Argentina, Bolivia, Venezuela y la CIA

Macri, un gendarme frustrado

Mauricio Macri, junto con sus principales colaboradores, desde su Jefe de Gabinete, Marcos Peña, hasta los ministros de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa, Jorge Faurie, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, terminó atrapado en la investigación por la colaboración con los golpistas bolivianos hoy entre rejas.

RECUERDOS DE UN PORVENIR

Gobiernos consustanciados con los intereses de sus pueblos colorearon el mapa latinoamericano de los primeros lustros del Siglo XXI con acciones de integración regional, discusión financiera sin sujeción a los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI), desendeudamiento externo y negociaciones multilaterales compartidas en diferentes frentes.

Durante la segunda década de la centuria comenzó el reflujo de esa situación, empujado por mecanismos destituyentes, uso partidario de jueces, construcción de relatos falsarios sobre las dirigencias populares y por el primer triunfo electoral de un candidato neoliberal en la Argentina.

Esos vientos antinacionales tuvieron su máxima expresión en el golpe de Estado sin eufemismos contra Evo Morales en Bolivia, después de un largo proceso de desestabilización que culminara el domingo 10 de noviembre de 2019, con un emplazamiento policíaco-castrense.

Ese pico anticonstitucional constituyó un techo para la etapa: solo once meses después (el 18 de octubre de 2020) el Movimiento al Socialismo (MAS) y sus aliados políticos, sociales y gremiales ganaron las elecciones y condujeron a Luis Alberto Arce Catacora a la Presidencia de la Nación.

En diciembre de 2018 Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sus propuestas nacionalistas ya se habían instalado en Palacio Nacional de México y un año después Alberto Fernández, con el manual peronista de producción, consumo y redistribución de la renta, llegaría a la Presidencia de su país.

En junio de 2021 el maestro rural Pedro Castillo le ganó las elecciones a la representante de una de las propuestas más liberales de la región y se convirtió en Presidente de la República del Perú. Tras atravesar los intentos obstruccionistas de Keiko Fujimori Higuch y sus socios, el 28 de julio pasado, al cumplirse el bicentenario de la Independencia de su país, el nuevo líder planteó sus planes redistribucionistas, independientes de los intereses extranjeros, con creación de empleo, sostén de los sectores más afectados por la desigualdad y el covid-19 y con la “rentabilidad social” como condición para dinamizar la economía local y nacional. Prometió la creación de un sistema de salud “universal, unificado gratuito, descentralizado y participativo”, reducción del hambre y la desnutrición “a cero”, control de los dividendos de las empresas extranjeras, minería con respeto ambiental y defensa de las culturas ancestrales, la multiculturalidad y de los derechos de las mujeres.

El espionaje estadounidense y los expertos en política internacional de ese país ven con preocupación que, a ese panorama, se suman las simpatías que despierta en Honduras la candidatura de Xiomara Castro (esposa del derrocado Manuel Zelaya) con vistas a las elecciones del próximo mes de noviembre con un programa que define como «feminista, antipatriarcal, revolucionario e incluyente”. Especulan, además, con la posibilidad del regreso al gobierno de Brasil de Lula da Silva y ven con suma preocupación el futuro electoral de Colombia.

La llegada a Lima de gran cantidad de mandatarios y cancilleres, con motivo de la asunción de Castillo, fue propicia para avanzar en un tema central para acompañar la nueva correlación de fuerzas en desarrollo en la región: el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), creada en febrero de 2010 bajo el impulso del entonces presidente de Brasil Lula Da Silva, decidido a generar un espacio latinoamericano y caribeño libre del peso determinante de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Canadá, su acompañante mecánico.

La contracorriente liberal había dañado a esa Comunidad, como a todos los organismos subregionales. El nuevo flujo vuelve a ponerla en el mapa y Argentina, en consenso con México, se postula para presidirla a partir del año próximo con la intención, según fuentes de su Cancillería, de “cambiar el paradigma disruptivo actual, impuesto por Estados Unidos en la OEA de (el ex canciller uruguayo Luis) Almagro” y compartir la diplomacia de AMLO opuesta a “las imposiciones, las injerencias, los bloqueos» y decidida a «aplicar los principios de no intervención, autodeterminación y solución pacífica de las controversias».

La propuesta cuenta ya con el apoyo de un abanico de países que incluye, por ejemplo, a Cuba, Venezuela, Bolivia, Perú, México, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, El Salvador, Belice o Surinam.

