Observación y Acompañamiento Electoral en Venezuela

Entre 1998 y 2013, la organización, fundada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, ha participado como observador electoral en Venezuela. El pasado 10 de octubre, tres de sus miembros asistieron como invitados al simulacro electoral que convocó el CNE. Para el 21 de noviembre, desplegará una misión técnica compuesta por cuatro expertos electorales y dos representantes del Centro Carter. Su llegada está prevista para los primeros días de noviembre.

Observación y Acompañamiento Electoral en Venezuela
Lic. José A. Amesty R.
18-noviembre-2021

Desde el año 1998 en Venezuela, con el triunfo del Comandante Hugo Chávez, se vienen realizando observaciones y acompañamientos electorales en los distintos procesos electorales en Venezuela; ha sido una práctica de la Revolución Bolivariana, hacerse de este mecanismo de observación y acompañamiento.

¿Pero Cuál es la Diferencia entre Observación Nacional y Acompañamiento electoral Internacional?

La distinción entre las dos figuras se encuentra establecido en el artículo 471 del Reglamento General de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales LOPRE, al indicar que la observación electoral pasó a ser un derecho reservado únicamente a los venezolanos y organizaciones nacionales de observación electoral, legalmente constituidas, y que soliciten presenciar un evento electoral.

Mientras que acompañamiento electoral internacional electoral se define en su artículo 481 como “aquella instituciones o autoridades electorales de otros Estados, organizaciones u organismos internacionales, así como las instituciones y ciudadanos en general, debidamente acreditados con tal carácter por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sea por invitación del propio órgano o por solicitud realizada ante el órgano comicial, en los lapsos y condiciones correspondiente”.

¿Cuál es la Tarea Ideal de los Observadores y Acompañantes en Venezuela?

Velar porque se cumplan todos los requisitos y garantías de limpieza y transparencia exigibles para unos comicios, a saber:

*Libertad de campaña y propaganda de los partidos y candidatos (incluidos los de la oposición); derecho de voto universal, libre, secreto y directo; control de todas esas garantías mediante auditorías de todas las fases del proceso y escrutinio (avaladas por los representantes, testigos e interventores de la oposición, que deben suscribir las actas), y plenas facilidades a los electores para ejercer el voto, incluida la asistencia a los votantes que lo requiriesen.
*Constatar que la oposición cuente con medios y libertad, más que suficientes para desarrollar su campaña, incluyendo el control de grandes medios de comunicación en prensa y televisión.
Cada uno de los colegios electorales debe estar vigilado por un interventor de los partidos opositores.
*Cuidar que los partidos opositores cuenten con testigos (interventores) en todas las mesas electorales y puedan verificar paso a paso la limpieza de cada una de las fases del voto, en un sistema con cinco etapas de ejecución que hacen prácticamente imposible su manipulación:
Control de la identidad comprobada biométricamente mediante verificación informática del documento y de la huella dactilar; Selección electrónica del elegido en una pantalla táctil con la imagen de cada candidato y partido; Impresión del justificante del candidato elegido e inserción de ese voto en urna cerrada y opaca; Segunda verificación del votante mediante firma e impresión de la huella dactilar en el listado del censo; y Auditoría ciudadana final efectuada en la misma noche electoral en el 54% o en el 100% de las mesas, verificando la coincidencia de todos esos controles.
*Vigilar que, en el examen aleatorio de unas 120 mesas electorales, repartidas en diferentes zonas del país, estos observadores deben ser testigos de la plena libertad de los votantes, sin presiones ni proselitismo previo a la hora de votar, así como de la eficaz asistencia prestada por los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), para que comprendan plenamente el funcionamiento de las máquinas empleadas y de las distintas fases del voto.
Respetando al mismo tiempo el secreto absoluto de su elección, que es imposible de apreciar tras la pantalla/biombo instalada a tal efecto. Las personas (familiares o voluntarios) que asistan a ancianos o discapacitados sólo podían hacerlo para una sola persona.
Un proceso totalmente informatizado y contrastado por cuatro controles manuales y biométricos, además de una auditoría final con múltiples testigos.
*Custodiar que el proceso esté totalmente informatizado y la seguridad de las transmisiones encriptadas hacia la sede central del CNE, además de confirmar en todos los casos por la posterior verificación manual (ante testigos de todos los partidos y en un procedimiento presencial al que pueden asistir todos los votantes que lo deseen), de la coincidencia entre los datos aportados al sistema informático, los controles biométricos y las papeletas impresas depositadas en la urna.
*Prever que, por supuesto, se produzcan incidentes, como la apertura tardía de algunas mesas por el retraso en llegar de los integrantes, averías iniciales de algunas máquinas (y que los operadores deben resolver en plazos breves) y otros habituales en cualquier consulta electoral. En su conjunto no deben ser más importantes, que los que suelen ocurrir durante una jornada electoral en los países democráticos más avanzados del mundo y que no afecten de ninguna manera los resultados finales de las elecciones.
*Declarar finalmente, en lo posible, que el sistema electoral venezolano es uno de los mejores (si no el mejor) del mundo, incomparablemente más seguro, e invulnerable a toda interferencia, que el que está en práctica actualmente en España y otros países europeos. Por tanto, no entendemos que las autoridades de los países de la UE, además de EEUU, asuman de antemano, sin pruebas ni verificación alguna, las acusaciones de fraude vertidas por la oposición venezolana.
En consecuencia, estos acompañantes del proceso electoral deben manifestar su total confianza en la validez de los resultados ofrecidos por el CNE. También expresar su preocupación ante la irresponsabilidad que supone desautorizarlos.

