esto permite que la pequeña burguesía asuma un protagonismo desproporcionado. Sin embargo, las condiciones políticas, económico-sociales y pandémicas motivaron una ampliación anormal de la crisis. Ni la burguesía por las instituciones estatales (menos por el gobierno de Piñera) podía tomar el control sin ser cuestionado, ni la pequeña burguesía podía adoptar la conducción, ni los trabajadores encontraban su dirección, lo que permitía que las masas se auto convocarán y dirigieran la lucha callejera eventuales dirección, carentes de organización y política.

Esto acompañado de la deslegitimación del gobierno, del parlamento, los partidos políticos, las fuerzas armadas, la iglesia, etc., en proceso de crisis particular, que sólo son una expresión más de la descomposición del régimen democrático burgués que se venía dando a distinto ritmo.

Sin embargo, esto no es más que los efectos político y económicos ralentizados de una crisis económica mundial que venía desarrollándose desde hacía algunos años, donde las principales potencias económicas imperialistas habían comenzado a implementar modelos proteccionistas. Esto se fue agravando con la pandemia, como hecho eventual e históricamente pasajero en comparación con los demás procesos en desarrollo.

En este contexto la crisis política nacional sólo viene a manifestarse como efectos de la crisis mundial y el agotamiento del modelo neoliberal local. Efectos que se vuelven causa de descomposición del régimen, de los partidos políticos y el sistema de dominación burgués fortalecido en aras del neoliberalismo.

Caracterizaciones necesarias.

A todos estos procesos que confluirán en su descomposición los conocemos por conceptos propios, que permiten una comprensión y una aquilatación necesaria para poder analizar lo que hay y lo que se viene, sin entregarse a las especulaciones ingenuas o desafortunadas.

Es así que el esfuerzo movilizador de las masas para arrancarle porciones de poder económico, político y social a la burguesía, lo caracterizamos como revolución democrática, porque se da en el contexto de un régimen democrático burgués y no traspasa sus estrechos límites institucionales que pueden ser modificados a su antojo mientras no toquen los fundamentos del sistema capitalista (propiedad privada de los medios de producción, explotación de la clase trabajadora, etc). En cambio los esfuerzos hechos por la burguesía y sus instituciones (gobierno, parlamento, partidos políticos, FFAA., etc.) la definimos como reacción democrática, porque no conllevan derrotas aplastantes de carácter físico de la clase trabajadora, sino que engaños o maniobras de los partidos o instituciones. Estás pueden ser dirigidas por burgueses o sus representantes casi siempre pequeños burgueses ávidos de poder y arribismo social.

Sin embargo, como todo proceso político e histórico es dinámico, especialmente en la conciencia política de las clases en lucha. Mientras la burguesía dividida se resiste por su instinto de conservación en avanzar en concesiones a las masas, aunque sean para mantener su modelos de explotación indemne; la clase trabajadora en cada lucha y movilización que da, sean estas victorias o derrotas, asume mayor comprensión política de su situación, fuerza y objetivo. Aunque este proceso se dé destruyendo anhelos e ilusiones, la clase como tal, se dirige hacia el camino de su rol histórico, la revolución socialista.

De esta manera debemos entenderlo como un proceso que se acelera o ralentiza según la lucha de clases y su conciencia política, lo que está sucediendo para evitar entregar confianzas a personajes o instituciones que no se la merecen de parte de las masas.

Algunas precisiones.

El régimen político burgués a los pocos días del estallido comprendió que la represión abierta se diluía como una opción por la extensión del movimiento y la reticencia de las FFAA y públicas de asumir un rol que terminarían pagando caro, esforzándose por canalizar la crisis político-social a las instituciones del estado. Donde prevalecieran el estado de derecho, la constitución política, se legitimaran dichas instituciones y la fuerza armadas, todas y cada una de ellas vinculadas a la mantención de la institucionalidad burguesa.

Cuando ninguna de ellas funcionó el gobierno tuvo que retroceder; la represión no logró detener a las masas; los partidos no representaban a los movilizados; etc., recurrieron a un repliegue ordenado; esto fue ceder la constitución política. Desesperados por detener el avance de las masas que llevaban semanas movilizadas y una huelga exitosa (12 de noviembre 2019), que remeció los más sagrado de la economía que es la propiedad de los medios de producción; plantearon un plebiscito como salida de la crisis, que sólo alcanzó a ser una puerta de entrada a la institucionalización de la crisis del régimen.