RECUERDOS PRETÉRITOS

El 10 de diciembre de 2015 desembarcó en la Casa Rosada argentina el gerente general de una de las principales corporaciones económicas del país (Sociedad Macri SA – SOCMA): el ingeniero civil Mauricio Macri, interesado en transformarse en referente regional del neoliberalismo y los intereses estadounidenses y de constituirse en gendarme subregional al servicio de Washington, el Comando Sur y la propia CIA.

Acaba de descubrirse, con abundante respaldo físico y documental, el envío ilegal de pertrechos al régimen cívico militar golpista que derrocó a Evo Morales, encabezado por la hoy detenida Jeanine Áñez Chávez, el día exacto en que se perpetraba ese golpe y pocas jornadas antes de las masacres de Sacaba y Senkata, con decenas de muertos y centenares de heridos. Fue el zarpazo postrero de una administración que estaba a las puertas de su retirada; veinte días después se retiraba, aplastada por los votos de la coalición construida por la dupla presidencial Alberto Fernández – Cristina Kirchner, con apoyo del conjunto de los sectores peronistas, las centrales sindicales y de los movimientos populares.

Los cambios producidos tras la derrota electoral del peronismo en 2015, representado por Daniel Scioli; en 2016 en Brasil con la destitución ilegal de la presidenta Dilma Rousseff, y la proscripción judicial irregular de Lula da Silva en 2018, que terminaría entronizando a Jair Bolsonaro, debilitaron el andamiaje institucional de la región, construido a partir de la derrota, el 5 de noviembre de 2005 en la ciudad de Mar del Plata, del “Área de Libre Comercio de las Américas” (ALCA), solo beneficiosa para los intereses de las corporaciones impulsada por el estadounidense George W. Bush.

Aquel día, unieron voluntades el boliviano Evo Morales, el ecuatoriano Rafael Correa, el brasileño Lula da Silva, el argentino Néstor Kirchner, el paraguayo Nicanor Duarte Frutos, el uruguayo Tabaré Vázquez y el venezolano Hugo Chávez que, abrazado a Diego Armando Maradona, transformó en grito de victoria su “¡ALCA, ALCA… al carajo!”

Con matices, las máximas autoridades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, coincidieron en diferentes momentos en temas centrales para el desarrollo integral de la región e impulsaron instancias de coordinación como UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), la mencionada CELAC, el PARLASUR (Parlamento del Mercosur) y un MERCOSUR ampliado1.

La importancia geopolítica de la región, el mercado que implica la suma de sus poblaciones y necesidades y, muy especialmente, sus riquísimos y variados bienes comunes físicos (considerados como “recursos extraíbles” por las transnacionales) condujeron a Estados Unidos -potencia hemisférica excluyente- a desarrollar planes políticos, militares, comunicacionales y económico y financieros que evitaran la consolidación de ese camino de decisiones autónomas.

Desestabilización y campañas destituyentes; golpes, “blandos” o desembozados; sobornos; manipulación de un organismo multilateral como la OEA; encubrimiento de operaciones invasivas tras la pantalla de falsas acciones de “asistencia humanitaria”…, todas las herramientas se jugaron sobre una Suramérica, asfixiada, además, por deudas externas impagables y sus consecuentes “planes de ahorcamiento” impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con sus sonrientes 55 años y sus bombardeos e invasiones a países como Siria, Afganistán, Pakistán, Yemen, Somalia, Libia o Irak perpetrados desde su asunción, Barack Hussein Obama II otorgó en marzo de 2016 su bendición al presidente Mauricio Macri, a quien definió como alguien que “reconoce que nos encontramos en una nueva era y que debemos mirar para adelante», interesado en “permitir que personas increíblemente talentosas, con maravillosos recursos naturales, prosperen de un modo que no ha ocurrido por mucho tiempo”, a diferencia de los doce años de kirchnerismo, que “debilitaron” al país “por no haberse adaptado a la economía mundial tan eficazmente como hubiera podido”.

Las pocas horas que permaneció en Buenos Aires alcanzaron para simbolizar su apoyo a un gobierno decidido a destruir todo lo construido en el país después del estallido del 2001 y dispuesto a que lo usaran de ariete contra sus vecinos “díscolos”.

El gobierno de Donald Trump dio continuidad a esos esfuerzos destinados a potenciar al nuevo vocero local de las directrices de Washington. Macri no dudó en acompañar sus concepciones del mundo, erróneas y racistas, y en aplaudir el nuevo menú instalado en el tablero mundial, con el plato principal de una “guerra inevitable” contra China y Rusia concebidos como “enemigos estratégicos”, y con Latinoamérica y el Caribe, para ellos un “patio trasero” manejable a su antojo, como postre del festín.