¿Cuáles han sido y deberían ser algunas organizaciones ideales que deberían llevar a cabo el trabajo de monitoreo electoral en las próximas elecciones?

La Misión de Observación Electoral UE
La misión está conformada por un equipo principal de 11 expertos electorales, con Isabel Santos, miembro del Parlamento Europeo, a la cabeza, y al menos 100 observadores que harán el monitoreo a nivel nacional antes y durante el día de la votación
El equipo central evalúa todos los aspectos y etapas del proceso electoral, incluidos los aspectos políticos, electorales, legales, y cuenta con el apoyo de expertos en logística y seguridad.
Específicamente, la misión observará el marco legal y su aplicación; el trabajo de la administración electoral; las actividades de campaña; el papel de las instituciones estatales y la sociedad civil; la cobertura de los medios de comunicación; la votación, el escrutinio y la divulgación de resultados; el entorno en el que se llevan a cabo las elecciones y el proceso de quejas y apelaciones.
Una vez tengan la documentación lista, la MOE-UE emitirá una declaración preliminar dos días después de la votación del 21 de noviembre. Luego, uno o dos meses después del proceso, emitirá un informe detallado con recomendaciones para futuros comicios.
Es la primera vez en 15 años que Venezuela tendrá una delegación de este tipo en unos comicios. La última vez que esto sucedió fue en 2006, durante las elecciones presidenciales en las que el fallecido presidente Hugo Chávez fue reelegido para un segundo periodo.

El Centro Carter
Entre 1998 y 2013, la organización, fundada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, ha participado como observador electoral en Venezuela. El pasado 10 de octubre, tres de sus miembros asistieron como invitados al simulacro electoral que convocó el CNE.
Para el 21 de noviembre, desplegará una misión técnica compuesta por cuatro expertos electorales y dos representantes del Centro Carter. Su llegada está prevista para los primeros días de noviembre.
Debido a su “tamaño y alcance limitado”, la misión “no podrá realizar una evaluación exhaustiva de los procesos de votación, escrutinio y tabulación”. En cambio, se centrará en aspectos clave. Por ejemplo, el marco legal electoral, la libertad de los medios de comunicación, el uso de las redes sociales y la transparencia del CNE en relación al sistema electoral electrónico.
Los expertos también entrevistarán a los actores relevantes para el proceso electoral, incluidos los partidos políticos, el gobierno venezolano, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Su análisis se basará en las obligaciones y normas internacionales de derechos humanos para las elecciones democráticas.
Días después de la jornada electoral, el Centro Carter publicará un informe preliminar y, dos meses después, otro final “más detallado”, según anunció en un comunicado.

