La Fiscalía acusa a la Interpol y la Cancillería que estaba al mando de Longaric de ‘obstaculizar’ el caso Gases

Miguel Gómez    31.May.2021    Bolivia

El caso Gases lacrimógenos sigue provocando un terremoto político y judicial en el país y apunta a más integrantes del gabinete del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, rechazó cualquier retraso en las pesquisas y apuntó a la Policía Internacional (Interpol) y la Cancillería que estaba al mando de Karen Longaric de haber “obstaculizado” la investigación.

El exministro Arturo Murillo y su jefe de gabinete en el Ministerio de Gobierno, Sergio Méndez, fueron detenidos en Estados Unidos junto a tres empresarios de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS), acusados por un informe de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de lavado de dinero y sobornos para la compra de material antidisturbios con un sobreprecio avaluado en casi $us 2,3 millones.

“Se ha especulado desde la parte política, de activistas, que el Ministerio Público no hubiera dado respuesta inmediata a la comunicación sobre la comisión de un ilícito en la adquisición de los ministerios de Gobierno y de Defensa sobre armamento no letal”, remarcó Quispe este lunes en conferencia, y aclaró que la Fiscalía tomó cartas en el asunto desde el 8 de junio de 2020, cuando se puso en agenda este caso.

Indicó que se verificó que hay serias irregularidades en esta compra, lo que pudo establecerse con la recolección de información, de testimonios y, sobre todo, la declaración de la firma proveedora de los gases lacrimógenos, estopines y balines de goma: Cóndor, lograda gracias a la cooperación de Brasil. Por ello, el 11 de enero de este año se imputó a Murillo y Luis Fernando López, exministro de Defensa.

A sabiendas de que estaban acorralados por este caso, Murillo y López fugaron del país el 6 de noviembre de 2020, dos días antes de que Áñez pasara el poder a Luis Arce y un día después de que la Fiscalía tenía listas las órdenes de aprehensión en su contra. Se determinó que el exministro de Gobierno huyó a Estados Unidos, a Miami, mientras que la información apunta a que López se fue a territorio brasileño.

Al respecto, Quispe dejó en claro que se tropezó con dos “obstáculos” a la hora de dar con los paraderos de estas dos exautoridades. Primero, apuntó a la Interpol, que rechazó la activación de tres sellos azules solicitados por la Fiscalía General del Estado bajo el alegato de que se había instalado una “persecución política” contra Murillo y López desde la aceptación de la denuncia, que data de junio de 2020.

“Ha tenido que ser una justicia ajena al Estado de Bolivia (la de Estados Unidos) que ha dado cuenta de estos actos de corrupción y la pretensión de legitimarlos, lo que nos ha dado la razón que como Fiscalía Departamental de La Paz, como Fiscalía General del Estado, no cumplimos ni vamos a cumplir persecuciones de orden político. Nuestra persecución está fundada en actos de corrupción en la compra de este armamento”.

Más aún, el secretario general de la Fiscalía General dijo que el otro “obstáculo” para no poder identificar anteriormente el destino de Murillo y López fue la Cancillería del gobierno transitorio, que estaba al mando de Karen Longaric. “Las misivas enviadas a la Interpol y la Cancillería no dieron frutos con el fundamento de que sería una persecución política. Esa fue su máxima bandera, lo que nos ha impedido avanzar”.

Afirmó que ahora que se tiene establecido el paradero de Murillo, y por el caso que se le abrió en Estados Unidos, se activó el proceso de solicitud de extradición. Sobre López, admitió que de “manera extraoficial” se sabe que se encuentra en Brasil, por lo cual se volvió a solicitar la activación del sello azul de la Interpol, entidad a la que exhortó a “reconsiderar su posición” para dar lugar a la petición de la Fiscalía.

A la par, admitió que está la posibilidad de que si Murillo es condenado en Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y sobornos, tenga que cumplir primero su pena judicial en ese país, para que luego el gobierno de Estados Unidos acepte su extradición, tal como adelantó la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, en una entrevista exclusiva brindada a La Razón.

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