Sentado en el sillón principal de la casa de Gobierno argentina, el gerente de SOCMA se convirtió en pieza clave del escenario imaginado por EE UU, al constituirse en enemigo automático y sin consideraciones constitucionales, de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando el desmanejo económico de Macri produjo una crisis de desocupación, pobreza y hambre y se vislumbró el posible regreso del peronismo al Gobierno, Trump no dudó en financiar las consecuencias del dislate, violó los estatutos del FMI y forzó un crédito tan “récord” como imposible de pagar de 57.000 millones de dólares, contra la opinión de Europa y de la gerencia del propio organismo de crédito. El socio del Sur igual perdió las elecciones.

Antes, redobló su militancia contra el gobierno del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y puso a trabajar a una de las diplomacias más sofisticadas y profesionales del continente en la OEA, el “Grupo de Lima”, y en cuanto foro pudieron. Durante sus cuatro años se sumó a la estrategia desestabilizadora que, desde 2016, intenta instalar la imagen de una “crisis humanitaria” en el país2.

El reemplazo del hombre del pelo de paja por el demócrata Joseph Robinette Biden Jr en enero de 2021 no alteró el paradigma que incluye la persecución de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela y su supuesto “derecho” a “limitar la influencia dañina de los actores extrahemisféricos”, como Rusia y China, que establecieron relaciones políticas, diplomáticas, comerciales, de inversión y, ahora, sanitarias, con países de la región gobernados por administraciones no alineadas o necesitadas de determinados recursos.

GUIÓN PASADO, GUIÓN FUTURO

En su esfuerzos por convertirse en un gendarme subregional de Washington, Macri siguió el libreto redactado por los tres aparatos estadounidenses que marcan la línea a imponer en la región: el Departamento de Estado, la Comunidad de Inteligencia y el Comando Sur de su Ejército. A cambio, recibió u$s 44.000 millones (sobre un total acordado de 57.000) para tratar de salvar a su gobierno.

Fracasó en toda la línea. Su acto final de gendarme frustrado, con apoyo bélico a un régimen que acababa de derrocar al gobierno constitucional boliviano, intentó ser la puntada definitiva de un camino que tuvo el antecedente inmediato de los dislates realizados en la relación con Venezuela. Ese ensañamiento incluyó el “reconocimiento” de Juan Guaidó como “Presidente” de esa nación contra la opinión de la propia Cancillería, cuyos cuadros manifestaron al entonces ministro Jorge Faurie que la decisión constituiría “una intervención ilegal en los asuntos internos de ese Estado”, de acuerdo al Derecho Internacional; también acompañó el despliegue militar estadounidense en la frontera bolivariana con Colombia, bajo el pretexto de acciones supuestamente “humanitarias” que, en realidad violaban los principios internacionales que impiden “tomar partido en las hostilidades y en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico”.

Tras de la retórica “libertaria”, asoma el interés de los grupos económicos para los que operan las autoridades estadounidenses por las reservas probadas de petróleo que, según los informes de la CIA -y no de las autoridades locales- permitirían abastecer el total del consumo mundial durante nueve años y dos meses. A semejante tesoro deben sumarse las reservas de oro (segundas en el mundo) y, muy especialmente, las de coltán, mineral a partir del cual se produce el tantalio, usado en la elaboración de condensadores electrolíticos, presentes en la mayoría de los dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, computadoras, pantallas de plasma o cámaras digitales y en proyectos de alta tecnología para satélites artificiales y reactores nucleares.

Con la misma lógica, Macri volvió a jugar fuerte en el marco de la “Guerra por el Litio” impulsada por las corporaciones dedicadas a la fabricación de aplicaciones industriales (en especial baterías para automóviles eléctricos), electrónicas, nucleares o aeroespaciales, sobre las que Estados Unidos trata por todos los medios de impedir que China avance.

El escenario elegido fue el boliviano, en el que se aloja más del 25% de los 80 millones de toneladas de reservas mundiales del “oro blanco” identificadas hasta el año 2020, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (US Geological Survey, USGS).

La CIA y sus pantallas “filantrópicas” multiplicaron el reclutamiento de espías a partir de la llegada de Evo Morales al Palacio Quemado de La Paz. Uno de ellos fue Williams Kaliman Romero, un militar formado en los cursos de comando dictados por la ex “Escuela de las Américas” del Ejército de los Estados Unidos, cooptado muchos años antes de convertirse en Comandante de las Fuerzas Armadas de su país, función desde la que pidió la renuncia del mandatario constitucional.