Un Panel de expertos de la ONU
La ONU tiene tres tipos de mecanismos para ayuda electoral: asistencia técnica, observación y organización y observación del proceso comicial. En el caso de Venezuela se trata de la última. Como el equipo solo contará con tres expertos, su labor será más limitada.
A partir de noviembre, el panel de la ONU seguirá el proceso electoral, enfocándose en lo cualitativo y no en lo cuantitativo, con especialistas en áreas como soporte, apoyo logístico, comunicación, análisis de campo, entre otros. Revisarán aspectos como el manejo de la campaña, utilización de recursos públicos y equilibrio en los medios de comunicación.
A diferencia de la MOE-EU, no ofrecerá declaraciones públicas, pues le proporcionará al Secretario General, Antonio Guterrés, un informe independiente e interno sobre el desarrollo general de las elecciones.

El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela)
El organismo regional ha acompañado los procesos electorales venezolanos desde 2004, recibiendo críticas por, supuestamente, tener preferencias con el oficialismo.
En esta oportunidad, su misión estará integrada por especialistas electorales, entre los que se cuentan expresidentes, ex vicepresidentes y magistrados de organismos electorales.
El CEELA está autorizado para presenciar cada una de las etapas del proceso electoral. También puede participar en las auditorías practicadas a los distintos componentes del sistema automatizado de votación.
Asimismo, puede asistir a los centros de votación y presenciar el ejercicio del derecho al sufragio por la ciudadanía, con el fin de verificar la transparencia y confiabilidad de las elecciones.
Al final del proceso electoral, el CEELA entregará un informe a las autoridades del CNE con los detalles encontrados, las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

El Parlamento Europeo
La delegación parlamentaria también estará liderada por la diputada portuguesa Isabel Santos y contará con 12 integrantes políticos: tres populares, tres socialistas, dos liberales y un miembro de los verdes, la izquierda, los conservadores y la ultraderecha, respectivamente.
“No debe ser considerada dentro de la misma categoría que la MOE-UE, porque, en principio, son personas con afiliaciones políticas. No vienen a hacer un trabajo técnico, sino a ver un poco el ambiente electoral y, desde el punto de vista político, tener una visión de lo que ocurre en el país”, explicó Humberto Rojas, miembro de la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación.
*Y en el ámbito nacional, el CNE autorizó el pasado 7 de octubre a seis organizaciones nacionales para la observación electoral. Ellas son: Proyecto Social; Red de Observación Electoral Asamblea de Educación (ROAE); Asociación Venezolana de Juristas; Observatorio Electoral Venezolano (OEV); Fundación por un Pueblo Digno; Centro Internacionales de Estudios Superiores.

Veamos un ejemplo reciente, las elecciones en la Republica de Nicaragua, y los Observadores:
¿Quiénes son los observadores y qué pueden hacer?

Dos Niveles de Observación
El primer nivel de observación es el de los observadores oficiales, que son la ONU y la OEA, organizaciones que tienen el respaldo y la autorización de los presidentes centroamericanos. Carácter oficial tiene también el Consejo de Jefes de Estado Libremente Elegidos, encabezado por el ex-presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter. La ONU y la OEA firmaron un acuerdo con el gobierno de Nicaragua, comprometiéndose a enviar informes periódicos al CSE. Ambas misiones gozan de inmunidad diplomática y cuentan con un gran número de observadores y con una considerable infraestructura, lo que les permite realizar la observación electoral de manera adecuada.
“Los observadores de la ONU y de la OEA han recibido un mandato del gobierno de Nicaragua para elaborar informes periódicos en los que evalúen el cumplimiento y el desarrollo del proceso electoral y formulen recomendaciones al gobierno -comenta Sofía Clark-. Los observadores sirven también de garantes para los contras que decidan repatriarse a Nicaragua y dan también garantías a los partidos de oposición de que su seguridad personal estará protegida y de que podrán ejercer sus derechos cívicos a plenitud”.