Sin embargo, esto no convenció a las masas y siguió manteniendo una desconfianza latente contra el régimen en general. El plebiscito y las elecciones de los convencionales, tanto como los efectos desmovilizadores de la pandemia no han bajado los niveles de oposición al régimen ni menos al gobierno, manteniendo un malestar y oposición velados y latente, que preocupa al ejecutivo y que sólo apuesta al tiempo para que baje sus niveles. Tiempo que le permita concluir su mandato como un triunfador, más que un sobreviviente.

Pero esto no es más que la superficie de la situación política, lo profundo son los temores de la burguesía ante un proceso democratizador que no se detenga y pase a un nivel socialista revolucionario, es decir que no sólo se cuestione la forma (administrativa de funcionamiento dl estado), sino el fondo (propiedad de los medios de producción y las recursos naturales). Necesita que el gobierno de Piñera termine su mandato para no debilitar más la estructura política, social y económica del régimen burgués, identificándolo como un pretendido sensor y obstaculizador de las discusiones de la Convención Constituyente y un activo represor del movimiento social.

Sin duda, la incapacidad del régimen de legitimar su representatividad en las últimas elecciones de los convencionales el 14 y 15 de mayo, donde sólo movilizó a un 41% del total del padrón y la persistente minoría[i] (3 de 14 millones) de votantes que sufragó en las primarias presidenciales, de la otrora mayoría que dio sustento político social a los últimos 30 años de neoliberalismo, da prueba que el régimen sigue estando en crisis terminal. Terminal en cuanto a sus características de régimen democrático burgués con tintes bonapartista o también llamado “presidencialista”. Cualidades que se desmoronan irremediablemente ante el impulso democratizador de las masas y que ha hecho que durante este último año y medio el parlamento se vea obligado a asumir roles que no le corresponden.

Por tanto, la burguesía debe esforzarse y ceder espacios para que la pequeña burguesía nacionalista, proteccionista, burocrática, etc., encuentre como puede sustentar el sistema de dominación burgués. Es decir, la burguesía ante esta gigantesca descomposición del régimen político, debe, otra vez, recurrir a la pequeña burguesía para que pueda salvar sus privilegios, como ha sucedido varias veces este último siglo. Sin embargo, la situación política es distinta. Mientras las anteriores experiencias el sistema capitalista tenía las fuerzas y el empuje “industrializador” y “empresarial”, dando cuenta por medio de sus modelos dichas potencialidad, aunque haya sido a costa de la clase trabajadora; hoy la pequeña burguesía está tan afectada económicamente (debido al fuerte proceso proletarizador que ha sufrido durante estas décadas) como la clase trabajadora, por lo cual el rechazo se expresa en una confianza condicionada. Esto determina que los representantes de dicha clase no sean muy “populares” entre sus miembros y sean vistos con cierta desconfianza.

La Convención Constitucional como salvavidas del régimen burgués.

En este contexto de agotamiento del modelo de explotación; división de la burguesía; crisis del régimen y pandemia tenemos unos convencionales representativos del 41% de la población que tienen el mandato de hacer un nuevo marco político-jurídico burgués para extender la explotación de la clase trabajadora.

Pero vamos por parte y ordenados.

1.- La Convención Constituyente es una institución eventual y transitoria del régimen burgués que tiene el objetivo de escribir una nueva constitución, surgida y originada por la presión de la movilización de las masas de octubre de 2019. Ante esto, la burguesía pretende que se convierta en una mera redactora de la constitución, que sólo exprese las aspiraciones del régimen burgués, para lo cual afina su plan; que consiste en focalizar la atención y decisión en el centro político (PS, PPD y afines) con el apoyo crítico de “Chile Vamos”, del FA y PC, aislando a los sectores más intransigentes de la Lista del Pueblo. Mientras, por su parte, la masa popular sólo queda con sus anhelos e ilusiones, carente de un plan y, peor aún, de un programa, a merced de personalismo zigzagueantes.

2.- La mayoría absoluta es representativa de la burguesía o pequeña burguesía que busca estabilizar el régimen democrático burgués. Diferenciándose sólo en el grado en cuanto y en qué medida se cede a los requerimientos de las masas.

3.- El marco político institucional es el régimen democrático burgués que pretende controlar y dirigir los ámbitos en que puede o no intervenir la Convención Constitucional. Por lo que el gobierno de Piñera levantó cabeza como factor opositor a las pretensiones de la Convención, lo que lo posesiona como representante del sector más conservador de la burguesía, aunque lo haga de forma burda e infantil como el boicot de los primero días, es su forma de expresar que todavía tiene poder.