Los responsables locales de “la Compañía”, Rolf Olson y Annette Dorothy Blakeslee, incluyeron al responsable de la Agencia de Inteligencia Argentina (AFI) en Bolivia, José Sánchez, en su dispositivo de desestabilización. El agente macrista operó como “enlace” con los servicios secretos de otros países de la región involucrados en el golpe de Estado y distribuyó fondos aportados por Washington entre grupos opositores de la capital del altiplano y de Santa Cruz de la Sierra.

Distintos portales dedicados a la “filtración” de información “reservada” afirmaron que durante el mes de septiembre de 2019, bajo cobertura turística, de negocios o de organizaciones no gubernamentales, entró al país un grupo importante de agentes encubiertos pertenecientes a las Tropas de Operaciones Especiales del Comando Sur. La versión coincide con el flujo de camiones militares desplazados desde la provincia argentina de Jujuy y Santa Cruz de la Sierra, en el marco de supuesta colaboración en el combate a los incendios registrados en la zona en agosto de 2019; se investiga si el convoy sirvió para introducir oficiales estadounidenses y pertrechos de ese origen destinados a los golpistas.

Una vez producido el derrocamiento, el canciller Faurie presionó a las autoridades peruanas para que no permitieran el reaprovisionamiento de la aeronave que trasladaba a Evo Morales tras las gestiones del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y del mandatario mexicano Manuel López Obrador, quien envió el avión salvador que, al decir de su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, realizó «Un viaje por la política latinoamericana», para rescatar con vida al dirigente popular derrocado.

LOS PLIEGOS DE WASHINGTON

Durante los últimos meses de la gestión Trump y los primeros de la administración Biden, Alberto Fernández recibió distintas visitas de las más altas jerarquías del Comando Sur, el Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En todas ellas los hombres y las mujeres del Presidente escucharon los mismos señalamientos que, en definitiva, constituyeron mandatos para Macri y son reclamos hacia su sucesor:

- Rusia y China son enemigos para la región y los acuerdos alcanzados entre el gobierno nacional y esos países constituyen “una amenaza” para Washington.
- Pekín usa la vacuna anticovid para fortalecer su presencia continental.
Con su “Nueva Ruta de la Seda” busca generar condiciones económicas favorables para sus empresas estatales. Hay que impedir su provisión de 5G y bloquear cualquier acuerdo con Huawei, segundo fabricante de teléfonos inteligentes del mundo.
- Moscú, particularmente en Argentina, hizo otro tanto con su “Sputnik” que, a la postre, terminó ponderada como la mejor antídoto contra el virus en el mercado mundial.
- Involucrar activamente a corporaciones estadounidenses en el proceso de extracción del litio, fundamental para la transición energética global, después que el sucesor de Trump abandonase su negacionismo del Cambio Climático.
- Cuba, Venezuela y Cuba conforman un triángulo antidemocrático.
La Base Naval Integrada y Polo Logístico Antártico a desarrollarse en Ushuaia para enlazar las bases antárticas argentinas son proyectos en los que interesa “invertir” y dejar de lado cualquier financiamiento chino.
- El proceso licitatorio de la estratégica hidrovía Paraguay-Paraná es otro foco de atracción, con idéntica intención de desplazar a Beijing.
Situaciones de “inestabilidad” como las expresadas en países como Chile, Ecuador, Perú, Colombia, antes y durante la pandemia, la crisis permanente del gobierno de Brasil y la situación venezolana deben ser analizadas “día a día”.
- El modelo “no confrontativo” de la actual gestión nacional es observado con interés por Biden.
Fortalecer a la OEA contra estructuras regionales como CELAC y UNASUR, cuya consolidación (pretendida por el eje AMLO-Fernández) debilitaría al organismo presidido por Almagro bajo la batuta de EEUU.

Mauricio Macri, intentó desarrollar cada uno de esos puntos; junto con sus principales colaboradores, desde su Jefe de Gabinete, Marcos Peña, hasta los ministros de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa, Jorge Faurie, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, terminó atrapado en la investigación por la colaboración con los golpistas bolivianos hoy entre rejas.

Aunque la visión de Estados Unidos y el complejo mediático, tecnológico, militar e industrial que la diseña sigue siendo la misma, la perspectiva que ofrecen la llegada de gobiernos de nuevo cuño a la región, la expectativa de que otras administraciones acompañen posiciones autónomas e, incluso, la agenda de problemas que se visualizan desde Washington, le quitan oxígeno a quienes intenten ponerse el traje de gendarme frustrado que quedó vacante.

* Periodista argentino. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (http://estrategia.la/). Miembro de La Usina del Pensamiento Nacional y Popular (http://www.usinadelpensamientonacional.com.ar)

1 CARLOS A VILLALBA: La invasión humanitaria a Venezuela (https://www.alainet.org/es/articulo/198258)