El segundo nivel incluye a todos los otros grupos que han pedido o se les ha ofrecido una invitación para que participen como observadores. Según Sofía Clark, el gobierno de Nicaragua considera que la función primordial de esos grupos es obtener información de las misiones de la ONU y de la OEA para divulgarla en sus respectivas áreas de influencia. La capacidad real de estos grupos y su propia apreciación del papel que juegan en estas elecciones varía enormemente.
Tanto el presidente de Nicaragua como el CSE pueden invitar observadores. Los partidos políticos y otras organizaciones nicaragüenses pueden solicitar al CSE que invite a determinados observadores, pero en la práctica esto no ha sucedido. Aunque el gobierno esperaba que los partidos políticos, especialmente la UNO, invitaran a grupos de observadores de derecha, los partidos, en general, parecen haber aceptado como legítima la observación que garantizan las misiones de la ONU y de la OEA.

Derechos de los Observadores
El CSE es quien acredita a las dos categorías de observadores. Todos los observadores tienen estos derechos:
- Entrar a las juntas receptoras de votos y revisar los catálogos y registros electorales.
- Estar presentes en los centros de cómputos nacionales y Regionales.
- Recibir información del CSE y de los Consejos Electorales Regionales.
- Tener acceso a las juntas presentadas al CSE sobre los procedimientos electorales.
- Observar el ejercicio de los derechos políticos.
- Observar el trabajo de los fiscales electorales.
- Abrir oficinas para sus delegaciones.

Finalmente, veamos como actuaron los observadores en dos procesos electorales presidenciales en Venezuela:

Elecciones presidenciales 2006
Es importante destacar que durante los primeros años del gobierno bolivariano siempre estuvo presente la observación electoral internacional tanto en las elecciones del 1999, en el referendo revocatorio del 2004, en las elecciones parlamentarias del 2005 y finalmente en las elecciones presidenciales del 2006, encontrándose los observadores de la OEA con el llamado grupo de países amigos, el propio expresidente norteamericano Jimmy Carter y la directora ejecutiva de su fundación, misión de la UE y representantes de diferentes ONGs de alcance global, quienes se movilizaron por todo el territorio para monitorear la celebración de los comicios y la certificación que se cumplían las garantías mínimas para su celebración.

Dentro de la normativa electoral los observadores electorales internacionales contaban con el derecho a la libre circulación por el país sin necesidad de permiso o notificación previa, al libre acceso a la información y a todos los partidos políticos, posibles candidatos y funcionarios electorales, así como los representantes de la sociedad civil y sus electores. Además, establecía la existencia de una coordinación con el CNE de realizar entrevistas, reuniones o visitas a los funcionarios electorales, espacios u oficinas, así como las empresas privadas que tengan a su cargo la organización y supervisión de los procesos de votación, captación de huellas, auditorías, escrutinio, totalización y cómputo de resultados.

Aunando planteaba el acceso a las auditorías previas, la observación y ejecución de las operaciones electorales, al acceso de la información relativa al Registro Electoral, a las bases de datos en los servidores, a los códigos fuentes y a los sistemas operativos referentes al mismo, a la observación de la votación, captación de huellas, auditorías, escrutinio, procedimientos de recuento, agregación y tabulación, transmisión y de resultados, lo cual terminaba en un informe publico donde se generaba recomendaciones claras y operativas ven su búsqueda de incidir en los procesos, y por ende, profundizar la democracia a través del tiempo.

Elecciones presidenciales 2012
Si bien las elecciones del 7 de octubre de 2012, se caracterizaron por no contar con la observación internacional, producto a la reforma del reglamento electoral venezolano del 2010, donde la figura del observador internacional fue eliminada, en su lugar el CNE invita a “acompañantes internacionales”, los cuales no pueden emitir declaración alguna sobre las elecciones hasta que el ente electoral haya proclamado un ganador, cuyos hallazgos y sugerencias deben ser entregadas al CNE confidencialmente.