4.- Que la Convención no cuente con el beneplácito de toda la burguesía de forma unánime, no implica que sea o se pretenda revolucionaria, anticapitalista ni menos popular, sólo es el instrumento del sector más preclaro de la burguesía que unido a la pequeña burguesía busca establecer una institucionalidad con una mayor participación de las masas, para evitar un nuevo estallido que arrase con todas las instituciones.

5.- Esta representatividad no significa que puedan hacer lo que deseen, sólo que tendrán que entrar a un juego de equilibrios, debilitamientos y aislamientos, tanto del sector más conservador de la burguesía (Vamos Chile) como del sector más popular (sectores de la Lista del Pueblo).

6.- El juego anterior provocará un debilitamiento en las esperanzas de las masas, que transitará a la par con la perdida de expectación y confianza mientras más se institucionalice su quehacer. Este se hará a mayor o menor velocidad de acuerdo al proceso de aislamiento y deslegitimación frente a las masas que sufra el sector “revolucionario” de la Lista del Pueblo. Ya que este sería el único que podría recurrir a la movilización de las masas cuando se discuta lo importante.

Construyendo alternativa revolucionaria.

Por tanto, la confianza en la Convención Constituyente es una ingenuidad que no debe ser promovida ni aceptada por parte de la izquierda revolucionaria.

1.- No se debe institucionalizar la crisis política del régimen al interior de la Convención Constitucional, esas son las pretensiones de la burguesía. Se debe seguir insistiendo que la confianza en la convención es proporcional a la debilidad del movimiento de masas en las calles. Lo que dará como conclusión una frustración y un fracaso.

2.- Se debe promover que el movimiento de masas instale al interior de la Convención temas relevantes y no convertir al movimiento de masas en portavoz de algún convencional. Para lo cual se necesita levantar un programa de la clase trabajadora que sea compartido, propagandizado y voceado por todos.

3.- Instalar la idea fuerza que la Convención no resolverá ningún problema actual de la clase trabajadora, si la clase trabajadora no la presiona para que lo haga, ¡Ahora! Ya que esto lo haría entrar en conflicto con el gobierno de Piñera y la mayoría no pretende eso, debido a que el régimen se debilitaría aún más. Esta situación permitirá desenmascarar ante las masas a los que tienen como objetivo mantener el modelo de explotación actual.

4.- El emplazamiento a la Convención Constitucional no puede reemplazar la presión al gobierno ni al parlamento para solucionar los temas de empleo, salario, aumento de precios, etc. La institucionalización de la Convención Constitucional dará como resultado la domesticación de la “rebeldía” de la calle que tienen algunos convencionales, por lo que no se puede confiar en lo que hagan en actividad política nacional.

5.- Lo anterior, se evitará si se emplaza al grupo de Convencionales más proclives a formar una organización unitaria y de la clase trabajadora a participar permanentemente en las demandas del movimiento de masas en la calles. Es mucho más importante que se comiencen a legitimar como potencial dirección en la movilización, donde incremente su identificación a las masas, a que hagan seguidismo en la convención como se está dando y se dará.

6.- Esto permitirá que se levante una candidatura popular y de clase para las elecciones presidenciales a fines de año, surgiendo desde las entrañas del movimiento de masas. Sin embargo, la única garantía de que esta no sea atrapada por caudillismo o personalismos de todo tipo es que la clase trabajadora imponga su programa y sea la rectora de que se cumpla.

Seguimos insistiendo que las votaciones realizadas estos últimos años, exceptuando la del plebiscito del 25 de octubre del 2020, las organizaciones políticas y candidatos se han disputado la misma base electoral que ha dado sustento a los gobiernos de la Concertación y de Chile Vamos, con la correspondiente “tasa” de reemplazo de nuevos profesionales; pequeños y medianos empresarios; comerciantes, otrora auto gestionadores; burócratas, etc., en búsqueda permanente de lugar donde residir laboralmente en base a pretendidas vinculaciones políticas. Esta elección no tuvo nada extraordinario, que no sea, los esfuerzos del PC de contribuir a institucionalizar la crisis, atrayendo votantes escépticos tradicionalmente, que fueron a votar y que pertenecen a esa franja más contestataria y atrapada “políticamente” por el régimen.

Rebelión