Estas modificaciones al reglamento electoral son limitaciones que contradicen y vulneran los requisitos para desplegar misiones de observación acordados en la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones suscrita el año 2007 en las Naciones Unidas, el cual también establece el código de conducta de los observadores internacionales.[4]Por lo tanto, esta reforma implico el divorcio definitivo con los observadores internacionales de amplia trayectoria en las elecciones venezolanas como las comisiones la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter.

Dichas comisiones internacionales presentaron su rechazo y diferimiento al concepto que el CNE maneja entre acompañamiento y observación, así como la intención de conformar el envío de un pequeño grupo de expertos para participar en algunas de las auditorias pre-electorales y la observación de la votación el día de la elección. A ello el Centro Carter aclaró que “el propósito del acompañamiento es invitar a extranjeros a observar las actividades realizadas durante día de la votación, mediante una presencia política mayormente simbólica; mientras que el propósito de la observación, es el de invitar a organizaciones internacionales a evaluar el proceso electoral en su conjunto de manera sistemática”.

Producto a este escenario en las elecciones se contaron con 240 acompañantes internacionales: 170 eran parlamentarios, delegados de organizaciones internacionales, representantes de organizaciones gremiales, periodistas y académicos, de los cuales probablemente muchos desconocían la ley electoral venezolana y conocían superficialmente los estándares electorales aceptados internacionalmente. Tres organizaciones internacionales enviaron misiones de acompañamiento internacional: la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

En este último aspecto del acompañamiento internacional por parte de las mencionadas organizaciones internacionales, se hace mención de su papel en materia electoral: la Uniore conforma su primera comisión electoral dado a que no había tenido visibilidad en procesos anteriores, el Mercosur, que es una unión aduanera la cual no tiene atribuciones ni competencias electorales envió una misión casi simbólica. En cuanto a la recién creada Unasur, que probablemente sea la única organización internacional que reconoce el acompañamiento internacional, su experiencia en materia electoral era inexistente dado a que estas elecciones representaron su primera participación oficial como observadores.
Aunado a su falta de experiencia, hay un aspecto que coloca aún más en tela de juicio la neutralidad del accionar de estas organizaciones como acompañantes internacionales, como es el hecho que tanto las misiones de Unasur y Mercosur carece de las credenciales de independencia e imparcialidad. Por tanto, el papel desempeñado por este acompañamiento electoral no contó con un observador internacional capaz de denunciar las medidas ventajistas del gobierno de turno para evitar una contienda libre y justa.

Asimismo, el CNE al invitar a UNASUR a “acompañar” el proceso, el gobierno de Venezuela deja claro, una vez más, que no permitirá un monitoreo internacional independiente de las elecciones presidenciales venideras, tras la firma del «Acuerdo entre la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela sobre el acompañamiento internacional Electoral para la Elección presidencial.

Por lo tanto, si partimos de la premisa que la observación electoral ayuda a aumentar la calidad de las elecciones en el mediano plazo, en tanto permiten mejorar los procesos hacia la construcción de elecciones libres y justas, parece irónico que luego de las múltiples misiones de observación nacionales e internacionales que asistieron durante los primeros años del gobierno bolivariano, hayan transcurrido 11 procesos comiciales en los que el Consejo Nacional Electoral dejó de invitar a organismos internacionales como la OEA, la ONU y la UE.

Entendiendo que la observación electoral no es un proceso aislado ni una certificación de que el ganador es efectivamente quién el organismo electoral dice que es, sino un mecanismo para generar recomendaciones claras y operativas que logren incidir en los procesos, y, por ende, profundizar la democracia a través del tiempo.

Con ello el Gobierno Nacional al dificultar que los organismos de observación internacional asistan a los procesos electorales en el país como «acompañantes», hace imposible para las misiones dar declaraciones sobre el proceso y sellar a nivel gubernamental cualquier informe. Haciendo evidente la postura del Gobierno de separarse de su compromiso con la democracia y los derechos humanos, al no buscar garantizar el reconocimiento universal de la transparencia de los resultados, dejando a la sombra de las figuras de las irregularidades.